MIAMI, Estados Unidos. — Humberto López, abogado y periodista de la Televisión Cubana, justificó este miércoles las largas condenas de cárcel contra varios de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021.
En una publicación colgada en Facebook, el vocero oficialista desglosó los apartados que se habrían tenido en cuenta a la hora de juzgar a los manifestantes, quienes —asegura— fueron procesados en apego al principio del debido proceso.
En referencias a las protestas que tuvieron lugar en Toyo (Diez de Octubre) y La Güinera (Arroyo Naranjo) —calificadas por él como “hechos vandálicos”— López indicó que 129 personas fueron juzgadas por su participación en las mismas. Además, señaló que un acusado fue absuelto y otro sancionado a una pena no privativa de libertad, que será castigada con trabajo correccional sin internamiento.
“Tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral se presentaron las pruebas suficientes de forma individual para sostener la acusación de cada uno de ellos. En el juicio oral se practicaron las pruebas, se debatieron con la intervención de la Fiscalía y los abogados de la defensa, y el Tribunal arribó a sus conclusiones”, precisó el también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Pese a que decenas de manifestantes del 11J y sus familiares han denunciaron violaciones de todo tipo en los juicios realizados, Humberto López asegura que en los mismos se presentaron disímiles pruebas demostraron la culpabilidad de la mayoría de los acusados, así como testimonios de testigos que respondieron a las interrogantes formuladas por todas las partes.
“En estos juicios, tanto la Fiscalía como los abogados, presentaron y debatieron un amplio material probatorio. La Fiscalía con el propósito de sostener sus acusaciones y demostrar la participación de cada uno, y los abogados con el fin de ofrecer una defensa coherente con los derechos y garantías de sus representados. Tuvo relevancia particular, el considerable número de vídeos y fotos publicados en redes sociales por los propios acusados demostrando su participación directa en los hechos”, sostuvo el comunicador.
Respecto a las condenas más elevadas, López dejó claro que fueron decretadas contra aquellos “que tuvieron una participación directa en las acciones vandálicas más violentas y agresivas y que fueron contundentemente probadas de forma individual durante la investigación y el juicio”.
“Las penas más elevadas se correspondieron a quienes concurrían en alguna de las circunstancias agravantes que prevé el Código Penal, en algunos casos se apreciaba más de una circunstancia”.
El vocero precisó que las condenas de entre 20 y 30 años correspondieron al delito de sedición. Subrayó, además, que quienes fueron sentenciados a largas penas “buscaban alterar el orden constitucional establecido en el país, y con ello poner en riesgo la seguridad del Estado, mediante una grave alteración del orden en la que además se empleó violencia y se cometieron hechos vandálicos”.
Humberto López también negó que haya niños presos o condenados por participar en las protestas del 11J, asegurando que todos los sancionados sobrepasaban los 16 años.
“El Código Penal vigente establece en su artículo 16.2 que la edad para exigir responsabilidad penal es de 16 años cumplidos en el momento de cometer los hechos. En ninguno de los casos se sancionó a menores de 16 años”, puntualizó el jurista.
De acuerdo con el comunicador, fueron sancionados 31 acusados que se encuentran entre 16 y 20 años de edad.
“En todos los casos se aplicaron las reglas acordes a sus edades, que incluyen la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. Para los de 16 a 18 años esos límites pueden ser reducidos hasta la mitad, y en los de 18 a 20 hasta 1/3. De estos jóvenes, uno es multireincidente y dos reincidentes”.
López también apuntó que a 22 de los manifestantes entre 16 y 20 años “se les probó una mala conducta social, además sin vínculos laborales o estudiantiles”.
El vocero oficialista aseguró que los manifestantes procesados por las protestas ocurridas en Toyo y La Güinera nombraron a su abogado de elección y agregó que, “los que no lo hicieron, tanto por alegar que no contaban con recursos como que no lo deseaban, se les asignó de oficio”.
“El pago total de los abogados de oficio lo asume el presupuesto del Estado, con ello consolida su postura de respeto al derecho a la defensa, consagrado en la Constitución de la República”.
Humberto López culminó alegando que todos los sancionados podían recurrir a las sentencias.
“De acuerdo a la ley vigente, y tomando en cuenta que los juicios se desarrollaron en el Tribunal Provincial Popular, todos tienen la posibilidad de establecer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular. Para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de la notificación de sus sentencias”.
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