La invasión a Ucrania ha permitido a Vladimir Putin acabar con uno de los mayores legados de Mijail Gorbachov: la glasnost. Gorbachov hizo las reformas que ulteriormente condujeron a la defunción de la Unión Soviética, basadas en la perestroika y la glasnost, ambas orientadas a la transparencia en la sociedad soviética, y que levantaron cierta admiración en el mundo occidental. En términos prácticos, surgió una prensa abierta, clara y libre a la hora de abordar los problemas internos, básicamente el diseño de la sociedad y la economia.
Tras la salida de Gorbachov el 25 de diciembre de 1991, le sucedió al frente de la novel Federación Rusa Boris Yeltsin, un político bastante silvestre, pero que respetó la apertura de la prensa rusa. En el año 2000 fue sustituido por Vladimir Putin, quien partir de ahí alternó el cargo con el de primer ministro.
Comenzaron entonces los dolores de cabeza para la prensa rusa. A Putin nunca le gustó que lo criticaran o hablaran de la corrupción de sus allegados. Desde el inicio su régimen se asentó en la protección de sus aliados, el surgimiento de una clase empresarial conocida como “oligarcas” que provienen del control que las mafias internas asumieron sobre los recursos naturales. Putin defendió a sus amigos y mandó a la cárcel a sus adversarios. Y comenzó la guerra contra la prensa crítica del Kremlin.
Desde entonces han desaparecido periodistas en circunstancias misteriosas tras investigar a Putin. Algunas publicaciones cerraron. El acceso a internet comenzó a ser controlado y, al fin y al cabo, el mandatario controla todos los medios televisivos y casi todos los radiales. Y no lo oculta. A sus ruedas de prensa solo asisten los “suyos” y los comentaristas los justifican. Pero, aún así, en Rusia todavía había espacio para cierta apertura y libertad.
Todo se acabó definitivamente con la invasión a Ucrania. Con el apoyo del Parlamento, por inmensa mayoría Putin logró que se aprobara una ley que castiga con hasta 15 años cárcel a quien se refiera a la invasión con esa palabra, hable de la existencia de “una guerra” y no utilice la única expresión oficialmente aprobada: “operación militar especial”. Y a quien se manifieste en las calles contra la invasión le esperan dos semanas en el calabozo.
Este tema es particularmente sensible porque afecta también a la prensa extranjera. La cadena CNN, la BBC, un par de diarios británicos y la agencia Bloomberg retiraron a su personal de Rusia. La Associated Press (AP) redujo su oficina y por primera vez en cien años The New York Times ya no tiene corresponsal en Moscú.
La Constitución rusa garantiza la libertad de expresión de sus ciudadanos, pero un mosaico de leyes en los códigos penal y administrativo limita severamente el derecho del público a reunirse y participar en ciertos tipos de discursos, especialmente el discurso político crítico hacia el Kremlin.
Los medios rusos informaron que la semana pasada cientos de manifestantes contra la guerra fueron acusados de varias infracciones del código administrativo en Moscú, que incluye delitos como la participación en una manifestación no autorizada (se requiere la solicitud de un permiso especial para realizar grandes manifestaciones) y “pequeñas manifestaciones”, así como lo que califica de “gamberrismo”, un “vandalismo menor”.
La definición del código penal ruso de “vandalismo menor” incluye “abierta falta de respeto al público acompañada de lenguaje obsceno en lugares públicos”. También establece una disposición sobre “vandalismo”, que conlleva un castigo mucho más severo.
En 2012, las integrantes de Pussy Riot, un grupo feminista de punk rock conocido por su arte provocativo, fueron sentenciadas a dos años por un cargo de vandalismo, luego de enfrentar una posible sentencia máxima de siete años.
Pero hay más leyes que otorgan al gobierno una amplia discreción para tomar medidas enérgicas contra el discurso “hereje”: un artículo del Código penal prohibiendo “el insulto público de un representante de la autoridad en el desempeño de sus funciones oficiales o en relación con su desempeño”. O sea, no se puede “insultar” a Putin y sus ministros.
Otro Artículo del Código prohibe los llamados públicos a “actividades extremistas”, una definición que incluye “cambio forzoso en los cimientos del sistema constitucional y (o) violación de la integridad territorial de la Federación Rusa”, un discurso normal en toda petición política que ocurra en una democracia: el cambio de sociedad.
También hay un Decreto-ley común a otros países de regímenes parecidos al ruso: aquel que califica a grupos e individuos como “agentes extranjeros” si reciben algún financiamiento externo. Inicialmente se aplicó a organizaciones de noticias independientes y sin fines de lucro, pero en 2019 se amplió a blogueros y periodistas individuales.
Este decreto-ley somete a cualquier medio con financiamiento extranjero a requisitos onerosos de información y registro como agente extranjero. El Kremlin, que posee sus propias grandes organizaciones de medios estatales, ha calificado a más de 90 entidades de medios independientes y periodistas como “agentes extranjeros”, según Human Rights Watch.
A pocos días, cuanto mucho semanas, con el avance de las tropas rusas sobre Ucrania la memoria de la glasnost será, sin dudas, definitivamente enterrada. Y ese entierro tiene una consecuencia: será borrada de la memoria colectiva porque cada día que pasa las revoluciones se vuelven impopulares. La glasnost fue una revolución que abarcó las fronteras más allá de Rusia y que ahora Putin decidió cerrar de manera definitiva.
