El Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires accedió de manera supuestamente irregular a datos biométricos de siete millones de personas, entre ellas el presidente Alberto Fernández, reveló una investigación divulgada por medios argentinos., según reporta Prensa Latina.
Según una indagación liderada por el juez Roberto Andrés Gallardo, dicha entidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), instalado en 2019, para obtener datos y observar a políticos, periodistas, diputados, letrados y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Según precisó el diario Página 12, citado por PL, entre esos ciudadanos se encuentran la vicemandataria Cristina Fernández y las presidentas de las asociaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, respectivamente.
Esto se conoció luego de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino presentara un recurso contra el SNRP, implementado durante la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) bajo la justificación de perfeccionar la detección de individuos buscados por las autoridades citadinas.
Con tal propósito, el Ministerio capitalino firmó un contrato con el Registro Nacional de las Personas y con la cartera de Justicia del Estado para acceder a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Captura, que contiene información de 50 000 ciudadanos, reporta la agencia latinoamericana de noticias.
Sin embargo, según las indagaciones de Gallardo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, dicha entidad realizó un total de 9 900 282 consultas, cifra considerablemente superior a la de procesados por los tribunales.
El juez ordenó la suspensión del SNRP y el allanamiento del Ministerio capitalino, cuyas autoridades alegaron que la información obtenida fue empleada no solo para seguir a ciudadanos buscados por la Justicia, sino para trámites regulares, precisó PL.
