A sesenta y tres años del triunfo de nuestra Revolución ––guiados por la ideología patriótica mambisa martiana de libertad política, justicia social y antimperialismo–– y como veterana del proceso revolucionario, no puedo entender que los tribunales hayan condenado a esa barbaridad de años a un grupo de jóvenes que participaron, hace ocho meses, en las manifestaciones espontáneas del 11 y 12 de julio del 2021, reclamando la solución a la crisis de vulnerabilidad por la que atraviesan su familia y el pueblo cubano, de escasez y altos precios de los alimentos, medicamentos y otras necesidades que los condenan a la pobreza.
Los tribunales los han condenado por sedición y hurto. El estallido social provocó manifestaciones espontáneas en toda la Isla. No conozco evidencia alguna que demuestre la participación de todos estos encausados en hechos vandálicos, en lanzar piedras, palos y cocteles Molotov. Aun así los tribunales los han juzgado y condenado injustamente, pues la manifestación ocurrió de manera espontánea por el derecho a exigir sus derechos, y no fue por sedición (o sea insurrección, rebelión o conspiración), Tampoco por hurto, aunque unos delincuentes aprovecharon para asaltar las tiendas y llevarse las mercancías, por lo que sí deben responder ante la ley.
Los manifestantes no portaban armas, tampoco estaban vinculados y orientados por el imperialismo estadounidense, ni liderados por organización contrarrevolucionaria en Cuba. Nada de esto vimos los días 11 y 12 de julio por televisión, ni en los noticieros y publicaciones posteriores, ni en ningún parte oficial y en las redes sociales. Como tampoco una organización contrarrevolucionaria se arrogó el liderazgo del estallido social y de las manifestaciones.
Quien sí portaba armas y objetos para agredir a los manifestantes fue la policía, así como hombres y mujeres vestidos de civil, que los atacaron a golpes sin respetar a menores de edad. Uno de ellos mató a tiros a un participantes en el estallido, y hasta hoy no ha sido juzgado.
Ante estos hechos vuelve a mi memoria la manifestación fúnebre que por primera vez se produjo en Santa Clara, el 27 de mayo de 1957. La dictadura, y por ende el aparato policíaco y represivo, había dado la orden de enterrar a los mártires solo con la familia.
La juventud que se fue congregando en la funeraria, donde se velaban los cuerpos de Agustín Gómez Lubian, Chiqui, y Julio Pino Machado —muertos por la explosión ocurrida en una de las acciones que realizamos el día anterior—, se negaba a cumplir las órdenes del Tte. Coronel Cornelio Rojas de quitarse los brazaletes y otras exigencias, por lo que el militar se vio forzado a dirigirse a Margot Machado (una de las dirigentes provinciales del MR 26-7 y madre de Julio, jefe de acción insurreccional en la ciudad) para que lo obedecieran.
Transcurrían las horas y los jóvenes se enardecían cada vez más ante la insistencia de Cornelio Rojas de enterrar a los muchachos solo con la familia, como había orientado desde la capital de la República el Brigadier Pilar García.
Fue así como decidieron —junto con Margot—, rebelarse a esa orden y recorrer el camino al cementerio acompañando los cuerpos de los jóvenes caídos. Así lo hicieron. Hombres, mujeres y niños emocionados se fueron aglomerando en las aceras, desde donde muchos se incorporaron durante el trayecto, mientras se escuchaba por la radio la música fúnebre. Cornelio Rojas, acompañado del cuerpo policíaco, los custodió durante el recorrido y situó en el cementerio perseguidoras y ambulancias ante la posibilidad del estallido revolucionario.
De izquierda a derecha: De la Policía Nacional en Santa Clara: tte. Hernández, tte. coronel Cornelio Rojas; de traje civil Humberto Pérez Ríos, ex presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal para Maestros de Las Villas; Gladys Marel, sobreviviente de la acción; a mi derecha el agente del SIM conocido como «Ojos lindos»; el sargento La Rosa con espejuelos y el cabo que me hizo prisionera.
De aquellos acontecimientos solo yo permanecí prisionera y fui juzgada durante dos meses.(1) En el último juicio, efectuado el 29 de julio de 1957, me enfrenté a mis acusadores y al fiscal que me pedía diez años de privación de libertad, pero el Dr. Espinosa, mi abogado criminalista, logró sacarme absuelta.
A pesar de las evidencias encontradas —entre otras: fósforo vivo, cartas del contacto con Santiago de Cuba, proclamas, el documento manuscrito de Fidel Castro con las orientaciones al aparato militar clandestino para la ejecución de acciones y sabotajes, y otros documentos y notas—; el abogado, contratado con el dinero que teníamos para los gastos de la graduación de la Escuela Normal para Maestros de Las villas, logró influir en los magistrados argumentando que estas supuestas evidencias fueron introducidas en mi habitación por los que hicieron los registros.
En este sumario influyeron las gestiones que se hicieron con los magistrados, entre otros de mi compañera de estudios María Luisa Trelled, hija de uno de ellos; gestiones con el Fiscal, por su primo, el sacerdote de la Iglesia del pueblo de Esperanza; el apoyo de profesores y alumnos, manifestaciones, y otras.
Soy testigo y participante de numerosas manifestaciones de calle, a gritos contra el Golpe de Estado, por el restablecimiento de la Constitución y contra la dictadura. No me es posible entender que al líder de la insurrección, rebelión y Revolución Cubana, Fidel Castro, se le haya condenado a quince años por los tribunales, y que en menos de dos años se liberara a los moncadistas por una amnistía; en tanto a los jóvenes que se manifestaron en julio de 2021 se les condene a penas tan elevadas por una insurrección que no existió.
Por mi honor, al juramentarme con Chiqui y Julio para seguir luchando a nombre de los tres contra la injusticia, escribo este testimonio demandando la liberación de estos jóvenes, cuyo delito ha sido defender el sustento y las necesidades de sus hijos, padres, familias, amigos y el pueblo de Cuba.
Es necesario que se revise el proceso de condenas, se libere a los detenidos que solo se manifestaron y se establezcan penas ajustadas al delito a los que cometieron actos de vandalismo.
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(1) Ver mi expediente judicial por estos hechos, en la Causa 545 del Tribunal de Urgencia, en la Audiencia de Santa Clara, en mi archivo personal y en el archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
