HAVANA CLIMA

Imágenes curiosas y raras del Primero de Mayo en Cuba

Tras dos años de pausa por la pandemia de COVID-19, el Gobierno cubano convocó a desfiles por el Primero de Mayo en casi todo el país, el más significativo de todos en la Plaza de la Revolución de La Habana, escenario tradicional de estos actos.

El acto del Primero de Mayo 2022 ha sido, de alguna forma, el intento oficial de reflejar el regreso a la “normalidad”, tras las víctimas causadas por la pandemia y luego de que el país fuera sacudido el 11 de julio de 2021 por la ola de protestas más masiva de los últimos 60 años.

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Aunque suelen seguir un guion bastante predecible, los desfiles del Primero de Mayo en Cuba dejan siempre fotos de “iniciativas” que, gracias al efecto multiplicador de Internet y las redes sociales, ya no quedan en el olvido.

Muchas de las “curiosidades” llevadas al desfile por empresas, organismos, instituciones u organizaciones de masas, más que hermosas expresiones de alegría del proletariado, son el símbolo perfecto de un país raro que va a contracorriente.

Algunos comparten las imágenes en las redes sociales con orgullo y como muestra de la “creatividad” de los trabajadores. Sin embargo, muchas se vuelven motivo de burla.

Es conocido que, con motivo del Día de los Trabajadores, en cada centro laboral se realizan “llamados” y “convocatorias” a realizar carteles, pancartas y diseños que “le den colorido” al desfile. En algunos casos hasta se premia a los sindicatos considerados más ingeniosos. 

Pero, sin rigor técnico, artístico y con escasos recursos, muchas de las “iniciativas” mostradas en el desfile provocan un efecto contrario. 

El de este domingo fue el primer evento masivo y nacional desde la llegada del SARS-CoV-2 a la isla. En 2020 las autoridades llamaron a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores desde casa, a través de las redes sociales. 

En 2021 la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a celebrar la fecha con un desfile virtual. La ceremonia nacional de conmemoración, en aquel momento, tuvo lugar en la Plaza de la Revolución, en formato reducido, con la presencia de Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes, pero poco más.

El miedo a una frase

Este año el contexto en el que se organiza y desenvuelve el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores también ha estado marcado por unas siglas que han desafiado al poder en Cuba.

La expresión DPEPDPE, que significa “De Pinga El País De Pinga Este” se viralizó y, a modo de protesta silente, comenzó a aparecer no solo en memes, sino también en tatuajes, camisetas, gorras, bolsos.

Algunas personas anunciaron en redes sociales que irían al desfile vistiendo prendas con esas siglas y ante esta posibilidad, se desató el nerviosismo entre las esferas de poder y la Seguridad del Estado.

En los últimos días, se hicieron frecuentes las amenazas en redes sociales, más o menos veladas, a quienes se les ocurriese portar prendas con las siglas DPEPDPE durante el desfile. 

“Al gusano que vea con un pulovito de estos le prometo que va a terminar el desfile medio desnudo. Como en Girón, si se tiran, quedan. Nos vemos en la Plaza”, publicó en Facebook Jorge López, perfil cercano ideológicamente al gobierno cubano, una publicación que fue denunciada a la plataforma por alentar el discurso de odio y la violencia.

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El nuevo Código Penal de Cuba impone penas de varios años de cárcel a quienes intenten salir ilegalmente de la isla y a quienes organicen y faciliten estas operaciones.
Desde los acuerdos migratorios firmados entre 1994 y 1995 por los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, las salidas ilegales del país dejaron de ser perseguidas y penadas por la ley.
Ahora las nuevas leyes, que sustituyen a las contempladas en el Código de 1987, acaban de ser aprobadas por la Asamblea Nacional de Poder Popular y hacen énfasis en las salidas por la vía marítima, que es la menos empleada por los cubanos en la actualidad.
Las cifras de los últimos años demuestran que la mayoría de los que salen de Cuba con el objetivo de afincarse en otro país, lo hace de manera legal, viajando a países que no requieren visa de entrada como Nicaragua y Rusia.
Las leyes son más recias, previendo sanciones de 10 a 30 años o cadena perpetua, para quienes en una operación de salida ilegal porten un arma u otro instrumento idóneo para la agresión; empleen “violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas”; si “se pone en peligro la vida de las personas o resultan lesiones o la muerte de alguna de estas”; si hay menores de dieciséis años; o si el hecho se comete por personas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional.
Si en la salida interviene un funcionario público o personas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional, la sanción es de privación de libertad de 8 a 20 años. El Artículo 286.1. dispone el mismo castigo para quien penetre en el territorio nacional utilizando medio naval o aeronave u otro medio de transporte, con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas.
De manera general el Artículo 283.1. castigará a todo aquel que salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional, con una sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas.
El Artículo 288.1. establece que las personas que opten por salir del país como parte de una operación de tráfico de personas serán acusados penalmente si han “mostrado un papel activo o provocador en su ejecución” y si han instado de forma consciente y voluntaria a la salida del país.
Las nuevas leyes contemplan una sanción de 3 a 8 años de cárcel a quien emplee violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas y a quien ejecute tales acciones con habitualidad.
El Artículo 284.1. contempla penas de 2 a 5 años en prisión para quien organice, promueva o incite la salida ilegal de personas.
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El Artículo 287 establece una pena de 3 a 8 años de cárcel para quien preste ayuda material, ofrezca información, colabore en la organización o facilite de cualquier modo la salida ilegal del país.

A raíz de conocerse las nuevas leyes para la migración ilegal, el abogado Eloy Viera Cañive analizó que “la fórmula del régimen cubano para evitar la estampida de los cubanos por mar no tiene que ver con recetas duraderas que promuevan cambios en los niveles de vida y las libertades individuales de los cubanos. Por el contrario, la fórmula que consideran más eficiente —como para tantas otras cosas— sigue siendo la represión y abrir un camino terrestre hacia los Estados Unidos a través de aliados como Nicaragua”.
Por otra parte en su análisis publicado en El Toque en abril, asegura que “lo cuestionable en el caso de la salida ilegal del país es que las autoridades cubanas pretenden agravar las penas de quienes más que delinquir ejercitan un derecho humano: la emigración”.
A su juicio, el nuevo Código debió haber eliminado la criminalización de la emigración ilegal por ser una vulneración al derecho de las personas a moverse libremente y a salir de su propio país.
“Pero, por el contrario, la normativa agrava las sanciones para quienes insisten —a pesar de los fracasos y por su imposibilidad de enfrentar los costos de la emigración legal— en salir de Cuba por cualquier medio”, apunta el jurista.

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Bajar costos con más producción, reclamo en empresa láctea avileña (+Fotos)

Ciego de Ávila, 17 may (ACN) El incremento en el acopio de leche, en lo que va de mayo, permite a la Empresa de Productos Lácteos de Ciego de Ávila cumplir su encargo social y proyectarse en la diversificación de su producción para mejorar los resultados económicos.
De las alternativas para revertir las pérdidas no planificadas con las que cerraron el año 2022, conoció Jorge Félix Lazo Mesa, del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), al dialogar con directivos y trabajadores como parte de la visita integral que desarrolla el organismo al territorio.
Lazo Mesa exhortó a revisar cuidadosamente la plantilla y el personal vinculado directamente a la producción, con un contenido laboral que se justifique, pues el exceso de personal indirecto atenta contra las utilidades que pueden cobrar los trabajadores.

Insistió en la urgencia de ser eficientes y aprovechar mejor los recursos, así como cambiar la mentalidad y las formas de hacer para beneficiar al país y también a los trabajadores, los cuales, no cobran utilidades desde hace un año.
Reflexionó en que la idea es que haya más productos que signifiquen beneficios para el pueblo y también para la economía.

La visita integral que reliazan en #CiegodeÁvila funcionarios de secretariado y la estructura auxiliar del #CCPCC, llegó hasta la Empresa de Productos Lácteos, entidad que somete su indumentaria a mantenimiento general.#CCPCCenCiegodeÁvila #LatirAvileño @ACN_Cuba @PartidoPCC pic.twitter.com/Pd4rP2kbjZ
— Milo_ACN (@AcnMilo) May 17, 2022

Osvaldo Morales Batista, director general de la entidad, explicó que hoy la situación va cambiando en cuanto a la producción de leche, con la producción de unos 40 mil litros diarios, cifra que permite asegurar, además de la canasta básica dirigida a los niños, las dietas y el yogur.
El combinado está inmerso en el mantenimiento programado de la caldera, por lo que sus principales encargos son asumidos actualmente por la Unidad empresarial de Base de Morón, no obstante, prevé asumir otras producciones como helado, quesos suero y requesón, con destino a la población.

Asimismo, construye una exhibidora para la venta de productos como yogur, leche saborizada y sirope de chocolate, emprendimiento que beneficiará a las comunidades aledañas y reportará ingresos directos a la economía.
Lea más: Instan al avance hacia el desarrollo de sector agropecuario (+Fotos)
El chequeo integral del Secretariado del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar a Ciego de Ávila abarca todas las esferas de la producción y la sociedad, en los 10 municipios, y se extenderá hasta el próximo día 19.

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Cuban eastern province boosts digitalization of radio stations

HOLGUIN, Cuba, May 17 (ACN) The Radiocommunication and Broadcasting Company of Cuba (RadioCuba) in the province of Holguin, promotes a broad program of digitalization of community radio stations, as part of the extension of the projects of informatization of society in this eastern territory, with more than one million inhabitants.Juan Carlos Martin, senior specialist in Communications Technology, Automation and Technical Services of that entity, told the Cuban News Agency that among the advantages of the strategy stands out a higher quality in audio transmission services and the possibility of scanning them to send them to the receivers.The programs of informatization of society in Cuba extend to the sectors of science, health, education, culture, through a multisectoral strategy to incorporate new technologies to improve the quality of life of the population and economic and social development in the country.RadioCuba Holguin prioritizes the increase of the communications infrastructure, the connectivity of the operations network and the access of workers to digital media, Internet services and the use of software and platforms that make work possible.

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Manos que hacen fructificar la tierra

A los que le sacan frutos a la tierra, a quienes llenan de verde y más colores nuestros campos, a los que madrugan para que la leche llegue a la bodega, a los que cortan caña para los centrales, a los cooperativistas o productores individuales, a nuestros campesinos todos, ¡Felicidades en su día! Cuba confía en ustedes para que la sobreranía alimentaria sea una realidad en esta Tierra.Feliz día del campesinado cubano. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Feliz día del campesinado cubano. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Campesinos cubanos en su día. . Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Feliz día del campesinado cubano. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Feliz día del campesinado cubano. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Campesinos cubanos en su día. . Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Campesinos cubanos en su día. . Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Un campesino trabaja en la vega de tabaco de San Juan y Martínez que pertenece a la CSS Isidro García. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Fernando Funes, Doctor en Producción Ecológica y Conservación de los Recursos. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Amanecer en San Cristóbal, Artemisa. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Trabajadora del Proyecto agroecológico familiar Finca Marta. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Campesino. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Trabajadoras del Proyecto agroecológico familiar Finca Marta. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

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Perspectivas en torno a la protección de los derechos constitucionales en Cuba

¿Estado de derecho socialista?
El texto constitucional de 2019 es uno de los más sui generis en la historia constitucional cubana. Combina instituciones heredadas del Estado Socialista consagrado en la Constitución de 1976, con instituciones de un Estado de Derecho; incluso, de acuerdo a su artículo 1, Cuba es un «Estado socialista de derecho».
La Organización de Naciones Unidas define el concepto Estado de Derecho como «un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos» (Resolución S/2004/616).
En otras palabras, se trata de un Estado donde rige el imperio de la ley. Supone por tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero a su vez, la existencia de mecanismos que hagan efectiva su protección.
La Constitución de 2019 reconoce prácticamente la totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue un gran acierto. Pero por otro lado, en su artículo 5 establece que la dirección de la sociedad y del Estado está determinada por un órgano supra estatal y supra constitucional: el Partido Comunista de Cuba (PCC) (único).
Es decir, una organización política de ideología única es la fuerza fundamental que determina y rectorea todos los procesos dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo puede ser esto posible? El artículo 1 declara el imperio de la Ley, mientras que el artículo 5 declara el imperio del Partido Único.
De facto, tal situación ha generado una contradicción interpretativa del texto constitucional: de una parte, la ciudadanía busca reivindicar el amparo del ejercicio de los derechos consitucionalmente reconocidos; mientras, otra interpretación pondera los derechos en función del imperio del Partido Único. En la práctica, dicha contradicción se ha saldado en beneficio del Partido y no de los derechos. La razón reside en que no existen mecanismos de control social o jurídico por encima de las decisiones e influencias del PCC.
Según la narrativa estatal y gubernamental, amparada en el artículo 4, la protección del modelo de Partido Único es la prioridad del sistema, que considera como una amenaza para la seguridad nacional cualquier ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos que cuestione su diseño.
(Foto: laicismo.org)
Las constantes violaciones de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y reunión en todas las sedes y escenarios posibles, ha hecho patente la ausencia de voluntad política para proteger los mismos. La reciente promulgación del nuevo Código Penal entraña tipos delictivos cuyo objetivo es la penalización del «abuso» en el ejercicio de los derechos constitucionales.
Así lo estipula textualmente el nuevo texto penal en su artículo 120.1, que sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constiucional del Estado y el Gobierno cubano».
Además, el código insiste en la permanencia de tipos delictivos cuya finalidad es la penalización del ejercicio de derechos fundamentales. Cualquier jurista decente entiende que el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar supeditado a la autorización por parte del poder, de lo contrario no se trata en buena lid de «derechos» sino más bien de «permisos».
En definitiva, el subtexto tras el nuevo Código Penal es que los derechos reconocidos en la Constitución solo son válidos en tanto no se opongan al imperio del Partido Comunista y del Estado. Y un Estado que considere como una amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales, no es un Estado de Derecho.
Alcance real de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales
No obstante, también en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la próxima aprobación de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. La promulgación de esta normativa daría cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que establece:

«La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización».

El mandato constitucional contenido en la Disposición Transitoria Décimosegunda, establecía un plazo de dieciocho meses para que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase las modificaciones legislativas encaminadas a hacer efectivo lo previsto en el artículo 99; sin embargo, la aprobación de ese proyecto de ley ha tardado mucho más de lo previsto. Y no ha sido por falta de oportunidad.
Más interés han suscitado las leyes que restringen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión —como el Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35— y finalmente el nuevo Código Penal.

#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022

No existe en la Constitución de 1976 precedente de una protección directa a los derechos. El último precedente fue la Constitución de 1940, que establecía en su artículo 182 las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el cual sería una sala especial del Tribunal Supremo.
El proyecto de Ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece una jurísdicción especializada en el amparo de los derechos constitucionales, con un proceso «expedito» y «preferente» para su protección. Estipula en su artículo 5 que «corresponde a los tribunales de esta jurisdicción conocer de las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia; salvo que, por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, requiera de una actuación urgente y preferente».
Sin embargo, a diferencia de la Constitución del 40, quedan excluidos de esta jurisdicción «las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».
La determinación de la constitucionalidad de las leyes continúa siendo función de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como establece la Constitución de 2019. Para que la Ley introdujera modificaciones en este aspecto, debiera ser modificado con antelación el texto Constitucional.
También excluye de su conocimiento las reclamaciones relativas a la «defensa y la seguridad nacional», y en esto es preciso hacer hincapié. Los asuntos de la Defensa y la Seguridad Nacional son rectorados directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior respectivamente; por ende, la propia ley está limitada en el conocimiento de las materias que entren dentro del control de esos organismos.
En otras palabras, el trabajo de órganos como la Contrainteligencia Militar y el Departamento de la Seguridad del Estado no pueden ser perseguidos en sede judicial, aun si implican una vulneración de los derechos constitucionalmente establecidos.
En materia administrativa existe la misma exclusión, en tanto la Ley 142 del Proceso Administrativo establece en su artículo 8, inciso b) que se excluyen de la jurisdicción en materia administrativa las cuestiones «de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales».
Es decir, que el accionar de los órganos de la Seguridad del Estado (principales responsables de constantes violaciones de derechos fundamentales), la policía y los militares no pueden ser suceptibles de impugnación ni en sede administrativa, ni en sede constitucional.

En la práctica, los tribunales han permanecido siendo órganos comprometidos con las directrices del Partido y sus órganos represivos. Decenas de Hábeas Corpus son presentados todos los años ante los tribunales sin que sean admitidos o dados a lugar. Todos los años se cometen violaciones por parte de las autoridades que podrían ser punibles por el Código Penal, pero las denuncias son archivadas o desestimadas. Todos los años, tanto fiscalía como tribunales privan de libertad a personas por el ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos.
A los efectos, si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, y tanto las leyes como el actuar de los funcionarios está blindado por un excesivo sistema de restricciones, contravenciones y sanciones penales ¿Qué amparo podrá brindar en la práctica la nueva Ley de Amparo?
Mientras el ejercicio de las libertades elementales de las personas permanezca siendo contenido de delitos o perseguido por motivos ideológicos, la protección judicial de los derechos constitucionales seguirá teniendo el mismo alcance que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación reconocidos en los artículos 54 y 56 del texto constitucional de 2019: presentes de iure, inexistentes de facto.

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