El opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre que mantenía desde enero en la cárcel en donde está detenido desde el 11 de julio pasado, según confirmó este miércoles en sus redes sociales Claudia Genlui, integrante del disidente Movimiento San Isidro (MSI), citada por la agencia Efe.
La activista, curadora de arte y amiga de Otero, aseguró que el líder del MSI también está dispuesto a enfrentar un juicio y argumentó que “se cumplen 16 días de que ya él dejó la huelga de hambre” a la vez que explicó que ha recibido noticias del disidente después del intercambio “abierto y profundo” que mantuvo con su abogado por cuatro horas.
El artista opositor había iniciado su ayuno el pasado 18 de enero después de que, tras seis meses de prisión provisional, la Fiscalía cubana rechazara modificar la medida cautelar de cárcel y dejarle en libertad a la espera de juicio.
Genlui apuntó que “ya dejó atrás la estrategia de la huelga de hambre, lo que no significa que cambia su postura respecto a otras cosas: no se va del país porque lo quiera ningún agente del estado cubano sino cuando él lo decida”. También relató que el opositor “está dispuesto a enfrentar un juicio y a asumir las consecuencias; sigue declarándose inocente y apoya a todas las personas que han salido de Cuba por alguna razón».
Pero señaló que Otero “sigue estando en el «corredor 25″ de los castigados, de los que no tienen derechos a llamadas telefónicas” y que “ha bajado muchísimo de peso, ya no sale a tomar el sol porque sus fuerzas son limitadas y está débil”. Además, adelantó que el próximo jueves —si Otero no se comunica con sus familiares— su abogado “presentará un recurso ante el fiscal para exigir que sea trasladado con el resto de la población penal».
Otero, de 34 años, está detenido en la prisión de Guanajay, luego de intentar sumarse a las masivas manifestaciones antigubernamentales de aquella fecha. La justicia cubana le incrimina por los presuntos delitos de desacato, desorden público e instigación a delinquir, así como de ultraje a los símbolos patrios, acusaciones que la ONG Human Rights Watch considera injustas e infundadas.
Dictamen de juicios en Cárdenas
La información coincide con una nota a través de la cual autoridades cubanas notificaron las sentencias a una docena de acusados “responsables de graves disturbios” producidos el mismo 11 de julio en la localidad de Cárdenas”, ubicada en Matanzas.
Según la agencia Prensa Latina, el Tribunal Supremo Popular divulgó una nota en su portal digital en la que precisa que el Tribunal Militar Territorial Central halló culpables a 12 ciudadanos de los de delitos de sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en instalaciones y robo con violencia o intimidación en las personas.
Los ciudadanos en cuestión habían salido a las calles de Cárdenas, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y procedieron a lanzar piedras y palos de forma violenta contra una gasolinera. También sustrajeron parte de la mercancía que se expendía en la tienda de la instalación y al llegar al lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cócteles mólotov, y también a los vehículos, refiere esta fuente.
Como resultado del juicio fueron impuestas penas de cinco a 16 años de privación de libertad y sólo un acusado fue absuelto por no demostrarse su participación en los hechos. Además, se dispuso en las sentencias, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
El Tribunal Supremo Popular enfatizó que el juicio se realizó con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente.
El 11 de julio de 2021 en varias ciudades cubanas se produjeron protestas masivas que el Gobierno cubano ha denominado “disturbios” y “actos vandálicos alentados desde el exterior como parte de una operación de guerra de cuarta generación para promover el desorden en Cuba”.
Los hechos, que iniciaron en San Antonio de los Baños, se desarrollaron en medio de una crítica situación económica, nefastamente agudizada por el rebrote de COVID-19 que hacía ola en esos meses.
Con información de Efe y Prensa Latina.
