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Educación Superior: ¿Cuáles son las novedades del nuevo curso? (+ Video)

Para informar sobre el inicio del próximo curso escolar en las universidades cubanas y los resultados de los recientes exámenes de ingreso a la educación superior, comparecieron este martes en la Mesa Redonda los doctores en Ciencias José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior; Reynaldo Velázquez Zaldívar, director general de Pregrado del MES, y Deysi Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales de Pregrado de ese ministerio.

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Ministro de Educación: El 18 de abril comenzaremos el curso 2022

En el inicio del programa televisivo, el ministro José Ramón Saborido Loidi recordó que el 2021 fue un año de grandes retos para la educación cubana. “Con el 2021 cerró un quinquenio, manejamos indicadores importantes y sufrimos tensiones y retos notables que provocaron, incluso, afectaciones por las que tuvimos que modificar algunos sueños”. 

No obstante –destacó–, “la educación superior cubana ha elevado su nivel, ha dado una mayor respuesta a las demandas sociales del país, y ha logrado transitar en medio de esta situación económica y de pandemia. 

“Cerramos el año con todas las asignaturas y los ejercicios de culminación de estudios concluidos, y tuvimos un salto en la informatización de los procesos”. 

El 18 de abril comienza el curso académico 2022 planificado para 35 semanas, un primer periodo que será más corto y luego un segundo más largo. 

El ministro explicó que se ha diseñado defendiendo la presencialidad, “porque nuestro sistema de formación integral concibe que todo ese sistema de influencias que influye en el estudiante actúe y se integre en todos los procesos docentes y extracurriculares. Las universidades son centros vivos y de intercambio”. 

“Sin dudas, habrá limitaciones”, señaló. “La situación económica del país nos golpea a todos, pero se hace un gran esfuerzo. Hay un incremento sostenido de las matrículas y una apertura al nuevo ingreso como nunca la hemos tenido”. 

Subrayó que el Ministerio de Educación Superior sigue en la defensa de las tesis de doctorado, preparando cuadros, vinculando la ciencia a los programas del país y los programas de desarrollo local, y con el fortalecimiento de los centros de desarrollo municipales.

“El 18 de abril comenzaremos el curso 2022 con todas las universidades incorporadas y con ganas de retomar la vida universitaria”, afirmó Saborido Loidi.

Director general de Pregrado del MES: Estamos muy satisfechos con los resultados de los exámenes

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La Habana, sede de reunión del Parlatino

Para el intercambio de experiencias en temas de la recuperación sanitaria post-COVID-19 y sobre educación, ciencia, cultura y comunicación, integrantes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) dialogan los días 26 y 27 de mayo en el Hotel Nacional de Cuba.
Ante la presencia de 26 legisladores de ocho países, la diputada Ana María Mary Machado, vicepresidenta del Parlamento cubano, dijo al inaugurar la reunión:
«Puedo adelantarles que seguramente durante su estancia en el país advertirán consecuencias, no sólo de los impactos económicos de la pandemia, sino del recrudecimiento genocida del bloqueo estadounidense contra el pueblo cubano, que llegó al límite de negarnos la venta del oxígeno imprescindible para salvar vidas cuando sufrió roturas nuestra principal productora de este gas vital».
Añadió que los asistentes encontrarán también a un pueblo empeñado en defender tanto sus derechos a la vida y a la autodeterminación, como la democracia y el sistema político que con su participación decidida preserva y perfecciona cada día.
«Ese es el pueblo del que han surgido los miles de profesionales de la Salud que no cejaron en el empeño por salvar tanto las vidas de sus compatriotas como la de otros muchos miles de seres humanos de América Latina y el Caribe, África, Asia y hasta la misma Europa», afirmó Mary Machado.
Mientras el senador mexicano, Ricardo Velázquez Mesa, Secretario de Comisiones del Parlatino, explicó que la reunión abordará temáticas referidas a educación y ciencia resiliente en la etapa post-COVID-19; la ley modelo sobre la factibilidad cultural en la planificación del desarrollo; la situación epidemiológica de la COVID-19; impactos y enseñanzas de la pandemia en la región; las políticas de salud y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, entre otros variados temas.
«La agenda para estos dos días es un reto pero es un deber mantener el enfoque en los problemas que se han intensificado producto de la pandemia. Las propuestas de nuestras comisiones se harán con el objetivo fundamental de contribuir al desarrollo positivo de nuestra región», precisó el legislador latinoamericano.
El evento concluye con un recorrido por centros de interés científico y cultural de la capital cubana y con la aprobación de documentos para ser introducidos luego a los parlamentos nacionales a manera de propuesta.

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Sesiona hoy en Cuba la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP

Con la asistencia de jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) sesiona la XXI Cumbre de esa alianza, en La Habana, sin exclusiones
La cita tendrá como principales objetivos compartir sobre estrategias de desarrollo comunes y analizar la situación política regional.

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La XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) sesionará este 27 de mayo en La Habana sin exclusiones.

En el Palacio de la Revolución presidentes, primeros ministros y altos mandatarios de la agrupación «compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional», según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Será otro momento de avance del bloque integrador, fundado en 2004 por iniciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez, presidentes entonces de Cuba y Venezuela, como respuesta al proyecto neoliberal que Washington pretendía imponer en el continente.

El ALBA-TCP está compuesto además por Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nevis y Santa Lucía.

La lucha contra la exclusión social mediante mecanismos de solidaridad, colaboración y complementación está entre sus propósitos fundacionales.

El secretario general del grupo, Sacha Llorenti, dijo en reciente entrevista con Prensa Latina que el ALBA-TCP está revitalizada hoy en lo que definió como las nuevas batallas por un mundo mejor y contra el hegemonismo de Estados Unidos.

La consideró como una agrupación única por sus principios de unidad e integración.

El ALBA-TCP no se subordina a los patrones de un orden internacional injusto y procura uno justo, equitativo y equilibrado, reiteró. Por ello, insistió, es punto de referencia para superar tantas injusticias.

A manera de balance de lo alcanzado en estos 20 años mencionó que cuatro de sus países integrantes se declararon libres de analfabetismo.

También millones de personas, incluso de otras naciones, recuperaron la visión mediante la Operación Milagro.

El exministro y diplomático boliviano aseguró que los países del bloque están entre los que enfrentaron con mejores resultados la pandemia de la Covid-19.

Evocó al respecto que el Banco del ALBA financió la compra de inmunógenos, mientras la aerolínea venezolana Conviasa los transportó en puente humanitario junto a brigadas médicas dispuestas por Cuba, que además creó y compartió vacunas propias.

La reunión en La Habana tendrá lugar días antes de que comience en Los Ángeles, California, la IX Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión, la administración del presidente Joe Biden, concibió de antemano la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El miércoles el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que el gobierno de los Estados Unidos «ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva».

Díaz-Canel dijo que en ningún caso asistirá a la reunión prevista del 6 al 10 de junio. «Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad», aseveró.

La XXI Cumbre del ALBA-TCP de seguro se pronunciará al respecto.

Génesis

Fidel y Chávez firman el nacimiento del ALBA. (Foto: Estudios Revolución)

El ALBA-TCP está conformado actualmente por 10 países, tras la reincorporación de Santa Lucía en la pasada edición de estas cumbres, también celebrada en La Habana: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía.

Fundado en la capital cubana el 14 de diciembre de 2004 por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, el mecanismo de integración pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.

Dos años más tarde, el organismo se enriquece con la propuesta del Tratado de Sistema Nacional de Información de los Pueblos, un instrumento de intercambio solidario y complementario entre los países en contraposición a los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En junio de 2009, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros acordaron que el mecanismo se denominaría “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP), lo que le da un mayor alcance para hacer efectiva la cooperación.

Desde su concepción, el ALBA busca tener una amplia visión latinoamericanista, que reconozca a la integración como motor del desarrollo e independencia de nuestros pueblos.

El ALBA-TCP fue la respuesta a los designios de Washington de mantener a la región como su traspatio. Fue, como afirman los historiadores, el parto natural de un subcontinente necesitado de independencia.

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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