MADRID, España.- Periodistas de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) fueron amenazados por la Seguridad del Estado cubano con ser implicados en procesos penales cuando aún no se ha aprobado el artículo del Código Penal por el cual el régimen podría condenar a quienes, según sus consideraciones, reciban financiamiento extranjero para apoyar acciones antigubernamentales.
De acuerdo a Radio Televisión Martí, José Antonio Fornaris, presidente de APLP, fue citado por la policía el pasado 12 de abril; mientras que Amarilis Cortina Rey había sido citada el 9 de abril y Julio César Álvarez posteriormente, el 13 del mismo mes.
Al acudir a la citación recibieron amenazas de represalias legales por recibir ayuda económica del exterior destinada a la asociación, con sede en La Habana.
De acuerdo a las declaraciones de Fornaris, “la policía política dice que APLP para desarrollar su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley muy pronto”, así como les advirtieron de un registro en la sede de la organización y la retención de los medios de trabajo.
“El objetivo es terminar con la Asociación Pro Libertad de Prensa” y “la prensa independiente cubana”, denunció Fornaris. Además condenó al Gobierno cubano por utilizar “todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta”.
“Somos una organización sin fines de lucro que se dedica a velar por los Derechos Humanos y esto es algo que está autorizado, desde diciembre de 1998, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión donde estaba presente, lógicamente, algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento para el desarrollo de su trabajo en favor de los Derechos Humanos”, puntualizó el presidente de la APLP.
En enero de 2022 el Tribunal Supremo Popular de Cuba publicó un anteproyecto del Código Penal que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular este mes, que establece que “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
De aprobarse esta legislación, el Gobierno cubano contará con otra herramienta legal represiva.
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