El próximo 29 de mayo Colombia celebrará una de las elecciones presidenciales más esperadas de su historia contemporánea, cuando un binomio de izquierda pueda ganar y cuente con las herramientas para dar un vuelco al país, durante décadas en manos del conservadurismo.
Aunque siempre hay que observar con cuidado las entusiastas encuestas, pues son muchas las piedras que aparecen en el camino de los candidatos, todas indican que el binomio izquierdista integrado por el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creador de la coalición izquierdista Pacto Histórico, y su vice Francia Márquez, lideresa de derechos humanos en el Cauca, ganará la lid de fines del próximo mes para el período 2022-2026, sin derecho a reelección.
Son siete los aspirantes a la jefatura de gobierno. Junto al dúo del Pacto Histórico también aparecen el derechista Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia; Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza; Rodolfo Hernández, del Partido Conservador; Íngrid Betancort, por Partido Verde Oxígeno; Enrique Gómez, de Salvación Nacional; y Luis Pérez ,de Movimiento Ciudadano Colombia Piensa en Grande.
Solo tres, indican análisis políticos, tienen chance de mantenerse, si Petro pasara a una segunda vuelta. Ellos son ¨Fico¨ Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, y Fajardo, que ocupó igual cargo. Si hubiese balotaje pues ningún postulado ganara el 50% más uno de los votos válidos, será el venidero 19 de junio.
Petro, Gutiérrez y Fajardo resultaron vencedores de las consultas de izquierda, derecha y centro electos por voto popular de cara a las presidenciales, un día en que también los colombianos eligieron el Senado y la Cámara Baja, en las cuales obtuvo mayoría de escaños el Pacto Histórico.
LA DERECHA VIVE Y COLEA
El binomio izquierdista de Gustavo Petro y Francia Márquez son favoritos para ganar la presidencia de Colombia el próximo 29 de mayo. (Getty Images)
La elección presidencial del próximo mes reviste una singular importancia para Colombia: o sigue por el derrotero de la ultraderecha vendida a Washington o traza una nueva estratégica política de izquierda que permita transformar, al menos mínimamente, algunas estructuras neoliberales y enfrentar, de la manera más factible posible, los grandes males sociales del país.
La oligarquía y la casta política tradicional, aunque los conservadores no cuentan en el ámbito político funcional con delegados de puntería, no dudan en utilizar cualquier método para evitar que figuras progresistas o izquierdistas sean electos para cargos decisivos.
Márquez, negra y de origen humilde, está amenazada de muerte, y ella sabe, porque la vida lo demuestra con más de mil líderes sociales asesinados desde 2016, que corre peligro. Le pidió protección al presidente Iván Duque, a quien responsabilizó si algo le ocurre cuando apenas faltan unos dos meses para los comicios.
Lideresa de la defensa de los derechos humanos en el Cauca, en el suroeste colombiano, fue la segunda más votada en los comicios para elegir los aspirantes a la primera magistratura después de Petro. Para el ex alcalde y favorito a ganar la Casa de Nariño, ella fue la mejor selección que pudo hacer, por sus grandes méritos como dirigente social, y su valentía demostrada en uno de los departamentos más violentos del país.
Era de esperar que su designación levantara las críticas más mordaces en su contra. Márquez, al igual que Petro, tendrán en sus manos el poder para efectuar cambios en los otros poderes –así está plasmado en la Constitución Nacional- y ejecutar programas de corte social que cierren el paso al narcotráfico, el desempleo y los grupos paramilitares.
La violencia es la herramienta preferida por la casta dominante colombiana para impedir el avance de movimientos progresistas, aunque en los últimos años cometieron varios fallos y el pueblo, una vez más, tomó las calles.
Desde siempre esa oligarquía terrateniente de origen esclavista (que hoy es una casta financiera transnacional) usa la provocación violenta para generar alzamientos prematuros, aislarlos y golpearlos. Ha desaparecido a los dirigentes populares mediante la persecución y el asesinato selectivo.
Repasando con brevedad la historia más reciente, lo hicieron durante las huelgas de finales de la década de los años 20s del siglo XX (masacre de las bananeras), y antes y después de asesinar a Jorge Eliécer Gaitán (1948).
De ahí que traten ahora, con iguales métodos y otros más modernos, de crear un aura de terroristas en torno a Petro y Marques, aunque el pueblo colombiano, y es lo que se espera, reconoce en la burguesía departamental a sus enemigos de clase y a quienes los represetan en los próximos comicios.
Las clases pudientes encuentran en los líderes del Pacto Histórico a las figuras capaces de desencadenar un movimiento social y político, desde el gobierno, que ponga en peligro sus privilegios históricos.
No obstante, los izquierdistas necesitan sumar 6 000 000 de nuevos electores con relación a lo obtenido el 13 de marzo para ganar en la primera ronda. Ello llevaría a ampliar la coalición con el partido Liberal, del cual la militancia del Pacto Histórico no está convencida, pues su líder, César Gaviria, es el expresidente que implementó las políticas neoliberales en 1990 y tendrán que llegar a acuerdos con él, a lo que Márquez opone resistencia.
Empero, buscar acuerdos con sectores “tradicionales” es un mensaje público sobre el talante democrático del Pacto Histórico y sus candidatos. Muy importante cuando la derecha y los guerreristas tratan de posicionar la idea -como lo lograron hace cuatro años (2018)- de que “Petro es una amenaza para la democracia colombiana”, y ante la posibilidad cada vez más cercana de su triunfo electoral, iniciaron una campaña agresiva que incluye amenazas y llamados a armarse para defender su concepto de libertad.
En la mayor parte del territorio colombiano subsiste una dominación colonial. Los herederos de la vieja aristocracia terrateniente y esclavista se valen del Estado para controlar a la población. El clientelismo burocrático, corrupto y mafioso interviene en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de las poblaciones.
Márquez proclamó el concepto del Buen Vivir para, afirma, convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, al contrario de lo que ocurre ahora, donde cada día aumenta el número de víctimas de la violencia.
Para lograr tan importante y deseada meta, se infiere por los pronunciamientos de la dirección progresista y de izquierda, el diseño de una estrategia para acceder, como lo hace, a la presidencia por vías pacíficas, y llevar adelante, si la dejan, un proceso tranquilo y paciente de transformación de la sociedad.
Aunque tales criterios son muy válidos, parece que, visto de esa manera, resultará muy difícil el humanista proyecto. Washington no renunciará de manera fácil a desprenderse de su aliada guerrerista en la región latinoamericana, ni a sus planes –aunque precise de su petróleo- de derrocar a la Revolución Bolivariana a la que acosa de continuo, ni a las extraordinarias ganancias dejadas por el negocio de las drogas, ya que el gigantesco país es el principal consumidor del mundo y cliente favorito de Bogotá.
Petro y Márquez tendrán que hilar muy fino en la lucha ideológica y material que se les avecina, si ganan Nariño. Ellos representan el pensamiento y la acción del vanguardismo de los trabajadores, mujeres y jóvenes de las ciudades y de las comunidades campesinas, indígenas y negras, que han desarrollado durante las últimas dos décadas luchas sociales de gran importancia regional y nacional.
Desde 2008, con la Minga Social y Comunitaria y el paro de los cortaderos de caña; y hasta 2019 y 2021, los grandes movimientos sociales y partidistas opositores mantienen en las calles las movilizaciones que estremecieron los regímenes de turno. El paro nacional del pasado año contra la reforma tributaria devino un estallido social que impactó a Colombia durante varios meses, con una gran derrota para el ultraderechista Iván Duque.
PRESIDENCIA: UN ASUNTO MAYOR
No es un asunto menor hacerse de la Casa de Nariño en Colombia, considerado un narco-Estado (mayor productor y distribuidor de drogas en América Latina y El Caribe), con un mandatario derechista, Iván Duque peón de Estados Unidos (EE.UU), negado al cumplimiento de paz de los Acuerdo de Paz de 2016 en La Habana y protector de grupos paramilitares que crean el pánico en varios de los 32 departamentos del país y el distrito capital, Bogotá.
Preocupa también la economía. Ese país experimentó crecimiento económico a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), pero luego de dos años de pandemia de la COVID-19 los índices están contraídos. De una población de 50 000 000 de colombianos, más de 21 000 000 están en situación de pobreza.
Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indica que 3 600 000 personas ingresaron a la pobreza en el último año y 2 780 000 a la pobreza extrema.
Esa oficina gubernamental reportó que en 2021 la tasa de desempleo estaba en 13,7% y ello significó 3 350 000 desocupados. El DANE considera que aún faltan por recuperar 1 200 000 de puestos laborales para retornar a las cifras de empleo formal pre-pandemia.
Mientras, el conflicto armado, luego de 70 años, sigue en pie. Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se consideraron engañados ante las matanzas de exguerrilleros y la negatividad de Duque para respetar el Acuerdo de Paz, el Ejército de Liberación Nacional y otras fracciones guerrilleras continúan por la vía del combate para lograr la reestructuración nacional.
Es en ese contexto desfavorable para cualquier futuro mandatario que se encuentra la nación suramericana, enemiga gracias al dignatario actual, el ultraderechista Iván Duque, de la vecina Venezuela, a la que hace una guerra no declarada, y constituye el mejor aliado –según afirma- de Washington y sus siete bases militares instaladas en su territorio.
