Una delegación cubana, en representación del régimen, negó ante el comité contra la Tortura de la ONU que en la Isla existan presos políticos o que se torture a las personas que disienten ideológicamente, calificando las acusaciones como “mentiras”, “burdas”, “falsas” y “no creíbles”.
Rodolfo Benítez Versón, director general de Asuntos Multitatelares y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que “mientras se otorga credibilidad a las agrupaciones -que son críticas con gobierno cubano-, se ignoran valiosas contribuciones de muchas otras organizaciones que sí están presentes en Cuba y conocen la cotidianidad del pueblo cubano”.
Versón negó la existencia de presos políticos en la isla, aseguró que en la isla se respetan los derechos humanos y declaró que “es realmente lamentable que se pretenda presentar como supuestos prisioneros de conciencia o defensores de derechos humanos a quienes irrespetan la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la Constitución y las leyes”.
En otro orden de ideas, la delegación cubana reafirmó que mientras exista un embargo económico y financiero por parte del Gobierno de Estados Unidos contra la dictadura, no sería derogada la pena de muerte en Cuba. Esta es considerada por la ONU “una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana”.
La delegación cubana, en representación del régimen, estuvo integrada además por María Caridad Pérez Rodríguez, fiscal jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de la República; la magistrada del Tribunal Supremo Popular, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez; el coronel del Ministerio del Interior Víctor Álvarez Valle; el consejero diplomático Pablo Berti Oliva; y otros funcionarios de la misión de Cuba en Ginebra.
En el mes de marzo, la organización Prisoners Defenders (PD) presentó ante el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, 101 casos de presos políticos torturados en la Isla.
La denuncia inicial señalaba que el 100% de los presos políticos sufren algún tipo de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, el 77% de ellos ha sido sometido a cinco o más tipos de tortura.
El pasado 25 de abril, el Centro para una Cuba Libre anunció en conferencia de prensa en Miami que alrededor de 600 personalidades firmaron una carta dirigida a autoridades de países y organismos internacionales pidiendo la “expulsión” de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
John Suárez, director ejecutivo del Centro, precisó que el documento con las firmas fue enviado a la Casa Blanca y los primeros ministros Magdalena Andersson, de Suecia, y Justin Trudeau, de Canadá. A la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también le fue entregada, reportó EFE.
