LA HABANA, Cuba. – José Alberto Álvarez Bravo, coordinador de la Coalición Antidictatorial Internacional, intentó llevar a cabo, en el año 2014, un proceso judicial contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).
Ningún Tribunal, por supuesto, condenó al monopolio de las telecomunicaciones del régimen cubano, pero al menos la demanda fue presentada ante un tribunal en base al incumplimiento, por parte de ETECSA, del contrato de telefonía celular prepago de Álvarez Bravo.
El corte
En 2014, tras varios meses de acoso y represión, la Seguridad del Estado decidió, a través de ETECSA, suspenderle el servicio de telefonía móvil al opositor, una práctica contra activistas y periodistas independientes cubanos que, en vez de desaparecer, se ha vuelto más habitual.
De acuerdo con el activista, el motivo para el corte de su servicio fue su participación en un espacio digital llamado “Cuba exige”, un proyecto en el cual se grabaron entrevistas en video a miembros de la sociedad civil independiente que opinaban sobre qué modelo de sociedad querían los cubanos.
“Todo comenzó en el 2011. Yo vivo a una cuadra de la Sección de Refugiados de la Embajada de Estados Unidos, que en aquel momento estaba en J y Malecón, por lo que muchas personas de la sociedad civil independiente y otras que lo que querían era salir del país, comezaron a reunirse en mi casa”, cuenta.
Precisamente, la represión de la Policía política comenzó cuando el grupo de más de 20 personas creó un espacio público denominado “Velada Ciudadana”.
“A partir de ese momento, los agentes del régimen comenzaron a operar violentamente y, al ya no poder juntarnos en un espacio físico como los parques, decidimos hacerlo entonces en un espacio digital y creamos ‘Cuba exige’”.
El contraataque contra “Cuba exige”, según Álvarez Bravo, fue la creación, en el noticiero estelar de la Televisión Cubana, de un programa nombrado “Cuba dice”.
“Más adelante, el ataque fue directo contra mí, pues me suspendieron el servicio de telefonía, o sea, me clausuraron la línea”, acota.
El 6 de enero de 2014, Álvarez Bravo acudió a la oficina de ETECSA ubicada en las calles 17 y A del Vedado para averiguar el motivo del fallo de su línea telefónica. Allí le comunicaron que su línea tenía “un problema operativo” y lo enviaron a la que era entonces la Gerencia de Cubacel, en la calle 28, entre 5ta y 7ma, en Miramar. Hasta allí fue acompañado por el opositor Manuel Cuesta Morúa.
“Él llevaba tiempo denunciando el hecho de que le habían bloqueado su comunicación de telefonía móvil. Fuimos allí y le dieron una atención bastante rara: le dijeron que una persona se iba a comunicar con él para tratar de solucionar el asunto, pero al final todo quedó en palabras y en promesas”, relata Cuesta Morúa.
El líder opositor también recuerda que en aquel momento Álvarez Bravo había desarrollado “una de las acciones más estresantes en la oposición, que era la de convocar a personas para que se reunieran en los parques, para hacer pública la expresión del disenso y normalizar el trabajo de la sociedad civil”.
“El Gobierno lo sancionó por su acción cívica y nunca le restituyeron su número telefónico, por lo que tuvo que sacar otro”, apunta Cuesta Morúa.
El proceso legal
Debido a la inacción de ETECSA con respecto a la suspensión de su línea y la no indemnización de su saldo (unos 200 CUC), Álvarez Bravo decidió contratar a una abogada para que lo representara legalmente en una demanda contra la empresa.
“La abogada fue escalando por diferentes lugares y al final, en la jefatura principal de ETECSA, en el Centro de Negocios de Miramar, le dijeron que mi línea no tenía ningún problema técnico, que no entendían mi queja y que iban a estudiar el caso”, cuenta.
A partir de ese momento, Álvarez Bravo y su abogada decidieron iniciar una demanda contra ETECSA ante los tribunales por vulnerar los derechos de un cliente e infringir sus obligaciones contractuales.
CubaNet contactó a la abogada contratada por Álvarez Bravo, quien respondió algunas de las preguntas de este medio y aceptó referirse al caso si se omitía su nombre.
“La audiencia no desarrolló el proceso pues la demanda, que solicitaba a ETECSA retomar el contrato con su cliente y, en caso de no hacerlo, devolverle el dinero que tenía como saldo, tenía una cuantía inferior a los 10 000 pesos, que es la cifra por la que se presenta un proceso en el Tribunal Provincial”, explicó la letrada.
Sin embargo, a pesar de que la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana acordó “no admitir ni sustanciar” la demanda promovida por Álvarez Bravo, un año después la Empresa de Telecomunicaciones cambió su contrato vigente en ese tiempo.
El opositor considera que ese fue el fruto de sus acciones contra la empresa, pero su abogada no es tan categórica: “No tengo ni idea, la verdad, porque en definitiva la demanda no prosperó”, aseguró a este medio.
No obstante, los hechos sí son claros: Álvarez Bravo había firmado su contrato con ETECSA en el año 2009 y cinco años después, al momento de la demanda (2014), existían en el documento solo 15 cláusulas. En mayo de 2015, al contratar una nueva línea telefónica, ya tuvo que firmar un nuevo contrato con 32 cláusulas y un anexo, que se mantiene vigente hasta la actualidad.
Esta reportera preguntó a ETECSA, a través de su perfil de Twitter, cuáles habían sido las causas de la actualización del contrato en 2015 y, aunque la empresa respondió, evitó referirse a la causa específica de ese cambio.
“El contrato (..) es dinámico y está basado en la legislación que establecen los órganos reguladores del país, por lo que se va modificando de acuerdo a la evolución de los servicios ya existentes, así como de otros nuevos que vayan surgiendo”, se limitó a responder la empresa.
Para José Alberto, “lo que tiene diferenciado con el contrato inicial es que aquí te dicen claramente que el dinero que tengas en la cuenta no te lo van a devolver, y esa fue una de las razones que expusimos al Tribunal. Además, en las 15 cláusulas en ningún momento se habla de qué va a suceder en el caso de que se produzca una interrupción en el servicio de manera definitiva”.
¿Demandar a ETECSA?
Según un artículo de El Toque Jurídico publicado en julio de 2021, “la mayoría de los contratos comerciales establecen un mecanismo de solución de conflictos internos que permite a la parte afectada exigir una respuesta acerca del incumplimiento de su contraparte y ETECSA posee esta herramienta en el contrato que ofrece a sus clientes”.
Ese medio también explica que puede presentarse ante un Tribunal una demanda de incumplimiento de contrato de servicios debido a que “los conflictos de las partes pueden ventilarse fuera de la relación contractual ante un tercero ‘imparcial’”.
De acuerdo con Julio Ferrer Tamayo, jurista del Centro de Información Legal Cubalex, “ETECSA es una entidad privada la cual presta un servicio público, la telefonía fija y móvil en Cuba, actividad que realiza dada la concesión administrativa otorgada por el Estado cubano, por lo que un ciudadano puede perfectamente demandarla por incumplimiento de sus obligaciones contractuales amparado por el artículo 7 de la Ley No. 142 Del Proceso Administrativo”.
Asimismo, el abogado alega que no se producen más demandas en el contexto cubano debido a la ignorancia jurídica de los ciudadanos respecto a temas como este.
“El ciudadano común para establecer una demanda de esta naturaleza, debe hacerse representar por un abogado que debe ser miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y que por lo general son reticentes a contratar asuntos de esta naturaleza en los que el demandado es el Estado o algunas de sus dependencias”, aclara Ferrer Tamayo.
No obstante, para la también abogada de Cubalex Giselle Morfi, las personas no demandan a ETECSA “porque creen (con razón) que el Tribunal se pondrá de parte de la administración y esa desconfianza les hace no hacerlo muchas veces”.
“Es una lucha muy dispar porque al ser esta el monopolio de las comunicaciones en Cuba, la persona no puede cambiarse de compañía y entonces eso es otra de las causas que evita que las personas ejerzan sus derechos fundamentales”, explica.
Además de la demanda interpuesta por Álvarez Bravo, hasta el momento no se conoce el caso de ningún otro cubano que haya intentado iniciar este proceso contra el monopolio de las comunicaciones, según dijeron a CubaNet varios abogados independientes, así como opositores y activistas consultados.
Álvarez Bravo, casi una década después de su demanda contra el monopolio estatal de las telecomunicaciones en la Isla, sigue esperando “el día en el que el derecho del ciudadano sea una prioridad para el Estado”, dice a CubaNet. “El día en que todo lo que se legisle y se haga en nuestro país tenga como centro fundamental el interés y el derecho del ciudadano”, termina.
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