LA HABANA, Cuba.- Una reciente reunión del mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz con las empresas estatales encargadas de servir de intermediarias en las gestiones de exportación e importación de los nuevos actores económicos no estatales, confirmó lo mal que marcha ese proceso.
En el cónclave, efectuado a solicitud de los representantes de ese sector no estatal, trascendieron muchas de las trabas que les están impidiendo a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia llevar adelante una eficiente labor de comercio exterior.
Las intermediarias estatales han actuado con excesiva burocracia, lentitud y falta de iniciativa. Además, han exhibido insuficiente preparación de sus recursos humanos para esta labor, al tiempo que continúan trabajando con normativas desactualizadas que precisan ser revisadas. Todo ello a pesar de los insistentes llamados del benjamín del poder en el sentido de que se necesita que las entidades estatales de comercio exterior trabajen con eficiencia, “pues, de lo contrario, lo que hacemos es perder credibilidad”.
Este mecanismo que les permite a estas formas de gestión no estatal acceder a las actividades de exportación e importación comenzó en agosto de 2020, y hasta la fecha se han seleccionado 58 empresas estatales por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para que oficien de intermediarias en tales transacciones. Sin embargo, las citadas impericias que rodean a esa tutela estatal han hecho que 21 de esas 58 empresas aún no hayan realizado ninguna operación de comercio exterior con los actores no estatales.
Una de las tareas que deben acometer las autoridades gubernamentales para viabilizar estos intercambios es la creación de Mipymes estatales que estén en condiciones de gestionar pequeños proyectos de exportación e importación, que casi siempre son los más demandados por los actores no estatales. Una tarea que casi no se ha cumplido, pues solo se han creado tres de estas Mipymes, y ninguna de ellas funciona a plenitud por dificultades en su puesta en marcha.
Evidentemente, las empresas tradicionales del comercio exterior en la isla están acostumbradas a tramitar los intercambios que precisa la monopólica economía gubernamental, pero se muestran incapaces de gestionar con eficiencia las transacciones de los pequeños propietarios (en este caso no podemos hablar de propietarios, sino de actores económicos no estatales).
Es presumible que la jerarquía castrista no se halle muy satisfecha con la tendencia general que hasta ahora vemos en las operaciones de comercio exterior de las Mipymes no estatales, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Del total de contratos firmados hasta el presente, solo el 1.8% corresponden a operaciones de exportación. Ello en medio de un discurso oficialista que insiste en la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones. Queda claro que esta tendencia seguida por los actores no estatales refleja, entre otras cosas, la carencia de insumos y materias primas en la isla para acometer un exitoso proceso productivo o de prestación de servicios.
A pesar de todas las pruebas de ineficiencia por parte de las empresas estatales de comercio exterior, el señor Díaz-Canel sigue defendiendo el “carácter estratégico” del control estatal sobre esta actividad.
No es la primera vez que la retórica política del castrismo se interpone en el camino de la lógica económica.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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