Seis meses después del estallido social de julio de 2021, que fue un parteaguas en la historia reciente, conviene hacer algunas lecturas de la crisis cubana y evaluar el momento actual.
El trayecto de los últimos treinta años ha sido agonizante, en virtud del fracaso del modelo de socialismo real de inspiración soviética y el atrincheramiento de las élites que detentan el poder. Los mejores intentos reformistas han chocado durante décadas con las decisiones políticas en manos de la «nueva clase» que engendró y reproduce tal diseño. Vivimos en una sociedad cada vez más represiva.
Recientemente la historiadora Alina López argumentó las razones económicas y sociales de la crisis extrema y multifactorial que agobia a los cubanos desde antes de la pandemia. Ellas, en conjunto con las sanciones de EE.UU., obviamente empeoraron el escenario 2020-2021.
A las erráticas políticas del gobierno, que incluyeron nuevas medidas impopulares al calor de un Ordenamiento que en menos de un año fracasó, se suman, entre otras: la carencia de mínimos democráticos; la existencia de nuevas generaciones con intereses y aspiraciones que no encuentran espacio en la sociedad, y la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Partido/Gobierno/Estado.
-I-
Un ciclo de protestas se sucedió entre octubre-noviembre de 2020 y julio de 2021. Sobresalieron: los sucesos de San Isidro y del 27 de noviembre 2020 en el Ministerio de Cultura; los del 27 de enero 2021 frente a la referida institución y los de los días 4 y 30 de abril en San Isidro y Obispo respectivamente. En junio se registraron (1) más de cien en diversos puntos de la Isla.
Maykel Osorbo, miembro del MSI actualmente preso, en la protesta del 4 de abril de 2021. (Foto: Facebook de MO)
Once días después, miles de cubanos salieron espontáneamente a protestar por sus condiciones de vida y a exigir libertad en más de sesenta lugares del país, incluida la capital. De ellas derivó, en menos de un mes, la plataforma Archipiélago, que propuso e intentó una marcha pacífica en noviembre.
Todas las expresiones de disenso y ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, recibieron por respuesta gubernamental la represión en sus diferentes modalidades. Menciono tres vertientes:
1. Incremento de la violencia institucional y, desde julio, de la represión preventiva, devenida terror de estado. Sin distingos ideológicos ella se ha dirigido contra individuos y sus redes laborales, vecinales, familiares y de amigos. Las fuerzas represivas actuaron en combinación con instituciones estatales, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial unidos y las organizaciones sociales afines.
2. Incremento de la manipulación política de la ciudadanía por diversas vías para asegurarse apoyo y justificar la represión. Incluyó maniobras populistas y diseño e implementación/renovación de estrategias y métodos de control social y comunitario en todo el país.
3. Incremento de la criminalización del disenso y reforzamiento del blindaje del Partido/Gobierno/Estado. A modo de ejemplos: Decretos leyes (2) 349 (2018), 370 (2019) y 35 (2021); nueva Constitución (2019) más al servicio del gobierno que de la ciudadanía; violaciones del calendario legislativo (3) en perjuicio de intereses de la ciudadanía y solución de conflictos y la preocupante reforma de la Ley de Procedimiento Penal (4).
-II-
A modo de balance preliminar propongo tomar en cuenta los siguientes elementos y evaluar el momento en que vivimos.
1. El contexto sociopolítico ha variado sustancialmente. El gobierno se impone por la fuerza y la manipulación, pero sus bases continúan fracturándose. La ciudadanía ha ganado en conciencia cívica y la sociedad civil independiente atraviesa un reflujo pero se reinventa ante la emergencia de los presos políticos. De ahí la presencia de protestas micro-localizadas, no masivas; de la «no cooperación» y las nuevas redes informales.
2. El gobierno se ha mostrado no dialogante, sin lente político ni capacidad negociadora. Es un régimen post-totalitario y dictatorial y autocrático. El supuesto éxito por ahogar las protestas y prácticamente desmantelar dentro del país tres iniciativas cívicas cuando casi nacían —Movimiento San Isidro (MSI), 27N y Archipiélago—, son victorias pírricas; el costo político fue altísimo.
3. A pesar de la romántica visión de EcuRed, las principales organizaciones de la «sociedad civil socialista» —CTC, FMC y CDR, por ejemplo— reafirmaron la distancia entre sus cúpulas y las bases. Se ratificaron como servidoras del Partido/Gobierno/Estado para controlar y reprimir a los ciudadanos. También la prensa se confirmó como vocera del gobierno.
4. El espectro de corrientes de pensamiento y opciones políticas al interior del país, que examiné en marzo de 2021, se ha expandido, complejizado y en cierta medida radicalizado. Es algo a evaluar en este nuevo contexto, donde parece ampliarse una zona de silencio y un corrimiento de posturas reformistas a rupturistas.
5. La emigración, que ya era casi el 20% de la población del país, es hoy un actor más vigoroso. Muchos cubanos en diversos contextos se movilizaron, acompañan lo que ocurre en Cuba y generan iniciativas de apoyo a los que disientenen la Isla.
6. El Gobierno perdió también legitimidad fuera de Cuba, donde ya se conoce mejor la realidad cubana. Por primera vez diversas fuerzas políticas, gobiernos, actores de la sociedad civil de otros países y regionales/globales, así como de organismos internacionales, condenaron la represión y se solidarizan con la ciudadanía.
-III-
Un proyecto nacional se sostiene por su capacidad de generar alternativas y articular consensos. El caso cubano es la variante torcida y fallida del socialismo. Combina autoritarismo político e inviabilidad económica y apela a la resistencia de las mayorías basada en la legitimación ideológica del modelo. Es intolerante al pluralismo político, la democracia y la soberanía popular. Para reprimirlos es capaz de escalar a niveles insospechados, como se ha visto durante estos meses.
(Foto: Yamil Lage/AFP)
El problema de Cuba no es ideológico, es del poder de la nueva clase que ha secuestrado la soberanía popular. Hoy somos un país donde se expande la pobreza e imperan la represión y la indefensión ciudadana.
Tal realidad presenta desafíos enormes a la sociedad civil cubana, al Partido/Estado/Gobierno y en definitiva, a los destinos del país. De acuerdo con Erich Fromm, uno de los más importantes psicólogos y sociólogos del siglo XX: «la libertad y la capacidad de desobediencia son inseparables; de ahí que cualquier sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero reprima la desobediencia, no puede ser sincero (…) el acto de desobediencia, como el acto de libertad, es el comienzo de la razón».
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com
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1. El Observatorio Cubano de Conflictos, que realiza un monitoreo de las protestas desde septiembre del 2020, dejó constancia de su permanente incremento hasta llegar a julio.
2. El Decreto Ley 349, sobre «Contravenciones de las Regulaciones en Materia de Política Cultural y Sobre la Prestación de Servicios Artísticos», se publicó en la Gaceta Oficial No. 35 Extraordinaria de 2018. Al año siguiente saldría el libro El Arte bajo Presión. EL DECRETO 349 RESTRINGE LA LIBERTAD DE CREACIÓN EN CUBA, publicado por PEN América. El Decreto ley 370 “SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA”, publicado en la Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 4 de julio de 2019.
Poco más de un mes después de las protestas de julio, se aprobó ese decreto bajo el título «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico», en la Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 17 de agosto de 2021, que también provocó reacciones en la sociedad civil independiente y muchos ciudadanos.
3. Respecto al calendario legislativo pueden consultarse el balance y actualización publicado en Granma en enero de 2021 —«Publica la Asamblea Nacional de Cuba la actualización del cronograma legislativo»— y lo difundido por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) —Actualizan sobre cumplimiento del Cronograma Legislativo en el 2021.
4. En particular el artículo 143 —«Otros actos contra la Seguridad del Estado»—, harto preocupante para el ejercicio de derechos fundamentales.
