LA HABANA, Cuba.- Tras tres meses de celebrado el juicio, mediante sentencia No. 46 de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, provincia de Villa Clara, condenó a entre cuatro y ocho años de privación de libertad a 16 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 en el territorio.
“La amplia prueba testifical practicada fue válida para demostrar que ese domingo 11 de julio de 2021 los acusados propiciaron un escenario atípico en su municipio de residencia, marcado por el tumulto y la aglomeración, la confusión y el movimiento constante de personas por las diferentes vías del territorio, que generaron el encierro de parte de la población ante la aflicción por el riesgo de propagación de la enfermedad que azotaba a Cuba y al resto del mundo. Sin embargo, indolentes con estas circunstancias, estos acusados persistieron en invadir las calles y afectar la tranquilidad de la población, al provocarse en la vía pública diferentes altercados”, detalla el documento.
El tribunal estuvo integrado por Ana Betsy Hernández de León, Gilberto Andrade Quintana y Edelberto Agustín Rodríguez Fernández.
La sentencia hace referencia, además, a la transmisión en vivo de las protestas de uno de los acusados, Yunior Sebey Mena, quien, según afirman, lo hizo “con el fin de obtener beneficios económicos a sabiendas de que este tipo de hechos son pagados por personas residentes en los Estados Unidos de América, contrarios al estado socialista de derecho y justicia social de Cuba”. Así como que cuatro días más tarde, dio entrevista “al medio subversivo digital nombrado ‘Arriba de la Bola’, donde se autotituló como líder de los disturbios en la ciudad de Santa Clara a cambio” de “tres recargas de 500.00 cup a su móvil”.
Sin embargo, desde el inicio del proceso varias organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado denuncias de amenazas por parte de las autoridades para que los acusados declaren haber recibido pagos del exterior por manifestarse el 11J. Asimismo, durante el juicio a los manifestantes de Villa Clara, celebrado en enero último, los familiares de los acusados denunciaron amenazas por parte de la Seguridad del Estado, inconsistencias en las declaraciones de los supuestos testigos y falta de pruebas acusatorias. Pese a que los juicios son públicos según las leyes cubanas, el tribunal se mantuvo rodeado por oficiales de la policía y la Seguridad del Estado y solo permitieron la entrada de un familiar por acusado.
Sin embargo, el tribunal no encontró “sustento probatorio alguno” respecto a la defensa de los acusados, quienes alegaron “tesis exculpatorias, en el sentido de reconocer su participación en la referida marcha pero de manera pacífica, no admitiendo ser los protagonistas del desorden cívico, sino que se sumaron a un grupo de jóvenes que ya habían iniciado tales actos”.
Entre los acusados se halla Andy Dunier García Lorenzo, joven de 24 años violentamente detenido el 11J, y condenado a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”. Según Prisoners Defenders, durante los nueve meses que ha permanecido en prisión, García Lorenzo ha sufrido al menos 13 de los 15 patrones de tortura identificados por la organización; incluso su familia ha sido expuesta a amenazas, detenciones arbitrarias, multas y actos de repudio con el objetivo de silenciarlos.
Junto a García Lorenzo, aparecen procesadas quince personas, la mayoría de ellos jóvenes, acusados de delitos como “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “resistencia”. El menor de ellos de apenas 19 años de edad.
Ellos son: Yunior Sebey Mena (29), Randy Arteaga Rivera (30), Mercy Daniela Pichs Martínez (23), Liván Hernández Sosa (30), Maykel Fleites Rivalta (36), José Miguel Gómez Mondeja (25), John Luis Machado Marrero (19), Pedro Manuel Nicodemos Cabrera (42), Amanda Delai Matamoros Cabrera (25), Leonel Tristá García (35), Ariel Núñez Martínez (45), Armando Guerra Pérez (49), Jorge Gabriel Arruebarruena León (23) y Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz (23), todos en prisión provisional; y Brian Amed Ceballo O’Reilly (20), con medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Al conocer la sentencia, la hermana de Andy, Roxana García Lorenzo, afirmó que todo el tiempo que su hermano estuviera preso estaría denunciando al “régimen castrista asesino” y aseguró que “no podemos acostumbrarnos a normalizar [la injusticia]. Ellos no tienen por qué estar presos. (…) Esto es una dictadura y por eso no nos podemos callar”.
Hasta la fecha, el grupo de trabajo Justicia 11J ha registrado la detención de 1 444 personas tras las protestas del 11J, de las cuales 757 continúan privadas de libertad. De igual forma, han documentado 396 sentencias de 537 personas que han sido juzgadas en juicios ordinarios y sumarios, de las cuales solamente cuatro han resultado absueltas. Las condenas máximas son de 30 años de prisión por el supuesto delito de sedición.
Tanto la represión desatada por el régimen el 11J como las excesivas condenas a los manifestantes en juicios orquestados por la Seguridad del Estado, han sido denunciados por varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Civil Rigths Defenders, Amnistía Internacional, Prisoners Defenders y Human Right Watch.
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