Más de 1000 presos políticos en Cuba y canciller del régimen exige invitación a Cumbre de las Américas
El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez instó este lunes al jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken a informar si Cuba “será invitada o no” a la próxima Cumbre de las Américas.
El jefe de la diplomacia de la isla comunista señaló en una declaración de prensa que “el país anfitrión no tiene ningún derecho a imponer exclusiones arbitrarias”.
Mientras el régimen exige asistir a la Cumbre, alrededor de 600 personalidades firmaron una carta dirigida a autoridades de países y organismos internacionales pidiendo la “expulsión” de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según declaró a la agencia EFE John Suárez, director ejecutivo Centro para una Cuba Libre.
Suárez precisó que el documento con las firmas ya fue enviado a la Casa Blanca y los primeros ministros Magdalena Andersson, de Suecia, y Justin Trudeau, de Canadá. A la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también le fue entregada, reportó el medio citado.
El Centro para una Cuba Libre resaltó la relevancia de que la carta, firmada por ex diplomáticos, activistas de derechos humanos y personalidades internacionales, llegue a los “gobernantes de todos los países de la Asamblea General de Naciones Unidas”.
La petición de expulsión del régimen cubano se basa en el octavo punto de la carta fundacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que establece que cuando uno de los miembros viola sistemáticamente los DD.HH. puede ser destituido, explicó Suárez.
Al cierre del 31 de marzo de 2022, la organización Prisoners Defenders (PD) reportó que en Cuba hay 1.027 prisioneros políticos “sufriendo condenas judiciales y disposiciones de la fiscalía sin intervención judicial”, se indica en su último informe.
Según el último listado de PD, publicado este 7 de abril, de los 1.027 prisioneros políticos presentes en la lista actual, 891 provienen de la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
La organización no gubernamental reconoce que la cifra real sería al menos un 30% más alta.