LA HABANA, Cuba.- Privación de atención médica, de líquidos, alimentos y del sueño, agresiones físicas, humillaciones, maltrato verbal, confinamiento en solitario como forma de castigo, trabajos forzados y amenazas, son algunos de los patrones de malos tratos y torturas cometidos por el régimen cubano contra los presos políticos y sus familias, y registrados por Prisoners Defenders (PD) en informe presentado este martes ante el Comité Contra la Tortura de las Organización de Naciones Unidas.
Pese a que PD registra 1 167 presos políticos actualmente en Cuba, y a que en el país se denuncian violaciones de derechos humanos desde hace décadas, la organización elaboró el informe teniendo en cuenta los casos más recientes, la mayoría de ellos tras las protestas del 11 de julio (11J) de 2021.
La información fue extraída directamente de las víctimas, familiares, compañeros presos y/o allegados directos siempre y cuando fueran testigos de primera mano de lo acontecido, siendo corroborada y cotejada con las bases de datos de PD.
La ONG, con sede en Madrid, fue invitada a presentar informaciones para lo cual tuvo que sobrepasar numerosas dificultades como la ausencia de mecanismos de reporte de las autoridades sobre los encausados, la prohibida presencia de ONG internacionales de derechos humanos en la isla, e incluso las relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como el miedo extendido en la población a hacer denuncias de este tipo.
Del total de víctimas, tres eran menores de edad en el momento de la detención (Jonathan Torres Farrat, Brandon David Becerra Curbelo y Rowland de Jesús Castillo Castro), y 14 tenían 21 años o menos. De estos, el joven de 17 años Jonathan Torres Farrat es el que mayor número de torturas acumula (al menos 8 de los 15 patrones).
La víctima con la mayor intensidad de las torturas es el líder de la UNPACU José Daniel Ferrer García, detenido desde el 11J y quien “está recibiendo ataques sónicos constantes desde hace 260 días, a lo que se suma ahora un envenenamiento químico desconocido, y que está encerrado todo ese tiempo aislado, y en una celda de castigo preparada tecnológicamente para estas torturas. Su degradación física y psicomotriz es paulatina debido a esta tortura constante destinada a asesinarle lentamente”.
De los 101 casos, 55 han sido acusados del supuesto delito de “desórdenes públicos”, 48 de “desacato”, 39 de “atentado”, 20 de “sedición” y 14 de “instigación a delinquir”; delitos todos fabricados por las autoridades, algunos de ellos incluso contrarios a las normas internacionales.
Las denuncias suponen una violación, por parte de Cuba, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (firmada y ratificada por la Isla), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas.
“El Estado Cubano tiene un extenso historial de violaciones de derechos humanos las cuales acomete con carácter sistemático y generalizado sobre diversos sectores de la sociedad civil, especialmente los que se reconocen frontalmente como disidentes o disconformes con el sistema. Entre ellas la tortura, sistemática y generalizada sobre grupos de individuos, es una de las violaciones de derechos humanos comunes en la isla, hecho que viene siendo reportado por numerosísimos casos que han tenido acogida tanto en Naciones Unidas, en la CIDH, como en ONG de todo el mundo”, asegura PD.
Para la organización, a raíz del 11J Cuba “ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas con miles de detenciones arbitrarias, centenares de convictos de conciencia, así como centenares de reportes de torturas, especialmente contra activistas, opositores y sus familiares, pero también contra los civiles manifestantes que fueron procesados por ejercer la libertad de expresión pacíficamente, y contra sus familias”.
El informe de denuncia será revisado por el Comité contra la Tortura en su próximo período de sesiones, entre el 19 de abril y el 13 de mayo próximo.
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