HAVANA CLIMA

Otros 70 cubanos repatriados a la isla

La Guardia Costera estadounidense repatrió a 70 cubanos el viernes, 8 de abril, detenidos en ocho operaciones diferentes frente a los Cayos de la Florida.

Los migrantes fueron trasladados a bordo del buque guardacostas Charles Sexton, informó la agencia federal en un comunicado.

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Manolín afirma que EE.UU es “un país asqueroso”

El salsero cubano Manuel González Hernández, conocido como “Manolín, el médico de la salsa”, afirmó en sus redes sociales que Estados Unidos era “un país asqueroso”. Manolín que en la actualidad no es un gran admirador de esa nación, aunque vivió allí, lanzó fuertes críticas contra esa sociedad tras la matanza a tiros en una escuela primaria de Texas.

“No hay nada bueno en un país donde los niños mueren y mueren años tras años de la manera más cruel en su lugar más sagrado, las escuelas. Cualquier otra cosa buena que tenga ese país, es mierda si tiene esas desgracias. Y mientras no se resuelva esa desgracia, es un país asqueroso”, escribió.

El artista añadió luego que esto era “inaudito” y “la sociedad de USA es el ejemplo de lo que no debe ser una sociedad. ¿Qué hace USA arreglando el mundo cuando no puede arreglar su propia casa?”.

“Un país donde las escuelas de los niños sean el sitio más peligroso y años tras años mueran 15, 20, 30 masacrados, ametrallados, pues ese es un país asqueroso”, reiteró.

Manolín, que retornó a Cuba el año pasado, ha recibido decenas de comentarios como referencia a su actitud cambiante y ha sido considerado por varios de sus seguidores como “vocero de la dictadura cubana”.

En el mismo post, Manolín dijo que el gobierno de EE.UU  “es de locos” e incapaz de castigar “a una asociación de rifles que vende armas y es la causante de tantas masacres”.

“En este mundo suceden cosas horrorosas, pero esto que pasa en USA y que ya es costumbre es la peor de todas”, afirmó. Además, señaló que un niño ametrallado en su propia escuela “es la más cruel, inhumana e imperdonable de todas las muertes”.

Manolín aclaró que “no porque en USA maten a los niños en las escuelas, Cuba deja de ser una dictadura”.

“En México te pueden secuestrar, en Cuba te pueden caer a palos y cárcel si dices Díaz-Canel sin…, en Venezuela te pueden matar en la calle, en Israel te pueden matar un suicida palestino. Pero donde años tras años masacren, ametrallen a 15, 20, 30 niños en su lugar más sagrado, las escuelas; ahí donde pase eso y ya sea costumbre, ese es el peor lugar del mundo con diferencias”, agregó.

Manolín, residió por varios años en Estados Unidos, pero ha expresado en varias ocasiones su determinación de no regresar a ese país, porque se siente “asqueado”.

“Yo me fui de Miami y más nunca voy a ese lugar, no pude soportar más, ver a un millón de cubanos hablando mierda las 24 horas del día como si les faltaran los brazos y los pies”, concluyó.

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Aboga Luis Arce por la autodeterminación de los pueblos

La Habana, 27 may (ACN) Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, abogó hoy, en esta capital, por que se respete la autodeterminación de los pueblos y la pluralidad de las naciones latinoamericanas que, lejos de hacernos más débiles nos fortalece.
Al intervenir en la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en el Palacio de la Revolución, aseguró que el ALBA-TCP constituye una alianza para la vida, la solidaridad, la cooperación y la paz.
Ratificó las relaciones de amistad con el pueblo de Cuba y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente del 6 de mayo en el hotel Saratoga de La Habana.
Arce Catacora significó que los ideales libertarios siguen vivos y vigentes e iluminan a Nuestra Patria Grande.
Consideró que este año la Cumbre se convoca en un momento de especial trascendencia ante el complejo escenario mundial.
Bolivia es un país pacifista y creemos en la solución pacífica de las diferencias, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo y la carta de las Naciones Unidas, agregó,
Dijo que la decisión arbitraria de la administración norteamericana de excluir a algunos países de la región de la IX Cumbre de las Américas ha debilitado a ese cónclave, lo cual refleja que no existe una voluntad real de cambiar su política con las naciones que piensan diferente.
Bolivia rechaza la exclusión de pueblos hermanos, no asistiré mientras se excluyan a los otros, subrayó.
Lea aquí: Insiste Cuba en unidad e integración de Latinoamérica y el Caribe
El presidente boliviano demandó el cese de todas las formas de hostilidad hacia Nuestra América, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperio estadounidense a Cuba, y de las sanciones a Venezuela y Nicaragua.
Con bloqueo nunca se podrá construir un futuro sostenible y equitativo, ello dependerá de la capacidad de unirnos para enfrentar los múltiples desafíos que presenta la humanidad, apuntó.
Llamó también a no bajar la guardia ante la pandemia de la COVID-19, y a concentrar las miradas y esfuerzos en una distribución más equitativa de las vacunas para que lleguen a quienes en la región no las han recibido.
América Latina es un territorio de paz, solidario y libre de armas nucleares, condenamos que la unidad de la Patria Grande la determinen aquellos que nos ven como su patio trasero, concluyó.

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