El informe sobre Cuba que se presenta esta semana en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recoge el encarcelamiento de tres comunicadores (dos periodistas y un influencer) y el arresto domiciliario de decenas de periodistas, entre múltiples atentados a la libertad de prensa y de expresión en la isla.
La conferencia de la SIP, que inició hoy y se extenderá hasta el jueves, incluye este pormenorizado reporte sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers.
En él de destacan los casos de los periodistas encarcelados Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Bello Domínguez y el popular youtuber Yoandi Montiel, “El Gato de Cuba”.
También documenta la detención de 39 comunicadores, el arresto domiciliario para 31 periodistas y la prohibición de salida del país para 15. También asegura que 16 periodistas fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias.
A continuación reproducimos el documento:
Informe ante la Reunión de Medio Año
19-22 de abril de 2022
La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021.
Pronto entrará en vigor un nuevo Código Penal tan retrógrado como el anterior, que exagera la protección de los gobernantes, en detrimento de los ciudadanos.
Un periodista preso, otro desterrado como condición para salir de la cárcel, otro agredido por individuos con conocimientos en artes marciales, y toda la prensa independiente bajo vigilancia y amenazas intermitentes (solo quedan menos de cincuenta personas, incluyendo directivos, fotógrafos y diseñadores), demuestra el débil cuadro en materia de libertad de expresión, dentro de una sociedad sin respiro por la devaluación de la moneda y una emigración compulsiva que ya superó la crisis de los balseros de los años 1990.
En los últimos meses, la mayoría de las personas relacionadas al trabajo de la prensa independiente, así como centenares de cubanos que habían posteado contenidos críticos contra el régimen, sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso, no solo en sus domicilios, y también interrogatorios y amenazas judiciales para que no divulgaran, mostraran simpatía o informaran sobre la protesta nacional convocada para el 15 de noviembre.
El ambiente para la libertad de prensa sigue siendo muy hostil, beneficiado solo por el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial. Fuera de eso, ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones, sigue funcionando como instrumento de censura y ciberacoso, bloqueando websites de medios y de ongs críticas de la dictadura, facilitando la cibervigilancia, cobrando precios elevados por un servicio deficiente y haciendo cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas.
Lázaro Yuri Valle Roca es el ejemplo de todo lo que persigue la dictadura cubana. Es uno de los dos periodistas cubanos presos en estos momentos. Fue detenido el 15 de junio de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de octavillas con frases de independentistas del siglo XIX en una céntrica calle de La Habana. Desde entonces solo salió de prisión para ser llevado a hospitales por complicaciones de salud. Enfrenta un castigo de seis años, por los delitos de “propaganda enemiga” y “resistencia”.
El reportero Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de “desacato”, tras participar en las protestas del 11 de julio. Por ese mismo delito también fue condenado el popular youtuber Yoandi Montiel, “El Gato de Cuba”, preso desde hace más de año y medio tras burlarse en un video del presidente Miguel Díaz-Canel.
El periodista Esteban Rodríguez fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio, pero debió aceptar el destierro a cambio de su liberación. Había sido encarcelado por participar en una protesta en La Habana. Junto a Rodríguez, salió del país el comunicador Héctor Luis Valdés, quien declaró haber salido para que liberaran a su amigo, Rodríguez. Con ello se verificó el primer caso desde 2016 de colaboración represiva entre Cuba y otro gobierno de la región contra periodistas, aunque luego las autoridades migratorias de Nicaragua les prohibieron ingresar a Managua, su destino, por lo que quedaron varados en el aeropuerto de San Salvador. Poco después, el hijo de Juan Manuel Moreno, directivo de un boletín independiente, sufrió el mismo trato cuando trataba de volar a Nicaragua, único país de la región que no exige visas a los cubanos y desde donde intentan llegar por tierra a EE.UU.
El anteproyecto del Código Penal agrava la represión. Aplica altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, transmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ongs que monitorean las violaciones los derechos humanos.
El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte, formaliza sanciones de cadena perpetua y expulsión del país.
El capítulo sobre “Propaganda contra el orden constitucional” castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma”. Aplica entre tres y ocho años de cárcel a quien “atente contra el honor o la dignidad del jefe de un Estado extranjero”, un blindaje para dictadores extranjeros amigos del régimen.
El artículo 185 sobre “desacato” silencia cualquier cuestionamiento a las autoridades y sus agentes. “Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones” será castigado con entre seis y doce meses de prisión y con una alta multa. Si la ofensa es contra el presidente u otras autoridades jerárquicas, el castigo será de entre uno y tres años.
También se sanciona con un año de prisión la “clandestinidad de publicaciones” o a quien “confeccione, difunda o haga circular en cualquier formato, publicaciones, sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte”.
La amenaza de ser acusados de “instigación a delinquir” la han recibido decenas de personas antes del 15 de noviembre, por divulgar la convocatoria a la protesta convocada en las redes sociales.
También el artículo 270 del Código Penal impone penas de seis a doce meses y altas a quien difame a los héroes y mártires del régimen.
Varios periodistas cubanos en el extranjero, como Karla Pérez, tienen prohibida la entrada a la isla. Asimismo, varios periodistas independientes tienen prohibido salir del país, entre ellos Yoe Suárez, Rosalia Viñas, María Matienzo, Boris González Arenas, Camila Acosta, Rolando Rodríguez Lobaina, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Iris Mariño, Henry Constantin, Mary Karla Ares, Juan Manuel Moreno y Yunier Gutiérrez.
Yoan de la Cruz es el caso más visible de una persona condenada a la cárcel por trasmitir en vivo en sus redes sociales las protestas del 11 de julio. Fue condenada a seis años de prisión.
Más personas fueron multadas por aquellas protestas con el Decreto 370, que regula las redes sociales y permite decomisar teléfonos celulares. Entre ellas, Saily González, y varios familiares del preso político Jonatan López.
El acceso a la información oficial no existe. El secreto de Estado sigue dominando. El gobierno publica estadísticas escuetas, sus funcionarios difunden mensajes elogiosos al régimen en las redes sociales y los medios oficiales siguen haciendo propaganda.
Durante este período, fueron detenidos los comunicadores Pedro Luis Hernández, Camila Rodríguez, Orlidia Barceló, Martha Sánchez, Alberto Corzo, Juan Manuel Moreno, Mabel Páez, Yanela Reyes, María Matienzo, Yadiris Luis, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés, Yoel Acosta, Rolando Rodríguez, Yanaisy Quezada, Flora Quiñones, Héctor Miguel Sierra, Yeris Curbelo, Niober García, Ariosmi Ramos, Reina Baños, Diznaikis Hernández, Ever Fonseca, Raúl Pérez, Frank Abel García, Melba González, Yunieski Ferrer, Laritza Contreras, Carlos Manuel Cárdenas, Dallan Calderín, Sheila Delgado, Israel López, Luisbel Piloto, Reisel Acosta, Fernando Donate, Orelvys Cabrera, Henry Constantin, Neife Rigau y Vladimir Turró.
Las órdenes de arresto domiciliario afectaron a los siguientes periodistas: Luz Escobar, Iris Mariño, Neife Rigau, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Yoani Sánchez, Henry Constantin, Abraham Jiménez, Yadiris Luis, Flora Quiñones, Héctor Luis Valdés, Héctor Miguel Sierra, Yohandri Salas, Aimé Redondo, Amaury Sáenz, Josué Peraza, Yusleidy Romero, Rosaida Crespo, Moisés Corona, Daniel Tamayo, Onelcys Díaz Becerra, Jorge Luis Romero, María del Carmen Vergara, Jorge Enrique Rodríguez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Pedro Luis Hernández, Ariosmi Ramos, Yaima Cabrera y Duznaikis Hernández.
Fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias los siguientes periodistas: Luis Cino, Yoe Suárez, María Matienzo, Sol García, Nachely Rivero, Henry Constantín, Yanela Reyes, Yadiris Luis, Orelvys Cabrera, Jorge Amado Robert, Mary Karla Ares, Yander Serra, Yeris Curbelo, Niober García, Yunieski Ferrer y Laritza Contreras.
El 2 de febrero, durante la detención de los reporteros Neife Rigau y Henry Constantín, la actitud de un policía desnudó el sentimiento del régimen contra la prensa independiente: “Yo a estos les sacaría los ojos y ya”.
