HAVANA CLIMA

Camila Arteche se desata: “Mejor pedir perdón que quedarse con las ganas”

La popular actriz cubana, Camila Arteche, quien recientemente cumplió 32 años, se desató en sus redes sociales al bromear junto a su amigo Alien Monroe y afirmar que ella es de las que pide “perdón, antes de quedarse con las ganas”.

En un simpático video de TikTok, ambos artistas cubanos radicados en EE.UU, se preguntaron qué era mejor y ambos coincidieron en lo mismo. “Levanta la mano si prefieres pedir perdón, @alien_monroe y yo definitivamente sí”, agregaba luego en su post la cubana que estuvo de vacaciones por California.

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Declaración del Minrex: Un paso limitado en la dirección correcta

En el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos anunció varias medidas, positivas pero de alcance muy limitado, con respecto a Cuba en materia de visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal.

Por su naturaleza, es posible identificar algunas de las promesas del presidente Biden durante la campaña electoral del 2020 para aliviar decisiones inhumanas tomadas por el gobierno del presidente Trump, que endurecieron el bloqueo hasta niveles sin precedentes y la política de “máxima presión” desde entonces aplicada contra nuestro país.

Los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump, como los listados de entidades que están sometidas a medidas coercitivas adicionales, ni elimina las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses.

No revierte la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo, una de las principales causas de las dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo.

Se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta, una respuesta a la denuncia del pueblo y del gobierno cubanos. Responde también a los llamados de la sociedad estadounidense y de los cubanos residentes en ese país. Ha sido esta una demanda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la de la casi totalidad de los estados miembros de Naciones Unidas, expresada en la abrumadora votación contra el bloqueo. Son demandas justas que han sido ignoradas por el gobierno de Estados Unidos a un costo altísimo para nuestra población.

Desde el 2019, el bloqueo se recrudeció en extremo aprovechando de manera oportunista el contexto de la pandemia de la Covid 19, la crisis internacional y la consecuente depresión económica. Sin exageración, las consecuencias de este cerco pueden calificarse como devastadoras. El incremento de la migración es muestra de ello.

Al dar estos pasos limitados, el Departamento de Estado utiliza un lenguaje abiertamente hostil, acompañado de calumnias tradicionales y nuevas falacias puestas de moda en los últimos meses, demostración de que no han cambiado los objetivos de la política de los Estados Unidos contra Cuba, ni sus principales herramientas.

Para conocer el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementen.

El Gobierno de Cuba reitera su disposición a iniciar un diálogo respetuoso y en pie de igualdad con el Gobierno de Estados Unidos, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, sin injerencia en los asuntos internos y con pleno respeto a la independencia y la soberanía. 

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Chapeando: Otro buen tema para la Cumbre de las Américas (+ Podcast)

Empecemos por la noticia del día de ayer, que ya no lo es, por supuesto, pero como todas las noticias, puede ser leída de maneras muy diferentes, según cómo se presente en los medios.
Por el modo en que se anunció en El Nuevo Herald, por ejemplo, la decisión de la administración Biden de revertir algunas de las medidas de reforzamiento del bloqueo que se impusieron a Cuba durante el período de Trump, cualquiera que viva fuera de la Isla creería que todo está resuelto, que al fin fueron escuchados los todos los reclamos de la familia cubana desde adentro y desde fuera del país.
Reinier Duardo fue muy concreto al resumirlo todo en una sugerencia: lean la Declaración del MINREX, que lo dice todo desde el mismo título. Se trata de “Un paso limitado en la dirección correcta”. El bloqueo sigue intacto.
Como apuntó Bárbara Betancourt, no se puede olvidar que por encima del bloqueo existen más de 240 medidas adicionales, y de ellas con este anuncio (que aún no se implementa) se cambian pocas. Las restricciones revertidas se pueden contar con los dedos de las manos. Y están limitadas al tema migratorio y de remesas. No parece casual que sea justamente migración el tema que se discute ahora mismo en Naciones Unidas, con muchas críticas a EE.UU. por sus políticas en esa área.
Pero, volviendo al anuncio, increíblemente no se habla de levantar medidas absurdas como la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que afecta sustancialmente toda la actividad comercial y financiera del país.
Con una mezcla de audios, originados en diferentes momentos y en donde confluyen los más agresivos odiadores anticubanos pidiendo guerra e invasión a su propio país de nacimiento, una suerte de collage del odio, trasmitido originalmente por el canal del Guerrero cubano, se incluyó en el segmento para conectar con el segundo tema del día: las revelaciones del libro “Un juramento sagrado: memorias de un secretario de Defensa durante tiempos extraordinarios”, escrito por Mark Thomas Esper, quien fuera jefe del Pentágono bajo las órdenes de Donald Trump.
Escuchando los gritos que demandan linchamiento de comunistas o cualquier simpatizantes de la Revolución, se advierte cómo, la industria de la contrarrevolución, financiada con los dineros del contribuyente norteamericano, se asocia a las más duras medidas contra Cuba. Sus voceros sirven, indudablemente, al objetivo perverso de generar la idea de que el emigrante cubano odia profundamente a la Revolución al punto de que desea (y exige) la asfixia total de quienes viven en la Isla sin oponerse al estado.
Ese objetivo de la maquinaria política de origen cubano del sur de la Florida, ha alimentado sin dudas, las 243 medidas adicionales de Trump, la mayoría de las cuales no serán revertidas. No están incluidas en el anuncio.
Resulta más que escandaloso confirmar cómo se discutió al más alto nivel del gobierno de Trump, un plan de invasión a Venezuela y de asesinato de su Presidente, Nicolás Maduro, con la participación de Juan Guaidó, Julio Borges y otras figuras claves de la oposición venezolana. Los planes incluían bloqueo naval a Cuba.
Esta es apenas la punta del iceberg de uno de los asuntos que merecen discutirse en la próxima Cumbre de las Américas, si es que por fin se discuten temas realmente importantes para toda América y todos los americanos. Que somos todos los habitantes del continente, aunque Nuestra América no se parezca casi nada a la que no es la nuestra.
Lo revelado da para mucho análisis. Seguiremos Chapeando.
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Régimen cubano tacha a Biden de “demagogo” tras anuncio de medidas

Una “alta carga de lenguaje hostil” y “demagogia” son algunas de las cualidades que observó el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en las medidas recientemente adoptadas por la administración Biden que flexibilizan las sanciones contra la isla.Al comparecer en el programa oficialista Mesa Redonda, el exembajador en Washington dijo que la flexibilización de la política de sanciones “no significan un levantamiento, ni siquiera un alivio del bloqueo económico”. 

“Permanecen en pie las prohibiciones de uso del dólar y las medidas para tratar de impedir el acceso del combustible a nuestro país. Más de 200 entidades cubanas siguen en la lista negra de EEUU”, precisó.

El funcionario se mostró escéptico sobre las intenciones de Washington y dijo “hay que esperar la implementación y las regulaciones para medir el alcance de lo que se anunció”.

Sobre el propósito de EE. UU. de entregar 20 000 visas a cubanos antes de fin de año, dijo que con ello Washington “no aporta ningún gesto, ninguna concesión, sino que está cumpliendo sus obligaciones conforme al Acuerdo Migratorio. Es cumplir con lo que era ya su obligación”.

Por otra parte, reveló curiosidad por saber “qué es lo que se va a implementar” bajo el anuncio de apoyo al sector privado en Cuba, un renglón del nuevo plan que a su juicio no queda claro, pero recalcó que si el propósito es “dividir” será “un fracaso”.

Las medidas, anunciadas el 16 de mayo, incluyen, entre otras, el aumento del límite permitido de remesas, el restablecimiento de vuelos chárter y regulares a provincias de la isla y el aumento del procesamiento de visas en la Embajada de EE. UU. en La Habana.

Sin embargo, han provocado reacciones adversas tanto entre los opositores al régimen cubano, políticos estadounidenses del Partido Demócrata como el Republicano e, irónicamente, el principal beneficiado: el gobierno de la isla.

Se esperaba que el Partido Republicano mostrara su desacuerdo con estas medidas. Los representantes por la Florida Marco Rubio (Senado) y María Elvira Salazar (Cámara de Representantes) las catalogaron de “error histórico”.

El congresista Mario Díaz-Balart (republicano) dijo estar “indignado” porque el actual gobierno de los Estados Unidos “haya decidido debilitar las sanciones y apoyar a la brutal dictadura cubana”.

Miembros de la sociedad civil cubana reaccionaron con críticas al anuncio y acusan al presidente Joe Biden de hacer concesiones al régimen comunista de La Habana en medio de una crisis de derechos humanos con cientos de presos políticos tras las protestas de julio de 2021.

Con el paquete de cambios en la política hacia Cuba prometidos durante su campaña, Joe Biden revierte varias de las medidas tomadas por el expresidente Donald Trump.

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Encuentran el cuerpo sin vida de estudiante universitario desaparecido en Santiago de Cuba

Un equipo de rescate y salvamento de las Tropas Guardafronteras cubanas encontró en la mañana de este martes el cuerpo sin vida del estudiante universitario Gabriel Calante Álvarez, quien se encontraba desaparecido en Santiago de Cuba desde el fin de semana.El joven de 21 años era estudiante de segundo año de la carrera Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, de la Universidad de Oriente (UO), cuya Dirección de Comunicación Institucional confirmó el lamentable desenlace.Calante Álvarez había sido reportado como desparecido desde el pasado sábado y desde entonces se le buscaba por fuerzas especializadas, compañeros de estudio, profesores y autoridades universitarias y locales.De acuerdo con una nota de la alta casa de estudios santiaguera publicada el domingo, el joven, junto a un profesor y otros dos estudiantes del departamento de Biología-Geografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, “por decisión personal y sin constituir una actividad académica”, realizaron una visita a la playa “El Sardinero”, ubicada en las cercanías del Reparto “Abel Santamaría” de Santiago de Cuba.El comunicado indicó que, desde la tarde del sábado, el resto de los participantes en esta excursión reportaron al Ministerio del Interior (Minint) la desaparición de Calante Álvarez, quien había sido visto por última vez por sus compañeros dentro del mar. Un día después, el Jefe de Departamento de Biología-Geografía comunicó de la desaparición a las autoridades de la UO, las que se mantuvieron informando sobre la búsqueda hasta su culminación este martes.Según la más reciente publicación sobre el caso de la institución universitaria, el hallazgo del cuerpo sin vida del estudiante fue el resultado de un operativo conjunto entre varias instituciones políticas, militares, académicas, gubernamentales y sociales de la provincia, y las acciones de salvamento y rescate se extendieron por 66 horas.“Atendiendo a los protocolos establecidos para este tipo de suceso, a las 13:00 horas de este martes se extrajo el cuerpo del lugar donde se encontraba, y se procedió a su identificación y posterior entrega a los familiares”, notificó la UO, que añade que el funeral del joven “se realizará de acuerdo a la voluntad familiar, a la cual seguiremos acompañando en este difícil momento”.En el comunicado, la Universidad de Oriente reconoce el papel determinante desempeñado por entidades y personas que colaboraron en el operativo, y agradece “las muestras de solidaridad, sensibilidad y preocupación de la ciudadanía e instituciones ante este lamentable hecho”.Desde que se reportó su desaparición, muchas personas siguieron el caso y enviaron mensajes de apoyo a los familiares y compañeros de Calante Álvarez a través de las redes sociales. Al conocerse de la confirmación de su muerte, se han multiplicado las muestras de consternación y las condolencias a la familia y allegados del joven fallecido.Este desafortunado hecho sucede en el mismo sitio donde el 18 de abril de este año dos adolescentes santiagueros, de 15 y 17 años de edad, ambos residentes en la ciudad cabecera, fueron arrastrados junto a varios familiares por una corriente marina y fallecieron ahogados.A partir de estos trágicos sucesos, autoridades y especialistas han alertado a la población sobre los riesgos de bañarse en la zona de “El Sardinero”.

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Perspectivas en torno a la protección de los derechos constitucionales en Cuba

¿Estado de derecho socialista?
El texto constitucional de 2019 es uno de los más sui generis en la historia constitucional cubana. Combina instituciones heredadas del Estado Socialista consagrado en la Constitución de 1976, con instituciones de un Estado de Derecho; incluso, de acuerdo a su artículo 1, Cuba es un «Estado socialista de derecho».
La Organización de Naciones Unidas define el concepto Estado de Derecho como «un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos» (Resolución S/2004/616).
En otras palabras, se trata de un Estado donde rige el imperio de la ley. Supone por tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero a su vez, la existencia de mecanismos que hagan efectiva su protección.
La Constitución de 2019 reconoce prácticamente la totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue un gran acierto. Pero por otro lado, en su artículo 5 establece que la dirección de la sociedad y del Estado está determinada por un órgano supra estatal y supra constitucional: el Partido Comunista de Cuba (PCC) (único).
Es decir, una organización política de ideología única es la fuerza fundamental que determina y rectorea todos los procesos dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo puede ser esto posible? El artículo 1 declara el imperio de la Ley, mientras que el artículo 5 declara el imperio del Partido Único.
De facto, tal situación ha generado una contradicción interpretativa del texto constitucional: de una parte, la ciudadanía busca reivindicar el amparo del ejercicio de los derechos consitucionalmente reconocidos; mientras, otra interpretación pondera los derechos en función del imperio del Partido Único. En la práctica, dicha contradicción se ha saldado en beneficio del Partido y no de los derechos. La razón reside en que no existen mecanismos de control social o jurídico por encima de las decisiones e influencias del PCC.
Según la narrativa estatal y gubernamental, amparada en el artículo 4, la protección del modelo de Partido Único es la prioridad del sistema, que considera como una amenaza para la seguridad nacional cualquier ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos que cuestione su diseño.
(Foto: laicismo.org)
Las constantes violaciones de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y reunión en todas las sedes y escenarios posibles, ha hecho patente la ausencia de voluntad política para proteger los mismos. La reciente promulgación del nuevo Código Penal entraña tipos delictivos cuyo objetivo es la penalización del «abuso» en el ejercicio de los derechos constitucionales.
Así lo estipula textualmente el nuevo texto penal en su artículo 120.1, que sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constiucional del Estado y el Gobierno cubano».
Además, el código insiste en la permanencia de tipos delictivos cuya finalidad es la penalización del ejercicio de derechos fundamentales. Cualquier jurista decente entiende que el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar supeditado a la autorización por parte del poder, de lo contrario no se trata en buena lid de «derechos» sino más bien de «permisos».
En definitiva, el subtexto tras el nuevo Código Penal es que los derechos reconocidos en la Constitución solo son válidos en tanto no se opongan al imperio del Partido Comunista y del Estado. Y un Estado que considere como una amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales, no es un Estado de Derecho.
Alcance real de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales
No obstante, también en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la próxima aprobación de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. La promulgación de esta normativa daría cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que establece:

«La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización».

El mandato constitucional contenido en la Disposición Transitoria Décimosegunda, establecía un plazo de dieciocho meses para que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase las modificaciones legislativas encaminadas a hacer efectivo lo previsto en el artículo 99; sin embargo, la aprobación de ese proyecto de ley ha tardado mucho más de lo previsto. Y no ha sido por falta de oportunidad.
Más interés han suscitado las leyes que restringen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión —como el Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35— y finalmente el nuevo Código Penal.

#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022

No existe en la Constitución de 1976 precedente de una protección directa a los derechos. El último precedente fue la Constitución de 1940, que establecía en su artículo 182 las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el cual sería una sala especial del Tribunal Supremo.
El proyecto de Ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece una jurísdicción especializada en el amparo de los derechos constitucionales, con un proceso «expedito» y «preferente» para su protección. Estipula en su artículo 5 que «corresponde a los tribunales de esta jurisdicción conocer de las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia; salvo que, por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, requiera de una actuación urgente y preferente».
Sin embargo, a diferencia de la Constitución del 40, quedan excluidos de esta jurisdicción «las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».
La determinación de la constitucionalidad de las leyes continúa siendo función de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como establece la Constitución de 2019. Para que la Ley introdujera modificaciones en este aspecto, debiera ser modificado con antelación el texto Constitucional.
También excluye de su conocimiento las reclamaciones relativas a la «defensa y la seguridad nacional», y en esto es preciso hacer hincapié. Los asuntos de la Defensa y la Seguridad Nacional son rectorados directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior respectivamente; por ende, la propia ley está limitada en el conocimiento de las materias que entren dentro del control de esos organismos.
En otras palabras, el trabajo de órganos como la Contrainteligencia Militar y el Departamento de la Seguridad del Estado no pueden ser perseguidos en sede judicial, aun si implican una vulneración de los derechos constitucionalmente establecidos.
En materia administrativa existe la misma exclusión, en tanto la Ley 142 del Proceso Administrativo establece en su artículo 8, inciso b) que se excluyen de la jurisdicción en materia administrativa las cuestiones «de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales».
Es decir, que el accionar de los órganos de la Seguridad del Estado (principales responsables de constantes violaciones de derechos fundamentales), la policía y los militares no pueden ser suceptibles de impugnación ni en sede administrativa, ni en sede constitucional.

En la práctica, los tribunales han permanecido siendo órganos comprometidos con las directrices del Partido y sus órganos represivos. Decenas de Hábeas Corpus son presentados todos los años ante los tribunales sin que sean admitidos o dados a lugar. Todos los años se cometen violaciones por parte de las autoridades que podrían ser punibles por el Código Penal, pero las denuncias son archivadas o desestimadas. Todos los años, tanto fiscalía como tribunales privan de libertad a personas por el ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos.
A los efectos, si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, y tanto las leyes como el actuar de los funcionarios está blindado por un excesivo sistema de restricciones, contravenciones y sanciones penales ¿Qué amparo podrá brindar en la práctica la nueva Ley de Amparo?
Mientras el ejercicio de las libertades elementales de las personas permanezca siendo contenido de delitos o perseguido por motivos ideológicos, la protección judicial de los derechos constitucionales seguirá teniendo el mismo alcance que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación reconocidos en los artículos 54 y 56 del texto constitucional de 2019: presentes de iure, inexistentes de facto.

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