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Monopolios, mercados y «liberación» de precios en Cuba

El pasado 11 de abril, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la Resolución 81/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios. Mediante ella se confiere «a los jefes de las cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras afines, la facultad de aprobación de los precios minoristas en pesos cubanos», excepto los de aceites comestibles, pollo (muslo y contramuslo, lo cual indica que la pechuga sí estaría dentro de las novedosas prerrogativas), picadillos de ave y de res, rones Havana Club, y una selección de productos de higiene y aseo de «producción nacional y línea económica».

En su acápite tercero, la Resolución faculta al presidente del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), «para establecer regulaciones de precios minoristas de productos de venta por las Cadenas de Tiendas de su atención, cuando puntualmente se requiera».

Llama la atención que tales potestades se otorguen a los jefes y no a organismos colectivos de dirección en empresas que supuestamente son propiedad «de todo el pueblo». En cualquier caso, una medida como esta, en lugar de constituir un freno a la inflación, puede resultar la invitación a un incremento descontrolado de los precios minoristas.

Aparentemente parece ser una «medida liberalizadora» o «descentralizadora», pero no en la dirección correcta. Es contraproducente y fue adoptada con un criterio economicista que no considera las realidades socioeconómicas y políticas del país, y mucho menos apunta al bienestar del pueblo, que debería ser el objetivo de un buen gobierno.

Monopolios

La medida  recientemente aprobada es contraproducente y afecta al pueblo. (Foto: ACN)

La teoría económica demuestra que los monopolios y los oligopolios tienen efectos nocivos sobre la economía nacional y, en especial, sobre los consumidores. Estructuras monopólicas son aquellas en las que en un mercado concurre un solo oferente, mientras que en las oligopólicas la oferta se concentra en un grupo reducido de empresas.

En el primer caso, el monopolista tiene todas las condiciones para imponer sus precios, porque no tiene competencia. En el segundo, los pocos oferentes están en capacidad de llegar a acuerdos de precios e imponerlos en el mercado, aprovechándose de una situación colusiva.

Esto es especialmente grave en las condiciones de un mercado con oferta escasa, pues permitiría a los vendedores obtener ganancias extraordinarias al imponer los precios. En el caso específico de Cuba, podría darse el contrasentido de que empresas ineficaces y con debilidades de competitividad y calidad resultaran financieramente rentables al disponer de un mercado cautivo y de la libertad para establecer precios.

Liberar los precios minoristas en condiciones de grave escasez de oferta es potenciar la inflación, ya considerablemente alta.

Varios economistas, entre los que me encuentro, hemos insistido en la necesidad de que las empresas estatales cuenten con la imprescindible autonomía económica, de gestión y financiera para desarrollar su labor.

Pero también he enfatizado en que es preciso que el mercado funcione de forma transparente, con reglas claras y que se estimule el emprendimiento, tanto privado como cooperativo, sobre todo para sacar de la parálisis a muchas empresas afectadas por insuficientes recursos de capital y tecnología. No obstante, una vez más se apuesta por soluciones desde la esfera de la circulación, sin adoptar medidas que impulsen la producción.

Al parecer, el gobierno ha decidido lavarse las manos en el tema de los precios, abandonando la determinación centralizada de los mismos y facultando para ello a los jefes de las tiendas y, en última instancia en las «tiendas de su competencia», al verdadero poder económico del país: el presidente de GAESA.

La fijación centralizada de precios, sin tener en cuenta las condiciones de mercado crea, como ya se ha visto en la economía cubana, una serie de distorsiones que alejan la realidad doméstica de las condiciones de competitividad internacional. Pero resulta aún peor liberalizar precios en mercados poco transparentes y dominados por uno o unos pocos oferentes en medio de una situación de escasez de oferta.

Monopolios

El mercado cubano dominados está dominado por uno o unos pocos oferentes en medio de una situación de escasez de oferta(Foto: Twitter/@Rafrsr)

Los monopolios existentes en la economía cubana actual son monumentos a la ineficacia y al carácter extractivo de las instituciones económicas predominantes en el país. Disponen de mercados cautivos, no se ven obligadas a concurrir a un mercado competitivo y resultan rentables incluso ofreciendo un mal servicio.

Para colmo, supuestamente son «empresas socialistas», aun cuando los aparentes propietarios colectivos carezcan de mecanismos para controlar la gestión de su supuesta propiedad. En realidad, los gestores de la propiedad de «todo el pueblo» se convierten en usufructuarios de la misma, sin rendir cuenta ante sus dueños legales.

Esto es especialmente grave en el caso de GAESA, un emporio que nada tiene que envidiar a una corporación monopólica capitalista, cuyas finanzas están fuera del alcance de los órganos de control del Estado y, aún más, de la sociedad, y cuyo presidente está facultado para establecer los precios que entienda convenientes. Considerando la magnitud y variedad de negocios que maneja la entidad, esto implica poner en manos de su presidente una parte significativa de la economía nacional.

Mercados y precios en Cuba

Los mercados en la Isla distan mucho de ser competitivos y transparentes. En realidad, están distorsionados por una escasez crónica de bienes, una estructura monopólica y oligopólica y un excesivo control estatal que frena el desarrollo de las fuerzas productivas y que se traduce, por tanto, en estancamiento económico.

El establecimiento de tiendas en moneda libremente convertible (MLC), los errores del llamado «Ordenamiento monetario» y las inmensas limitaciones que aún persisten para el desarrollo del emprendimiento privado y cooperativo, afectan negativamente la actividad adecuada de los mercados.

Tales distorsiones se expresan en el caso cubano en un potente y dinámico mercado informal, en el que sin dudas los beneficios de los que operan en él se traducen en pérdida de bienestar de quienes deben acudir para satisfacer necesidades perentorias y en el carácter cautivo del mismo desde el lado de la oferta.

Una vez más vale la pena considerar la experiencia de las reformas de China y Vietnam, donde los mercados domésticos se liberaron cuando las transformaciones económicas habían producido un incremento notable de la producción de bienes y servicios.

De hecho, en ambos países se adoptaron de manera transitoria mecanismos duales de precios en ciertos bienes de primera necesidad y, poco a poco, el incremento de la producción hizo innecesarios tanto el mantenimiento del racionamiento como la existencia de precios oficiales relativamente más bajos. Sin embargo, no puede decirse que estos países se caractericen precisamente por mercados muy transparentes, dados los niveles de corrupción que los afectan.

Adoptar una medida de liberalización de precios en las condiciones de Cuba, con escasez crónica de oferta, ineficiencia productiva y opacidad en el funcionamiento de los mercados, conducirá al reforzamiento de prácticas corruptas. Será una especie de patente de corso entregada a funcionarios que, en lugar de rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión, consolidarán posiciones como usufructuarios de la supuesta propiedad de «todo el pueblo”, además de que lograrán enmascarar su ineficiencia en los aumentos de precios.

Como esto ocurre en condiciones de escasez y ausencia de competencia, el resultado previsible será el incremento sostenido de los precios y el aumento de la brecha entre el costo de la vida y el ingreso de las familias cubanas.

Monopolios

La carreta delante de los bueyes

Los actuales gestores de la política económica en Cuba no acaban de comprender que si se coloca la carreta delante de los bueyes, esta no avanza. De nada vale toda la economía política que alguna vez debieron estudiar. ¿Lo hicieron? En cualquier caso no es posible identificar la existencia de un pensamiento marxista en las decisiones adoptadas.

Toda la teoría económica enseña, y en ello Marx fue insistente, que la producción es el proceso del que se derivan la circulación y el intercambio. La esfera de la circulación es un complemento imprescindible de la producción, pero no determina a esta última, todo lo contrario.

Las autoridades económicas cubanas, sin embargo, persisten en abordar los problemas de la economía desde la circulación, sin realizar cambios estructurales que conduzcan al incremento de la producción. De este modo no van a lograr resultados positivos. Por el contrario, se eternizará el estancamiento económico, continuará deteriorándose el nivel de vida de la población y, sobre todo, la esperanza y la paciencia.

No es posible realizar reformas parciales sin abordar los cambios que requiere la economía desde una perspectiva integral y con enfoque sistémico.

Liberar las fuerzas productivas podría traducirse en eliminar el acopio estatal de bienes agrícolas y permitir el funcionamiento de empresas comercializadoras, tanto privadas como cooperativas; eliminar los monopolios estatales en los mercados mayoristas y minoristas, así como del comercio exterior; otorgar verdadera autonomía empresarial en las empresas estatales, pero asegurando una gestión colectiva de las mismas. 

Igualmente, suprimir las persistentes restricciones al desarrollo de actividades privadas y cooperativas y crear los incentivos necesarios para reorientar la inversión hacia las actividades industrial y agropecuaria; crear condiciones legales que favorezcan la participación de toda la Nación cubana en la reconstrucción de la economía y la sociedad.

Esto, solo para empezar. A ello debiera añadirse el restablecimiento de la soberanía monetaria del peso cubano dentro del territorio nacional y, en consecuencia, la eliminación de ventas en divisas que vuelven a segmentar los mercados y la ciudadanía.

A riesgo de resultar reiterativo, considero ineludible insistir en la necesidad de un nuevo contrato social que permita construir instituciones inclusivas y democráticas encaminadas a que la sociedad corrija los excesos o faltas que tengan, desde los jefes de las tiendas que menciona la resolución hasta los más importantes funcionarios del Estado.

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