El matrimonio homosexual es un acto de «justicia social», asegura en una entrevista con EFE el subdirector del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Manuel Vázquez.
Este jurista y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ defiende así la inclusión del matrimonio igualitario en el Código de las Familias, una importante reforma legislativa no exenta de controversia y sometida ahora durante tres meses a un proceso de consulta popular.
Este proyecto, que aborda también otros aspectos como la violencia de género, el matrimonio infantil y la gestación subrogada («solidaria», en este texto), es un intento gubernamental de modernizar la normativa sobre las relaciones afectivas, sexuales y familiares, ya que la actual es de 1975.
De aprobarse finalmente, la norma sería un parteaguas para un país y un Gobierno con un pasado marcado por la homofobia.
A juicio de Vázquez, es de «justicia social» ampliar, reformular y rediseñar el matrimonio como institución jurídica para «democratizar» su acceso, ya que hasta ahora quedaba restringido para personas heterosexuales.
El matrimonio igualitario es uno de los temas que más debate suscita dentro del Código de las Familias, ya que se ha topado con la oposición de la iglesia católica y varios sectores sociales desde que se planteó por primera vez, hace cuatro años.
El activista LGBTIQ+ afirma que esta discusión es «necesaria, urgente e impostergable para la sociedad cubana», y debe ser prioridad en la agenda política de un Estado socialista como Cuba.
Su experiencia como profesor auxiliar del Cenesex, dice, le lleva además a considerar que cualquier norma jurídica necesita un proceso de «educación, sensibilización y formación».
«Ello para que coloque en mejores condiciones a quienes operan esas normas jurídicas y los destinatarios de las mismas, cuyos derechos se ven reflejados y garantizados» y, en el caso del Código de las Familias, «es indispensable».
Vázquez refiere que ese proceso debe ocurrir no solo en las instituciones formales, sino también en las comunidades y «cualquier espacio de nuestra sociedad idóneo para ello».
Las críticas
Vázquez critica la postura de la iglesia católica y otros sectores conservadores, que buscan «restringir el catálogo de derechos garantizados que propone este proyecto».
«De alguna manera entra en una franca contradicción con postulados constitucionales como la dignidad humana», sentencia el subdirector del Cenesex, un centro dirigido por la sexóloga y diputada cubana Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro.
También responde Vázquez a las críticas de algunos sectores de la comunidad LGBTIQ+, que cuestionan que se realice una consulta popular sobre un asunto que, según ellos, atañe a una minoría.
A este respecto, manifiesta que «una consulta popular da salud a cualquier norma jurídica, ya que su esencia no es aprobarla o no, sino democratizar el proceso de elaboración de la norma».
Defiende que la consulta popular es «un espacio organizado para que todas las personas, desde sus posicionamientos, tengan la oportunidad de dialogar sobre la norma, proponer elementos que no fueron tenidos en cuenta» previamente.
El investigador acota que otra cuestión es el referendo –que se debe realizar tras la consulta popular, en la segunda mitad de este año– y desestima las críticas al respecto de sectores de la comunidad LGBTIQ+.
Vázquez puntualiza, además, que no se somete a referendo el matrimonio homosexual, sino el paquete entero de reformas del Código de las Familias: «Se trata de someter a referendo una norma jurídica que implica muchas más cuestiones que las relacionadas directamente con las personas LGBTIQ+».
En su opinión, el desafío de las personas LGBTIQ+ no es cuestionar el por qué se llevará esta propuesta a referendo, «sino plantearnos cómo vamos a contribuir a que el proceso resulte en una victoria».
La violencia en toda su expresión
Otro de los cuestionamientos que ha recibido el proyecto es el referido al reclamo de activistas independientes de contar con una ley específica sobre violencia de género, un tema incluido en la propuesta, pero junto a otros tipos de agresiones en el seno de la familia.
Vázquez señala que el Código «no va a resolver el tema de la violencia basada en el género, ni la que ocurre en el escenario familiar», aunque remarca que «su aporte sería uno de los tantos» que Cuba necesita para dar «una respuesta integral e integrada para esos problemas».
«Hay posicionamientos muy pretenciosos al pensar que el Código resolverá un montón de problemáticas y no es así. Éste aportará desde su ámbito de regulación jurídico familiar, pero no tiene la solución completa», indica.
Considera que, «incluso, una ley de violencia de género no resuelve el problema», pero que el hecho de que se aborde en el proyecto es «fundamental».
Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género en Cuba
«La violencia de género debe abordarse de forma transversal a todo el ordenamiento jurídico en el sentido de ocupar lugares claves», subraya el activista.
Y manifiesta también su «total confianza» en la aprobación del Código de las Familias tras la consulta popular, su aprobación formal en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y el éxito en el posterior referendo, un proceso inédito en Cuba.
«Éste no es un código de los juristas, sino de las personas, de los afectos, de las familias que hay que explicarlo desde el corazón y no solo desde el tecnicismo jurídico», señala.
Vázquez llama por tanto a todas las «personas comprometidas con la justicia social» a participar «activamente» en la consulta popular y luego en el referendo.
«Que nuestra voz se haga sentir en este ejercicio democrático y de participación política» para «garantizar una sociedad cubana más justa, equitativa, igual y plural», afirma.
