LA HABANA, Cuba. — La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) destacó en su informe anual que en 2021 el régimen cubano mantuvo su política de mordaza contra la libertad de prensa y expresión. En esencia, el reporte ilustra que el periodismo continúa siendo una profesión de alto riesgo en la isla.
José Antonio Fornaris, presidente de la APLP, precisó a CubaNet que el pasado año se computaron 195 casos de agresiones a periodistas, 40 menos que los registrados en 2020. Durante 2019 se habían documentado 254 casos.
“A simple vista parece una mejoría, pero creo que fue algo circunstancial. No se puede decir que el gobierno esté cambiando su actuar contra los periodistas, no hay nada nuevo que sea positivo para la libertad de prensa”, explicó Fornaris, quien argumentó que el año pasado la represión se extendió a 12 provincias del país, dos más que en 2020.
La APLP es una Organización No Gubernamental (ONG) única de su tipo en el país. Desde su fundación, el 27 de enero de 2006, ha funcionado indistintamente como gremio y sindicato de la prensa independiente al monopolio estatal. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) son algunos de los organismos internacionales destinatarios de sus informes sobre violaciones a la libertad de prensa y expresión.
Otras organizaciones internacionales con fines similares a la APLP, como Artículo 19, destacan que solo en el primer semestre de 2021 ocurrieron más de 600 agresiones a periodistas independientes. Según aclara Fornaris, la APLP reporta aquellos casos que logra documentar, pero considera que en el curso analizado ocurrieron más violaciones que las registradas por la organización que preside.
De acuerdo con el informe, las agresiones se materializaron en forma de amenazas, interrogatorios, agresiones verbales, casas sitiadas, multas, vigilancia a viviendas, invasión de domicilio, incautación de equipos de trabajo, interrupción de internet, amenazas a familiares, prohibición de retorno al país, difamación a través de los medios, destrucción de teléfonos celulares y expulsión de viviendas rentadas.
“Hay que entender que la prensa es el cuarto poder. No porque simplemente lo haya dicho Edmund Burke allá por 1787, sino porque maneja información y la realidad ha demostrado que la información es poder. Este tipo de sistema no admite otro poder que no sea su poder absoluto. Por eso al Estado no le conviene que exista prensa, solo medios de propaganda a su servicio”, señaló.
En los últimos meses del 2021, comenta Fornaris, disminuyó la utilización del Decreto-Ley 370 y las difamaciones a los periodistas independientes en la televisión nacional. Sin embargo, asegura que aumentó el rigor de los arrestos y su naturaleza.
En particular, citó la detención, durante meses o días, de los periodistas Esteban Rodríguez (30 de abril), Mary Carla Ares (30 de abril), Lázaro Yuri Valle Roca (15 de junio), Camila Acosta (12 de julio), Neife Rigao (12 de julio), Iris Mariño (12 de julio), Henry Constantín (12 de julio) y Orelvis Cabrera Sotolongo (12 de julio).
En la actualidad, únicamente Valle Roca permanece recluido, en la cárcel provincial de La Habana (Combinado del Este). Por su parte, Acosta enfrenta un proceso penal y permanece en prisión domiciliar a petición de la fiscalía.
Una novedad negativa –refiere el informe- fue la suspensión el 14 de noviembre de las credenciales de tres periodistas, un camarógrafo y un fotógrafo de la agencia de prensa española EFE. A raíz de ese suceso se conoció que el mes anterior ya se le había retirado la credencial a un coordinador de redacción.
“Eso nunca había pasado, obviamente tuvo que ver con el estallido social del 11 de julio y la proximidad de la convocatoria a tomar las calles el 15 de noviembre. Demostró que el régimen pretende esconder la verdad a toda costa, a pesar del costo político y moral de una violación como esa a la libertad de prensa”, sentenció Fornaris.
Aunque el Artículo 54 de la Constitución afirma que el Estado garantiza la libertad de expresión, el reporte de APLP refiere que en la práctica las autoridades políticas asumen como “una ofensa grave” las opiniones contestatarias al sistema o sus dirigentes.
Una muestra es la violencia desatada hacia los participantes de la marcha cívica del 11 de julio. El grupo Justicia 11J confirma 1 377 arrestos derivados de esa jornada, de ellas 727 permanecían en prisión cuando la APLP dio a conocer su informe anual.
“En términos generales, el 11 de julio marca un antes y un después para la nación. Lo tenemos que ver como una agresión a la libertad de expresión porque demostró que los cubanos nada más nos podemos expresar en la sala de nuestra casa, o en un taxi colectivo, fuera de un marco cualquier opinión va a tener una represalia política”, acotó el líder de APLP.
“Se pone de manifiesto la agresión del Estado contra la ciudadanía -continuó ampliando- ya como un problema de terrorismo. Lo estamos viendo con las largas penas que quieren imponer a los manifestantes. Tenemos que calificarlo como terrible desde el punto de vista social, la gente ha reaccionado y los juicios estos son un problema del temor del Estado. Lo preocupante es que, ese tipo de reacciones contra la libertad de expresión, van a continuar a lo largo del 2022”.
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