Además de volcar varios vehículos, saquearon tiendas de las cadenas Cimex, Caribe y Artex. Foto: Girón.
El 3 de diciembre se iniciaron los juicios orales y públicos contra los implicados en los hechos violentos ocurridos el 11 de julio de 2021 en Cárdenas. Sobre el respeto a las garantías constitucionales de los acusados, el debido proceso y las penas solicitadas, Girón indagó con representantes de la Fiscalía en el territorio y con los abogados de la defensa.
Los ánimos exaltados obligaron a los trabajadores a evacuar parte de la mercancía y salir del local. Cuando las primeras piedras impactaron las grandes vidrieras del frente, no tuvieron más remedio que intentar escapar por el fondo, pero Reylenis y Ernesto no lo lograron.
El sótano sirve de almacén y hacia allá se dirigieron. “Escuchábamos con total claridad cómo lo destrozaban todo, el sonido de los vidrios contra el suelo, los estantes, los exhibidores, las cajas registradoras”, cuenta Ernesto.
Él logró enviar algunos mensajes de texto. Ella, en cambio, apenas podía sostener el celular debido al creciente temblor de sus manos. Pensó en su hija de 10 años, rezando por volver a verla sonreír. Lloraba de temor y quizás de rabia ante el destrozo y los golpes que llegaban desde arriba.
Los destrozos y el saqueo se extendieron a distintos establecimientos de Cárdenas. Foto: Girón.
Así reseñó el periodista Arnaldo Mirabal, de este semanario, algunos instantes de lo sucedido el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas, donde se vivieron algunos de los actos más violentos ocurridos en el país ese día.
Girón indagó con representantes de la Fiscalía y con los abogados de la defensa sobre el respeto a las garantías constitucionales de los acusados, el debido proceso y los delitos tipificados durante el proceso penal desarrollado contra los implicados en estos disturbios.
Los hechos
Los hechos comenzaron con la convocatoria en diversos grupos de compraventa y se extendieron a diferentes puntos de la Ciudad Bandera, que recibieron el embate de agresores, quienes proferían ofensas contra las autoridades y los agentes policiales.
Además de volcar vehículos de funcionarios del Partido y patrullas del Ministerio del Interior, saquearon tiendas de las cadenas Cimex, Caribe y Artex, cuantificándose daños superiores a los 3 386 000 pesos en moneda nacional.
Todo ello sucedía mientras Cárdenas devenía epicentro de la pandemia en el país, escaseaban los medicamentos y otros servicios indispensables para hacerle frente a la covid-19.
A esta situación se sumaban los efectos del hostil bloqueo que con sus más de 243 medidas arreciaba la crisis económica existente. Además, la inestabilidad en el fluido eléctrico, debido a roturas de varias de las plantas generadoras, que puso en vilo al sistema electroenergético nacional y a todos los cubanos.
Violentaron el orden público y se dedicaron al saqueo. Foto: Girón.
“Estamos hablando de sedición, de daños, de robo con fuerza, de desórdenes, atentados, desacatos”, dice la fiscal jefa provincial. Foto: Girón.
Solo fueron juzgados en los actos los promotores de las acciones o quienes las ejecutaron con violencia. Foto: Girón.
Según explicó Ventura Grant Sierra, fiscal jefe del municipio Cárdenas, a la jurisdicción civil de la Fiscalía le correspondió asumir los hechos atentatorios contra el orden público y constitucional, los funcionarios del Minint, del Partido y el Gobierno. Los mismos fueron divididos en tres partes para la investigación y el proceso penal: los ocurridos frente a la sede del Partido municipal, el vuelco de dos carros de funcionarios y los desarrollados en el servicentro.
“Tiraron piedras, palos, señales de tránsito y otros objetos contra los policías, las fuerzas de prevención y las brigadas especiales, y destruyeron los carros que prestaban cobertura. Volcaron una patrulla, le rompieron los cristales y el sistema de luces y causaron daños considerables a los vehículos de las brigadas especiales. Obligaron prácticamente a los oficiales a refugiarse dentro de la instalación para preservar sus vidas. Lanzaron cocteles molotov contra un servicentro, peligro común e incalculable en un lugar como ese”, cuenta Grant Sierra.
La masividad de la convocatoria, el alto nivel de violencia, además de las agravantes de cometer el acto en una situación de epidemia y contra una actividad o persona priorizada por la dirección del Gobierno o del país, llevaron a calificar un delito de sedición, el cual atenta contra la seguridad interior del Estado.
El fiscal explic que “los que tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el
Gobierno o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o resistan a cumplir sus deberes, son sancionados”.
Aun cuando la ley prevé sanciones de entre 10 y 20 años de privación de libertad, incluso, pena de muerte o privación perpetua de libertad, las penas solicitadas no exceden los 20 años. A alrededor de 100 personas sin incidencia directa en los hechos se les aplicaron multas administrativas por violar el Decreto 31 sobre las medidas restrictivas para la covid-19.
“Estamos llevando a los tribunales y pidiendo una sanción a los que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos violentos que pusieron en peligro la estabilidad social del país”, explica la fiscal jefa provincial. Foto: Girón.
El debido proceso
“Inicialmente, el proceso del servicentro Palma sobrepasaba los 30 acusados, hicimos decantaciones y se presentaron a los tribunales solo 15. De ellos fueron juzgados 14, pues uno de ellos permanece en espera de su peritaje médico legal”, agrega Grant Sierra.
Otro acusado con capacidad limitada para comprender el alcance de su acción y dirigir su conducta fue peritado y previamente, según establece el artículo 20. 2 del Código Penal, se hizo la individualización de la pena, solicitándosele sanciones diferentes a las de las personas con plena capacidad.
Mediante un proceso de determinación de responsabilidades, solo fueron juzgados en los actos los promotores de las acciones o quienes las ejecutaron con violencia. También recibieron tratamiento especial jóvenes de entre 16 y 18 años, e, incluso, los de 20, así como los vinculados a la enseñanza.
En su mayoría, no están sometidos a procesos penales, porque fueron espectadores o su actuación no fue significativa. Tampoco resultó procesado ningún menor de 16 años, por no ser sujetos del derecho penal.
Durante la investigación y en los juicios orales celebrados hasta la fecha, se veló por el cumplimiento de las garantías constitucionales y el debido proceso.
Yanelis Valdés Aragón, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, insiste en que desde el inicio, tanto a los imputados como a los familiares se les informó sobre la situación procesal de cada uno y los hechos por los que estaban siendo investigados, y se les garantizó la comunicación.
Afirma que recibieron un trato digno y en ningún momento se ejerció violencia para tomarles declaraciones, ni ninguna diligencia con la que no estuvieran de acuerdo. Se les respetó el derecho a la no autoincriminación. También se tramitaron reclamaciones y cada una fue investigada por los fiscales de atención a la población.
El abogado de la defensa Orlando Phinney Izquierdo confirma la transparencia en el proceso. “El tribunal nos dio todas las garantías, las posibilidades para acceder al material probatorio de cargo y poder preparar la defensa. En las prisiones tuvimos la posibilidad de auxiliarnos de dispositivos electrónicos para llevarles la evidencia.
“En el trámite de conclusiones se recibió comunicación por escrito de lo imputado por la Fiscalía, el delito, el concepto de participación, la sanción interesada por el hecho que se le atribuía y los medios de prueba de los cuales se valió el fiscal en el acto de juicio oral”, señala.
Por su parte, Nelson González Ponce confesó que resultó un reto profesional. “Asumir la defensa conllevó visitas casi diarias a los detenidos en varios centros de Matanzas. Desde mi experiencia personal, las puertas estuvieron abiertas. Me pude entrevistar varias veces con mis defendidos. Fue un proceso largo en el que se confirieron todas las garantías de la defensa.
“Los acusados asumieron y accedieron a los medios de defensa, expusieron libremente lo que estimaron; según los criterios técnicos, se trasladaron al tribunal varias tesis de defensa. Ha sido angosto, pero ha transitado por los cánones de nuestras leyes, las que velamos por su cumplimiento y en las que creo no ha existido ningún obstáculo”.
Los entrevistados coinciden en que los juicos orales transcurrieron con transparencia y tranquilidad, primó la igualdad en el debate y fueron discutidas las pruebas presentadas dándosele posibilidad a todas las partes de ofrecer los descargos e imputaciones necesarios.
Fueron lanzados cocteles molotov contra un servicentro, peligro incalculable en un lugar como ese. Foto: Girón.
Como bien resume Daisy Ramírez Naranjo, fiscal jefa provincial, “no estamos juzgando personas por pensar diferente o por no compartir una ideología, estamos llevando a los tribunales y pidiendo una sanción a los que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos violentos que pusieron en peligro la estabilidad social del país. Estamos hablando de sedición, de daños, de robo con fuerza, de desórdenes, atentados, desacatos”.
Las sanciones impuestas por los tribunales en los juicios orales en todos los casos se corresponden con la responsabilidad, el grado de participación y conducta de cada uno de los acusados.
Tribunal Supremo informa sobre juicio a acusados por disturbios y hechos vandálicos en Cárdenas
(Tomado del muro del periódico Girón en Facebook)
