LAS TUNAS, Cuba. — Personas de buena fe, pero no suficientemente enteradas del manejo de la sociedad cubana por parte del Estado, se han asombrado por la criminalización de las protestas cívicas ocurridas en julio de 2021 (11J) en diversas ciudades del territorio nacional y por las desmesuradas sanciones impuestas por los tribunales a los manifestantes. Pero incluso en los mejor informados no es raro el asombro, pues una cosa es el enunciado del cuerpo legal y otra el espíritu de las leyes y el de los operadores que las hacen cumplir.
“Los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”, dice el artículo 150 de la Constitución. Pero esa es una de las tantas ficciones del Estado totalitario: del mismo modo que en Cuba un campesino no es libre para vender a quien mejor estime conveniente la leche de sus vacas, tampoco un magistrado es independiente para pronunciar una sentencia.
Siguiendo esos patrones de conducta, que atan desde a los niños en las escuelas hasta a los más circunspectos catedráticos en las universidades, desde hace semanas, en aquellos lugares donde ocurrieron manifestaciones y protestas a partir del 11 de julio, hemos visto a magistrados y jueces imponer a los manifestantes acusados de sedición, desacato, atentado, resistencia, alteración del orden público y otros delitos sanciones particular y uniformemente severas, que recuerdan más las cláusulas de un sargento haciendo cumplir el reglamento de un cuartel que la actuación en su función de impartir justicia de quienes son reputados como “independientes”.
¿Por qué todas las sanciones impuestas por los tribunales a los acusados del 11J en toda Cuba recuerdan un patrón cortado por la misma tijera de un sastre ramplón? Pues porque así funciona la “administración de justicia” en la Isla. Los manejadores de las leyes actuaron en concierto, cumpliendo “la indicación” recibida, la que fue confesada ante las cámaras de la televisión nacional. Eso lo alertamos en este mismo sitio recién ocurridas las primeras detenciones en julio de 2021.
La policía estaba a la caza de manifestantes en una redada desplegada en todo el archipiélago cubano cuando la noche del miércoles 14 de julio de 2021 comparecieron en el programa de la televisión Hacemos Cuba la fiscal jefa de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR), Lisnay Mederos Torres, y la coronela del Ministerio del Interior (MININT) Moraima Bravet Garofalo, jefa de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones. Ambas informaron sobre las acusaciones que cursarían contra los participantes en las protestas, detenidos ya unos, mientras que otros todavía se encontraban en proceso de investigación para su detención.
Aunque la fiscal Mederos Torres aseguró que la FGR respetaría y protegería los derechos constitucionales del debido proceso que asiste a los acusados, fue la coronel del MININT Moraima Bravet Garófalo quien aquella noche, de forma involuntaria, filtró que ya había una decisión respecto a las medidas jurídicas a tomar con los manifestantes y anunció las largas condenas de cárcel con que hemos visto sancionar a todos los incriminados por las manifestaciones del 11J. “La indicación que tenemos es mayor severidad”, dijo la oficial en aquella ocasión.
Cuando la máxima responsable de la investigación penal en Cuba asegura en televisión que “la indicación que tenemos es mayor severidad”, quiso decir que recibieron la orden de acusar judicialmente a los detenidos no sólo por los delitos conceptuados en el Código Penal con penas privativas de libertad mayores, sino también aplicando circunstancias agravantes que conducirían a sanciones más severas. Dicho de otro modo: haciendo que, de concurrir en un presunto delito varias circunstancias agravantes o por manifestarse alguna de ellas de manera muy intensa, el tribunal aumentaría hasta la mitad el límite máximo de la sanción prevista. Bajo esa máxima, un delito cuya sanción máxima sería de 10 años, la privación de libertad se incrementaría hasta 15 años, y en uno de 20, podía transformarse en hasta 30 años de cárcel.
Las largas condenas que hemos visto producirse en los últimos meses o semanas, más que producto de investigaciones penales, de peticiones fiscales y de sentencias de magistrados y jueces son el resultado de una “indicación” del Estado totalitario dirigido por el Partido Comunista. Así lo anunció de forma temprana la coronel del MININT Moraima Bravet Garófalo cuando compareció en la televisión y dijo: “La indicación que tenemos es mayor severidad”. Las condenas ya estaban anunciadas cuando las acusaciones contra los manifestantes del 11J todavía no conformaban expedientes de fase preparatoria en las fiscalías y mucho menos causas penales en ningún tribunal de Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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