La Habana, 21 mar. – Entre las nuevas legislaciones que en abril debe aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular figura la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cuba (Ley SSAN), la cual servirá de sustento jurídico del plan estratégico con que cuenta el país en esta materia.
En la redacción de su anteproyecto participaron 22 organismos encabezados por el Ministerio de la Agricultura, 12 organizaciones superiores de dirección empresarial, 11 organizaciones de la sociedad civil, académicos, instituciones científicas, universidades y productores, y en los últimos meses el texto ha sido enriquecido en consultas y escenarios diversos en presencia de diputados.
Lo primero que nos debe quedar claro es entender la soberanía alimentaria como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, con respecto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental.
En medio de una coyuntura bien compleja en la cual convergen el impacto de la COVID-19, del recrudecido bloqueo estadounidense, de la desmedida inflación mundial y en el país, las insuficiencias internas, la escasez de bienes y servicios y un 2021 considerado como el peor año del último decenio de la agricultura cubana, a muchos les puede resultar difícil comprender la esencia e importancia de la futura Ley SSAN.
Realmente, una estrategia de comunicación y cultura alrededor de este asunto está en marcha, quizás no aun con toda la intensidad e intencionalidad necesarias, pero abarca seminarios, talleres, mayor presencia del asunto en los medios informativos, debates e intercambios con productores, especialistas, funcionarios, en las escuelas y con la población.
A fin de cuentas, además de objeto debemos convertirnos en sujeto, dejar de ser pasivos consumidores de todo cuanto se haga con vistas a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional la cual, reiteramos, contempla el derecho de toda persona de contar con una alimentación sana.
La sustitución de importaciones y el desarrollo de los recursos endógenos de los territorios constituyen ejes estratégicos del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (SAN), cuya implementación es prioridad.
Por eso en cuanto se apruebe el marco legislativo que permita su instrumentación, a ambos mecanismos hay que ponerle acción a la vez que se continúan buscando alternativas dirigidas a, en un corto plazo, producir más viandas, hortalizas, granos, frutales y cárnicos en Cuba.
La propuesta de ley regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, y pauta un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas alimentarias.
Incluso, el texto establece las responsabilidades en ese ámbito de los sistemas de salud, educación, cultura y comunicación social.
En sus recientes encuentros con representantes de diversos sectores y territorios, el educador popular brasileño Frei Betto argumentó cómo fomentando desde edades tempranas, en las escuelas, en el hogar y en la comunidad una cultura de buenos hábitos nutricionales se puede contribuir a reducir las importaciones de alimentos en Cuba, que cada año ameritan una inversión de más de dos mil millones de dólares.
El también Asesor del gobierno cubano para el diseño e implementación del Plan SAN destacó la necesidad de crear conciencia alrededor de este asunto, por su impacto, además, en la prevención de enfermedades.
Consideró que en el consumo de los alimentos existe desconocimiento y falta de sanos modales y hábitos, y aún muchos no valoran cuánto sacrificio, gastos de recursos y esfuerzos hay detrás de la cadena productiva.
