MADRID, España.- El régimen cubano dictó sentencias contra 128 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo.
Más de 30 de los acusados recibieron las excesivas condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de Sedición y Hurto.
De las 129 personas juzgadas entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022 solo fue absuelto Nayn Luis Marco Molinet, por no demostrarse su participación en los hechos.
Las mayores condenas fueron para Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, sentenciados a 30 años de privación de libertad.
Según una nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo Popular, los acusados provocaron “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
Con respecto a los manifestantes de Toyo, las autoridades del régimen consideraron que “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta”.
Mientras que sobre los acusados de La Güinera, manifestaron: “Salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar”.
En las manifestaciones de La Güinera murió el joven Diubis Laurencio Tejeda, debido a un disparo del subteniente de la Policía Yoennis Pelegrín Hernández.
Entre los sentenciados este 16 de marzo se encuentran 6 menores de edad, para quienes se ignoró la reducción de condena pedida por el fiscal.
Son los casos de: Brandon Becerra (13 años de prisión), Kendry Miranda Cárdenas (19 años de prisión), Lázaro Noel Urgellés Fajardo (14 años de prisión), Rowland Jesús Castillo Castro (18 años de prisión), Giuseppe Belaunzarán Guada (10 años de prisión) y Brayan Piloto Pupo (13 años de prisión).
De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, “como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”.
El grupo de trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias Justicia 11J ha registrado hasta la fecha la detención de 1 442 personas relacionadas con las manifestaciones del 11J. De ellas, 756 continúan en centros de reclusión, 14 de las cuales son menores de 18 años y 77 son mujeres.
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