Sin rupturas ni sobresaltos, Raúl Castro entregó en abril el cargo de primer secretario del PCC al presidente Miguel Díaz-Canel, a quien corresponderá impulsar el inconcluso proceso de reformas que inició el exmandatario en 2011.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
El 2021 moldeó para Cuba un escenario complejo en que avanzó el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, se mantuvo la crisis económica y se agravó la situación sanitaria por la covid-19. Tales ingredientes no pueden ser ignorados a la hora de analizar causas e impacto de las demostraciones callejeras ocurridas a mediados de año.
En abril, durante el VIII Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), Raúl Castro entregó formalmente el cargo de primer secretario de la organización. Se concretó así el traspaso del poder a políticos más jóvenes, encabezados por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien también pasó a guiar el PCC.
La estrategia de unificación monetaria y cambiaria, conocida como Tarea Ordenamiento, iniciada el primero de enero, incluyó como buena noticia el aumento de salarios, pensiones y subsidios estatales para personas vulnerables.
Pero a la vez provocó un incremento de los precios y una elevada inflación con impacto directo en la reducción del poder adquisitivo de numerosas familias, el aumento de vulnerabilidades sociales y una mayor visibilidad de expresiones de descontento social.
En medio del aumento vertiginoso de casos de covid-19, el colapso de unidades del sistema de salud por falta de oxígeno, y cortes eléctricos, unos 40 territorios del país fueron escenario de manifestaciones sociales sin precedentes los días 11, 12 y 13 de julio.
Denunciados por el gobierno cubano como intentos subversivos promovidos desde Estados Unidos, los hechos llamaron la atención sobre problemas internos agudizados por el fortalecimiento del embargo económico, comercial y financiero estadounidense y otros factores que han agotado en extremo la economía del país insular.
Se concibió un Plan estatal para el enfrentamiento y control de la enfermedad, así como un grupo temporal para su seguimiento integrado por el presidente de la República, el primer ministro, ministros y otras autoridades gubernamentales y del Partido Comunista de Cuba (PCC).
En este contexto, el país desarrolló tres vacunas anticovid propias, primeras de su tipo en Latinoamérica, con las cuales controló la enfermedad a partir de una masiva campaña de inmunización en el segundo semestre, mientras sigue pendiente el reconocimiento de los fármacos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pese a la readecuación del cronograma legislativo por la pandemia, se aprobó un grupo de leyes complementarias, decretos leyes y disposiciones de menor rango para llevar a la práctica el articulado de la Constitución vigente desde abril de 2019.
La generación histórica se retira
El VIII Congreso PCC transcurrió del 16 al 19 de abril con 300 delegados en representación de unos 700 000 militantes, en un contexto calificado de complejo. Considerado el “Congreso de la continuidad histórica de la Revolución Cubana”, fue el primero sin la presencia del líder Fidel Castro (1926-2016), y significó el retiro de la llamada generación histórica de la dirección política del país.
Sin rupturas ni sobresaltos, Raúl Castro entregó el cargo de primer secretario de la organización al presidente Miguel Díaz-Canel, a quien corresponderá impulsar el inconcluso proceso de reformas que inició el exmandatario (2008-2018) en 2011. En su primer discurso como primer secretario del PCC, Díaz-Canel reflexionó acerca de la labor del Partido y advirtió que la organización “está urgida de cambios más acordes con nuestra época y sus desafíos”.
Afirmó que a su antecesor le “serán consultadas las decisiones estratégicas del futuro de la nación”. Corresponderá a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento, dar seguimiento y controlar los dos proyectos de resoluciones aprobadas: sobre la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, y sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social y su actualización para el período 2021-2026.
La actualización incluye 201 lineamientos y persigue encauzar las prioridades de la economía y la trasformación del modelo económico de desarrollo socialista, con prioridad en fortalecer la gestión de la empresa estatal socialista como sujeto principal, aunque también de los sectores cooperativo y privado como complementos de la economía centralmente planificada.
El Congreso puso uno de sus focos de atención en la formación de cuadros profesionales. Al respecto, la política de cuadros del PCC para el periodo 2021-2026 prevé potenciar la responsabilidad de los jefes, gestionar con eficacia los procesos de selección y desarrollo de cuadros y sus reservas, sobre todo, jóvenes; así como elevar la lucha contra la corrupción, el delito y las indisciplinas. El 54,2 por ciento de los cuadros del partido son mujeres y 47,7 por ciento negros y mestizos, trascendió.
Panorama interno y actividad legislativa
Por segundo año consecutivo, debido a las restricciones por la covid, el gobierno suspendió o readecuó actividades oficiales y actos políticos como los tradicionales del Primero de Mayo y el 26 de julio. Funcionarios gubernamentales participaron en encuentros y foros internacionales mediante videoconferencia.
Además de reunirse de manera semipresencial por la incidencia de la pandemia, el parlamento cubano modificó el cronograma legislativo aunque aprobó leyes como la de los Tribunales Populares, de Procedimiento Administrativo, de Procedimiento Penal, y la de Procedimiento Civil, Laboral y Económico (Código de Procesos).
Previa consulta con expertos, las y los diputados aprobaron en diciembre el proyecto de ley de nuevo Código de las Familias, una de las normas más esperadas y polémicas del actual calendario legislativo, que será sometida a consulta popular y posterior referendo en 2022.
Especialistas llamaron la atención sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos durante seis décadas, arreciadas con nuevas medidas que agregan dificultades a la compra de alimentos, medicamentos e insumos médicos y empeoran la calidad de vida de la población cubana. El Grupo de Trabajo gubernamental para el seguimiento y control del nuevo coronavirus, encabezado por el Presidente de la República, con estructuras similares en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, mantuvo reuniones diarias con indicaciones para controlar la compleja situación epidemiológica que por momentos se volvió crítica.
El gobierno priorizó la producción de vacunas nacionales lo cual llevó al país a convertirse no solo en el primero de latinoamerica con fármacos propios para enfrentar el coronavirus, sino que al concluir 2021 se encontraba dentro de los de más altas tasas de inmunización de su población.
Queda pendiente para 2022 la presentación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los expedientes para el proceso de precalificación de las vacunas anticovid Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, si bien varios países abrieron sus puertas a las vacunas de la isla.
Relaciones con EE.UU.
El estreno de la administración del presidente estadounidense Joseph Biden el 20 de enero llevó a que muchos vaticinaran una pronta recomposición de las relaciones bilaterales y el rescate al menos de la veintena de acuerdos que contribuyeron a distender las relaciones de fines de 2014 a 2017. Durante seis meses, la Casa Blanca alegó estar en un proceso de revisión de la política hacia la isla, mientras aseguró que el enfoque priorizaría “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”.
Pero el reacercamiento diplomático se esfumó y se deterioraron aún más los nexos tras las protestas del 11 de julio, en un contexto en el cual el gobierno cubano acusó a Washington de alentar las acciones para buscar un cambio de régimen. avanzar/
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento de Estado dispuso sanciones contra altos cargos y unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Ejército) y del Ministerio del Interior, relacionadas con la prohibición de entrada a territorio estadounidense, cancelar el acceso al sistema financiero y congelar sus posibles activos en el país.
El canciller Bruno Rodríguez consideró que las medidas están “políticamente motivadas”, son “de poca aplicación práctica”, pero “relevantes en su carácter político y de injerencia”.
Asimismo, la Casa Blanca anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar la política de las remesas y ampliar el acceso a internet, sin que hasta el momento haya acciones en ese sentido.
Se mantuvieron pendientes la reautorización de vuelos comerciales directos, la flexibilización en las categorías de viajes, la reapertura de los servicios consulares en La Habana, así como volver a excluir a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una de las últimas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump (2017- enero 2021) el 11 de enero, y dirigida a obstaculizar el acercamiento bilateral, consideraron analistas.
Los incidentes de salud reportados por personal diplomático de Washington en La Habana a partir de los cuales cerraron en 2017 los servicios consulares en la capital cubana, continuaron como un asunto irresuelto, si bien aumentaron las declaraciones e investigaciones de científicos y expertos de ambos países que descartan la hipótesis de un “ataque”.
En febrero, un reporte de la Junta de Revisión de Responsabilidad, publicado en el sitio digital de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) del país norteño, reconoció que la respuesta del gobierno de Trump frente a esos incidentes estuvo “dominada por una falta de liderazgo, comunicación ineficaz y desorganización sistemática”.
“Algún día se podrá aclarar lo que sucedió y lo que no sucedió” valoró el 12 de febrero el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta de Twitter, e insistió en una desclasificación seria de información sobre el tema, a fin de conocer cuán lejos llegó el gobierno de Trump “para justificar artificialmente un retroceso en las relaciones bilaterales”.
El 13 de septiembre, el informe de un grupo multidisciplinario de la Academia de Ciencias de Cuba subrayó que “no es posible descartar las explicaciones psicogénicas y tóxicas de muchos síntomas en algunos casos sin más investigación. En concreto, todas las condiciones para la propagación psicógena del malestar estaban presentes en este episodio”.
Tal conclusión encontró un espaldarazo días después cuando una revisión científica encargada por el Departamento de Estado estadounidense (https://bit.ly/3a0iHOp) indicó que los efectos de la psicología de masas “psicógenas” pueden haber jugado un papel en los incidentes.
El 5 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al Encargado de Negocios estadounidense en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, para trasladarle el rechazo por el informe de 2020 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, publicado el 30 de marzo.
El texto que La Habana consideró “arbitrario” y “unilateral” acusó al gobierno cubano de restringir las libertades de expresión, asociación, religión o creencias y movimiento.
La cancillería cubana reiteró que Washington carece de autoridad moral para reclamar sobre derechos humanos, e insistió en que el bloqueo, como se denomina internamente al embargo, viola los derechos humanos de los 11,2 millones de habitantes de la isla.
Por vigésimo novena ocasión, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evaluó y aprobó el 23 de junio, con los solitarios votos en contra de Estados Unidos e Israel, la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. De acuerdo con el informe, solo entre abril y diciembre de 2020 el conjunto de sanciones de Washington causaron al país pérdidas por más de 3 586 millones de dólares, cifra que ascendió a más de 9 000 millones de dólares de abril de 2019 a diciembre de 2020. Algunos legisladores introdujeron en el Congreso estadounidense proyectos de ley para derogar sanciones y establecer relaciones comerciales plenas, mientras centros de estudios y grupos empresariales recomendaron “reanudar el diálogo diplomático y la cooperación sobre cuestiones prácticas de interés compartido con las autoridades cubanas”.
Drama migratorio
La apertura de las fronteras a partir del 15 de noviembre, significó también un aumento del flujo migratorio desde Cuba, en medio de la agudización de la crisis económica de tres décadas, reforzada por la pandemia y el embargo estadounidense.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que solo en tres meses, de octubre a diciembre de 2021, detuvo a casi 21 000 inmigrantes cubanos, cifra superior a los poco más de 14 000 contabilizados en todo 2020.
Antes, el Servicio Nacional de Migraciones de Panamá reflejó que de enero a septiembre de 2021, un total de 12 800 migrantes cubanos atravesaron la selva del peligroso Tapón del Darién desde Colombia rumbo a Panamá, con la esperanza de llegar a países de América del Norte.
De acuerdo con autoridades de la Dirección General de Identificación, Inmigración y Extranjería cubana, en 2021 fueron devueltas a la isla 1 580 personas, como parte de 71 operaciones de devolución de inmigrantes irregulares, 58 de ellas por vía marítima desde EE.UU., y 13 aéreas desde varios países.
Funcionarios insistieron en que uno de los principales estímulos para la emigración ilegal radica en el incumplimiento de los acuerdos migratorios de 1995, mediante los cuales Washington se comprometió a otorgar un mínimo de 20 000 visas anuales para facilitar una emigración legal, segura y ordenada desde Cuba.
Autoridades cubanas estiman que Estados Unidos otorgó poco más de 4 000 visas anuales desde que en 2017 se paralizaron los servicios consulares en La Habana. A ello se suma la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano que desde 1966 permite a los cubanos ser elegibles para obtener la residencia permanente tras un año y un día en territorio estadounidense.
Se efectuaron rondas de conversaciones migratorias con naciones como Venezuela y México, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel aseguró que mantiene el compromiso de facilitar una migración regular, impedir las salidas ilegales que ponen en riesgo las vidas humanas y luchar contra actos de violencia y delitos asociados a la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Siguieron vigentes, hasta nuevo aviso, las medidas adoptadas desde marzo de 2020 que permiten a los ciudadanos residentes regresar a Cuba, de manera excepcional, con su pasaporte vencido y sin prorrogar, más allá de los 24 meses establecidos, manteniendo la condición de residentes en el territorio nacional.
El 11J y 15N en su contexto
Las demostraciones callejeras de julio en unas 40 ciudades y poblados ocurrieron en medio del peor momento de la epidemia de covid-19 en la isla, y de un agudizado desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad que aumentaron la situación de vulnerabilidad de muchas familias.
Miles de personas, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles con reclamos de cambios políticos y económicos, aunque también ocurrieron actos vandálicos y violentos contra establecimientos comerciales, vehículos y fuerzas del orden público, así como personas civiles.
El domingo 11 no hubo un estallido popular, hubo disturbios, desórdenes instigados desde Estados Unidos, con participación de personas que actuaron como agentes al servicio de potencias extranjeras, unidos a elementos delincuenciales, señaló el canciiler Bruno Rodríguez.
Autoridades judiciales informaron que hasta el 23 de julio habían sido procesadas 59 personas debido a, fundamentalmente, delitos menores como desorden público y desacato a las autoridades, y que parte de los implicados estaban sujetos a medida cautelar de prisión provisional, mientras otros recibieron medidas no detentivas o su liberación sin cargos.
A inicios de enero de 2022 comenzaron los juicios contra manifestantes a los cuales se acusa de delitos mayores como sedición, instigación para delinquir o intento de subvertir el orden constitucional de forma violenta, con penas que podrían llegar hasta 30 años de prisión.
Ciudadanos pidieron investigar denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y esclarecer los reportes sobre personas detenidas, quienes refirieron ser víctimas de maltratos por parte de agentes del orden.
Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil interna contabilizaron más de 1 300 arrestos a raíz de los hechos, incluidos un centenar de menores de 18 años, mientras plataformas civiles y familiares han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas desproporcionadas, algo negado por las autoridades.
El gobierno atribuyó las manifestaciones a una “intensa operación político-comunicacional financiada por el gobierno de los Estados Unidos”, dirigida a “alentar disturbios e inestabilidad en el país”, dentro de un esquema de guerra no convencional.
Analistas coincidieron en que si bien detrás de las manifestaciones y disturbios era visible la persistente campaña de desinformación y promoción del estallido social en las redes sociales desde fuera de Cuba, con apoyo de financiamientos de Washington, resulta imprescindible evaluar correctamente la situación política y social y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos, sin atender los internos.
El propio día 11, durante una alocución en vivo en la televisión estatal, el presidente Díaz-Canel llamó a los revolucionarios y, en primera línea a los comunistas, a salir a las calles y enfrentar a quienes intentaban desestabilizar el país.
El 17 de julio, en un acto oficial en el Malecón habanero, el mandatario reiteró que la nación caribeña además del bloqueo de Estados Unidos, se encontraba “bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra que incluye ciberterrorismo y terrorismo mediático en su instrumental agresivo”.
Exhortó asimismo a una “necesaria autocrítica” y a la “revisión profunda” de “métodos y estilos de trabajo que chocan con la voluntad de servicio al pueblo, por la burocracia, las trabas y la insensibilidad de algunos que tanto dañan”. Como parte de la respuesta gubernamental, unos 67 barrios capitalinos identificados con los problemas sociales más complejos, y decenas de ellos en las restantes provincias, comenzaron a recibir el respaldo de ministerios e instituciones gubernamentales para solucionar algunas necesidades básicas.
En el propio julio, se anunció la eliminación de aranceles para la importación sin límites de alimentos, medicinas, insumos médicos y productos de aseo.
Poco después el Consejo de Ministros dio luz verde a normas para el largamente esperado reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), tanto estatales como privadas, y darle un impulso a la implementación de los Lineamientos y disposiciones del VI y VII Congresos del PCC (2011 y 2016) relacionados con el desarrollo económico y social de la nación, readecuadas en el escenario de la covid.
En agosto, el decreto ley No.35 sobre Telecomunicaciones en Cuba generó polémica y preocupaciones, sobre todo por varios artículos asociados con la prohibición de determinadas publicaciones en redes sociales, cuya implementación puede resultar ambigua y en detrimento de la libertad de expresión en el país caribeño.
A fines del propio mes, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, sostuvo que “manifestarse constituye un derecho constitucional. El delito es incitar a disturbios, al desorden, a agredir, dañar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la tranquilidad”.
La marcha que no fue
En este sentido, la plataforma opositora Archipiélago propuso efectuar el 20 de noviembre en La Habana y otras ciudades una marcha cuya convocatoria adelantó para el día 15, cuando el gobierno anunció ejercicios militares para los días 18 al 20, posterior a la reapertura de las fronteras.
La denominada Marcha Cívica por el Cambio expuso como objetivos manifiestos “exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
Las intendencias –gobiernos municipales-, rechazaron la posibilidad de efectuarla al declararla “ilícita”, y consideraron que se trataba de una “provocación” apoyada por Washington con fines desestabilizadores.
Promotores de la marcha, periodistas independientes, activistas y ciudadanos que apoyaron la convocatoria comentaron en redes sociales haber recibido advertencias para evitar sumarse a la actividad. Otros deploraron la retención en sus domicilios, cortes de las comunicaciones, así como actos de hostigamiento con consignas por partidarios del gobierno en los alrededores de sus viviendas.
El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los fundadores de Archipiélago y su cara más visible, no pudo abandonar su vivienda en el reparto La Coronela, La Habana, desde un día antes de la jornada programada. Aunque el gobierno evitó que cuajaran las marchas opositoras convocadas para el lunes 15 de noviembre, sus factores detonantes persisten y entrañan desafíos y déficits para la institucionalidad en cuanto a la gestión de conflictos internos.
La acción llevó a que La Habana y Washington ahondaran su diferendo político.
Más de 300 personalidades del mundo de la cultura, al igual que organizaciones como el PEN International, Artists at Risk Connection (ARC) de PEN America y Human Rights Watch suscribieron un llamamiento (https://bit.ly/3GxqFNe) en el cual pidieron al Gobierno de Cuba cesar la “represión contra los artistas” y respetar “la libertad de expresión”, tras los acontecimientos de julio y noviembre.
Una declaración de la Casa de las Américas (https://bit.ly/3rSFlTh) ripostó que “da un poco de vergüenza ajena ver también a figuras que respetamos uniéndose a personajes impresentables para avalar un texto en que la verdad se tuerce sin pudor alguno, en que la historia se reescribe de modo burdo y en el que abundan gastadas acusaciones y fórmulas como “desprecio absoluto del gobierno cubano a los derechos humanos”, “abusos sistemáticos contra los artistas”, “represión” y “persecuciones”.
Cuba-UE
Cuba y la UE mantuvieron varias reuniones e intercambios relacionados con el proceso de implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), el cual entró en vigor de manera parcial en 2017 y que pauta el marco de relaciones bilaterales. El 14 de enero se efectuó de manera virtual el segundo Comité Conjunto entre Cuba y la UE.
La reunión antecedió al Tercer Consejo Conjunto efectuado mediante videoconferencia el 20 de enero, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.
La III Ronda del Diálogo sobre Derechos Humanos en el marco del ADPC tuvo lugar de manera virtual el 26 de febrero y “como en ocasiones anteriores, se pusieron de manifiesto las diferencias de posiciones y enfoques en relación con varias de las temáticas debatidas”, indicó un comunicado de la cancillería cubana.
Un mes más tarde, el 25 de marzo, sesionó de manera telemática la III Ronda del Diálogo sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, continuidad del celebrado en noviembre de 2019 en La Habana, y donde las partes debatieron sobre iniciativas para contrarrestar la dimensión extraterritorial de la ley Helms-Burton (1996).
No obstante, emergieron desencuentros y críticas por ambas partes tras los sucesos del 11J y de la abortada marcha del 15N.
El 16 de septiembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular criticó la resolución del Parlamento Europeo que pidió a la UE sancionar a responsables de “violaciones de derechos humanos” en la isla, tras las protestas del 11J.
Durante la jornada, la Eurocámara avaló con 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones una resolución (https://bit.ly/3CeTonO) que condenó “en los términos más enérgicos la violencia y represión extrema ejercida contra los manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, artistas, disidentes y líderes políticos de la oposición por parte del Gobierno cubano”.
Eurodiputados de la bancada socialdemócrata se mostraron contrarios a derogar el ADPC, sostuvieron que el diálogo es el mejor instrumento para acompañar el proceso de reformas en Cuba. Otros parlamentarios solicitaron “coherencia y proporcionalidad”, pues recordaron que protestas en América Latina con más violencia no suscitaron el debate en Bruselas.
El 16 de diciembre, el canciller Bruno Rodríguez insistió en que el Parlamento Europeo “no tiene autoridad moral para condenar a Cuba cuando ignora graves y flagrantes violaciones de derechos humanos en muchos lugares, particularmente en EE.UU. y en Europa”.
En esa jornada, con 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones, la Eurocámara se pronunció (https://bit.ly/3e2zy5n) en contra de las “detenciones arbitrarias y restricciones abusivas a los movimientos y las comunicaciones, como arrestos y vigilancia domiciliarios” por parte de autoridades cubanas.
Se trató de la cuarta resolución sobre la situación de los derechos humanos en la isla desde el inicio de la actual legislatura, tras las aprobadas en septiembre de 2021, junio de 2021 y noviembre de 2019.
Durante el año, varias figuras políticas de la UE se pronunciaron en contra de las sanciones que Washington aplica contra La Habana.
El 5 de febrero, Borrell reiteró el rechazo de Bruselas a la inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado estadounidense, durante una rueda de prensa en Moscú junto con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
Tanto la Comisión Europea (CE) como el gobierno del presidente francés Enmanuel Macron condenaron el lanzamiento de tres cócteles molotov contra la Embajada de Cuba en París, cerca de la medianoche del 26 de julio, que causó algunos daños materiales sin dejar víctimas.
Solidaridad y agenda internacional
Los hechos del 11J detonaron expresiones de solidaridad de la comunidad internacional, con la llegada de alimentos, medicinas e insumos donados por gobiernos, organizaciones internacionales y grupos solidarios. Agencias, programas y fondos del sistema de Naciones Unidas y las agencias de cooperación internacional que laboran en el país destacaron en el respaldo a los servicios de salud pública, así como al proceso de inmunización anti Sars Cov-2 con vacunas propias.
Integrantes del llamado Movimiento de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos mantuvieron acciones a favor de una mejora de los vínculos bilaterales y aliviar las carencias del pueblo cubano.
La organización feminista estadounidense CodePink y la oenegé Oxfam, entre otras abogaron por “la urgente necesidad” de acabar con las sanciones unilaterales hacia Cuba, que impiden “una respuesta efectiva y oportuna para atender las necesidades humanitarias del pueblo cubano”.
El 23 de julio, el diario The New York Times publicó la carta titulada “Let Cuba Live (Dejen Vivir a Cuba)” firmada por más de 400 exjefes de estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo quienes hicieron un “llamado público urgente” al presidente Biden para deshacer las medidas implementadas por Trump contra la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel participó el 18 de septiembre en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México, centrada fundamentalmente en coordinar una respuesta regional al embate de la pandemia.
Díaz-Canel recibió en La Habana a su homólogo de Bolivia, Luis Arce, quien efectuó una visita oficial el 15 de diciembre, tras participar un día antes en la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).
La cumbre del bloque de integración evaluó el escenario regional, las acciones para garantizar la paz y la estabilidad, así como la concertación política, además de explorar mecanismos para la distribución de las vacunas anticovid de la isla.
El 15 de mayo, el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez, rechazó en su perfil de Twitter “los intentos de sectores de la ultraderecha colombiana y la de origen cubano residente en EE.UU. de responsabilizar a Cuba con la situación en Colombia y así tratar de esconder las verdaderas causas de las protestas”.
El 8 de mayo, la cancillería convocó al Embajador de Colombia en Cuba, Juan Manuel Corzo, para trasladarle mediante nota verbal el rechazo a la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de declarar un día antes persona non grata al primer secretario de la Embajada en Bogotá, Omar Rafael García Lazo.
La Cancillería subrayó que “la injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes que ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos”, desde el inicio de protestas el 28 de abril en el país sudamericano.
Bitácora opositora
Luis Manuel Otero Alcántara: Artista y activista opositor, líder del Movimiento San Isidro, con sede en La Habana Vieja, realiza una huelga de hambre en abril luego de que la Policía allanara su casa. El 2 de mayo, autoridades lo conducen al habanero hospital Calixto García, de donde es dado de alta el 31 de ese mes.
Una nota oficial (https://bit.ly/3c4BbyE) informa sobre su atención médica y evolución luego que integrantes de la sociedad civil, artistas, intelectuales y organizaciones internacionales mostraran preocupación, al considerarlo incomunicado, sin acceso de familiares, amistades o por vía telefónica.
Fue apresado nuevamente el 11 de julio, al sumarse a las protestas ocurridas ese día. Permanece encarcelado sin fecha de juicio. La revista estadounidense Time lo seleccionó entre las personalidades más influyentes del año. De acuerdo con autoridades cubanas, recibe financiamiento desde Estados Unidos para promover acciones de desestabilización social.
Maykel “Osorbo” Castillo: Se encuentra detenido en la prisión provincial de Pinar del Río desde mayo de 2021, acusado de presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos. Es uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, considerada el “himno” de las protestas del 11 de julio. Autoridades cubanas lo incluyen entre los activistas de la oposición que reciben financiamiento desde Estados Unidos para promover acciones de desestabilización social.
Tania Bruguera: Artista y activista política que figura entre los promotores del boicot a la XIV Bienal de La Habana, iniciada el 12 de noviembre. El Ministerio de Cultura y Deporte de España le otorgó el 4 de noviembre el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. Forma parte de la veintena de artistas que el 24 de mayo entregaron una carta (https://bit.ly/2R0h79B) a Jorge Fernández Torres, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), para exigir no exhibir públicamente sus obras o retirarla del sitio web de la institución, en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Al rechazar la exigencia, el MNBA aseveró (https://www.facebook.com/bellasartescuba) que “adquirió las obras de estos creadores y les da un uso legítimo y provechoso para la ciudadanía”.
Yunior García Aguilera: Actor y dramaturgo integrante y coordinador de la plataforma Archipiélago que convocó a la denominada Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre. Anunció que saldría un día antes con una rosa blanca y efectuaría en solitario y en silencio una caminata por un tramo de la céntrica Rampa habanera, en dirección al Malecón. Pero autoridades impiden la salida de su residencia. El 17 de noviembre llega a Madrid. Fuentes diplomáticas españolas confirman a medios de prensa que su salida de la isla fue “a petición propia” y viajó en un vuelo de Iberia en compañía de su esposa, Dayana Prieto. El Gobierno cubano ha negado cualquier tipo de acuerdo entre La Habana y Madrid para facilitar la salida del disidente. Poco después de su llegada a España solicitó asilo político.
Hamlet Lavastida: Artista visual y activista opositor, es liberado y conducido por autoridades al aeropuerto internacional José Martí, desde donde parte a Polonia el 25 de septiembre. Lo acompaña su pareja, la poeta Katherine Bisquet, quien durante meses aseguró estar bajo arresto domiciliario por su activismo antigubernamental. “La policía política nos impuso el exilio de ambos como única opción para la excarcelación de Hamlet”, escribe Bisquet en un post de su perfil en Facebook. Lavastida, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional; organizaciones como Human Rights Watch, PEN América y PEN Internacional condenaron su arresto y al igual que grupos de artistas dentro y fuera de Cuba, exigían su liberación.
Karla Pérez González: Periodista cubana expulsada de la Universidad Central de Las Villas en 2017 por pertenecer al movimiento opositor Somos+. Poco después, recibió una beca para completar su carrera de Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. En su viaje de regreso a Cuba, donde reside su familia, Pérez González quedó varada en Panamá al impedírsele su entrada a la isla.
El hecho genera diversas reacciones y preocupaciones en medios alternativos, redes sociales y ciudadanos. Cinco ciudadanos –algunos periodistas de medios no reconocidos oficialmente- llegan el 18 de marzo a la cancillería para interesarse por la situación de la joven.
Buscaban “alimentar una campaña mediática” y fabricar “un acontecimiento en las redes sociales”, refiere la directora de Comunicación e Imagen de la cancillería, Yaira Jiménez, durante una conferencia de prensa (http://bit.ly/3vLsbGX). Jiménez explica que la decisión de no permitir la entrada a Cuba de la periodista se basa en las regulaciones de las leyes migratorias vigentes.
Se trata de una “emigrada cubana con varios años fuera del país (…) Ella es un instrumento (…) Ahora pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos (…) tenemos el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos”, dijo Jiménez. Finalmente, el gobierno de Costa Rica le otorgó asilo.
Luis Robles Elizástegui: Permanece preso desde el 4 de diciembre de 2020 cuando caminó por el populoso bulevar habanero de San Rafael con un cartel en el cual pidió el cese de la represión y la liberación del rapero Denis Solís, integrante del Movimiento San Isidro, en la actualidad fuera del país. En octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que su arresto y encarcelamiento califica como detención arbitraria.
Cubalex y grupo Justicia 11J: Documentan y sistematizan informaciones sobre las personas presas por las protestas del 11 de julio. Brindan servicios de asesoría y acompañamiento a numerosas familias, para conocer la situación legal de familiares y fechas de los juicios. Aseguran que en muchos de los casos existen faltas de garantías, fabricación de pruebas y penas desproporcionadas.
A fines de 2021, la organización Prisoners Defenders cifra en más de 840 las personas prisioneras por motivos políticos en la isla, en su mayoría por los hechos del 11J. Las autoridades cubanas niegan la existencia de presos políticos y subrayan que en todos los casos se sigue el debido proceso y apego al Código Penal vigente.
¿Qué depara el 2022?
Acelerar el consensuado plan de reformas económicas, abrir mayores cauces para la participación de actores sociales y reconocer y gestionar el disenso de manera pacífica, parecen retos inmediatos para el gobierno cubano.
Según expertos, el momento impone a las autoridades cubanas el desafío de mantener el equilibrio entre el control de la pandemia, la tranquilidad ciudadana, impartir justicia entre quienes se aprovecharon de las protestas para delinquir y liberar a quienes se abstuvieron de acudir a la violencia.
A ello deben sumarse la aplicación plena de la Constitución y su prontuario de derechos, junto con el impulso a las reformas económicas emprendidas en 2011, a fin de que mejore de manera perceptible la calidad de vida de la personas.
El otro gran reto apunta a impulsar la economía e implementar soluciones urgentes para los problemas sociales acumulados, a fin de mitigar expresiones de conflictividad social y frenar la sangría migratoria que compromete los planes de desarrollo nacional y agudiza fenómenos como el envejecimiento poblacional.
En dicho proceso, agregan, tiene un peso fundamental la prioridad a sectores vulnerables y de lento ascenso social, como adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes sin vínculo laboral y personas negras en comunidades desfavorecidas, entre otras.
La consulta popular del Código de las Familias, de febrero a abril, y el posterior referendo en el segundo semestre, emergerán como importantes espacios de participación política y medidor de consensos en torno a temas esenciales que impactarán en la vida sociopolítica de la nación.
El cronograma legislativo para 2022 incluye la aprobación de 27 leyes entre las que sobresalen el Código Penal, la de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional, la de Empresas, la de Transparencia y Acceso a la Información y la de Formas Asociativas.
No se vislumbra una recomposición de las relaciones con Estados Unidos, con una administración demócrata que deberá pasar la dura prueba de las elecciones legislativas de noviembre para tratar de mantener la mayoría al menos en alguna de las dos cámaras del Congreso y donde el tema Cuba carece de prioridad, excepto en el decisivo estado de Florida.
La reanudación de los servicios consulares en La Habana, la reactivación de mecanismos para el envío de remesas o el retorno de los vuelos comerciales directos pudieran ayudar a mejorar el clima político e impactar de manera positiva en el sector privado y la ciudadanía en la isla. (2022)
