HAVANA CLIMA

Ulises Toirac sobre el “Díaz-Canel sing*o” que se coló en Cubadebate

El actor y humorista cubano Ulises Toirac, conocido por varios personajes en la TV Cubana, como “Chivichana”, comentó esta semana en su perfil de Facebook sobre el “Díaz-Canel sing*o” que burló la censura de la web oficialista Cubadebate a través de un acróstico.

Toirac aseguró que estaba “pensando en el famoso acróstico (poema con las iniciales de cada verso formando palabras) que apareció como un comentario en un artículo de Cubadebate, y la cantidad de ideas, preguntas y disyuntivas que plantea”.

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Susana...

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Más de siete millones 227 mil personas con refuerzo anti-COVID-19

La Habana, 26 may (ACN) Un total de siete millones 227 mil 679 personas ya tienen dosis de refuerzo contra la COVID-19 en Cuba, con las vacunas desarrolladas en el país para enfrentar la pandemia.
El parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) indica que de esa cifra, 323 mil 811 personas recibieron la inyección adicional como parte del estudio clínico, y seis millones 903 mil 868 en la vacunación de refuerzo que se está aplicando a población de territorios seleccionados y grupos de riesgo.
Dichas dosis de refuerzo tienen la función de incrementar los niveles de protección contra la infección por el virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19), y se aplican a quienes ya completaron el diseño de inmunización contra la enfermedad.
En Cuba, nueve millones 961 mil 670 personas, cifra equivalente al 89,9 por ciento (%) de la población, culminaron el esquema, con las vacunas propias Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.
Lea aquí: Administró Cuba más de 36 millones 569 mil dosis anti-COVID-19
Según el Minsap, hasta este 24 de mayo habían recibido al menos una dosis 10 millones 667 mil 894 personas, incluyendo a los convalecientes de la COVID-19, vacunados con Soberana Plus como dosis única.
De ese total, tienen una segunda dosis nueve millones 408 mil 280 personas, y una tercera, nueve millones 109 mil 170.En suma, el país acumula 36 millones 627 mil 949 dosis administradas de las vacunas nacionales.
Hasta la fecha, se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, un millón 105 mil 136 pacientes, de los cuales se han recuperado un millón 096 mil 336 (el 99,2 %).
El número de fallecidos desde el inicio de la epidemia en la nación (marzo de 2020) asciende a ocho mil 529, para una letalidad de 0,77 %.

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Emiratos Árabes Unidos y Cuba estrechan cooperación; Presidente de Argentina condenó el bloqueo a Cuba; Sismo de 6,9 grados sacude Perú y Bolivia; Putin: «Nadie podrá aislar a Rusia»

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y CUBA ESTRECHAN COOPERACIÓN
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Cuba suscribieron un Memorando de Entendimiento para la cooperación en materia de educación superior e investigación científica.  El acuerdo favorecerá el intercambio de experiencias y los proyectos de cooperación entre ambos países. Firmaron el documento el subsecretario para Asuntos Académicos del Ministerio de Educación de EAU, Mohamed Al Mualla, y el viceministro primero de Educación Superior cubano, Walter Baluja. (PL)
PRESIDENTE DE ARGENTINA CONDENÓ EL BLOQUEO DE EE. UU. A CUBA
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, condenó el bloqueo impuesto por EE. UU. a Cuba y resaltó la resistencia de la isla caribeña ante las agresiones en su contra. Durante su intervención en la III Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, el mandatario instó a la comunidad internacional a denunciar y actuar contra los ataques estadounidenses a la mayor de las Antillas. «En nuestro continente hay un país que lleva seis décadas bloqueado y sobrevive como puede. ¿Cuánto tiempo más va a pasar sin decir o hacer algo?», cuestionó el jefe de Estado. (PL)
SISMO DE 6,9 GRADOS SACUDE DOS LOCALIDADES DE PERÚ Y BOLIVIA
En Perú, un sismo de magnitud de 6,9 grados sacudió este jueves el departamento de Puno y Arequipa, la segunda ciudad más grande del país. El terremoto también se sintió en la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde los ciudadanos mantuvieron la calma a la hora de la evacuación, aunque destacaron la intensidad del sismo. Hasta el momento no se han reportado grandes daños ni víctimas. El movimiento telúrico tampoco generó ninguna alerta de tsunami en el litoral peruano.  (RT)
PUTIN: «NADIE PODRÁ AISLAR A RUSIA»
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que «más y más países del mundo quieren desarrollar y desarrollarán una política exterior independiente», pese a los intentos de ciertas potencias de frenar sus planes. «Ningún gendarme mundial podrá detener ese proceso global y natural», afirmó en un discurso, en el marco del Foro Económico Euroasiático. Tachó de «no realistas e irreales» los intentos de una serie de países de «echar» a Rusia del sistema económico global. «Nadie podrá aislar a un país como Rusia», afirmó.  (RT)

Foto: Sputnik

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ALBA-TCP: Por una mayor integración latinoamericana

Desde este viernes sesionará en La Habana la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Durante la cita se espera que las naciones implicadas estrechen lazos, compartan estrategias en pos del desarrollo y establezcan una línea de trabajo común para llevar hacia delante la política regional.

En ese sentido, el cónclave cobra especial interés al realizarse a solo días de comenzar la IX Cumbre de las Américas, reunión a la que Estados Unidos ha decidido no invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela.

Desde Cubahora compartimos una cronología de las Cumbres ordinarias que se han realizado de la ALBA-TCP desde su fundanción en 2004 con la firma del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (Cuba) y del Comandante Hugo Chávez Frías (Venezuela)

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