LAS TUNAS, Cuba. — “Si usted va a pedir tierras en usufructo, a usted le van a preguntar, `¿tienes bueyes, tractor, arado, dinero para invertir en la tierra que está solicitando?´, y si usted dice que no, que no tiene ni bueyes ni tractor ni arado ni dinero, ¡olvídese de pedir tierra!, que cuando se muera el Estado le va a prestar la tierra del cementerio por dos años y un día, hasta que saquen sus huesos para que otro muerto ocupe su lugar, así funciona la entrega de tierras ociosas en Cuba”, dijo un campesino a otro, interesado en cultivar tierras que el Estado mantiene improductivas.
Los decretos “de la tierra” del general Raúl Castro se propusieron, infructuosamente, abastecer el país con productos agropecuarios nacionales poniendo en movimiento, mediante concesiones en usufructo, miles de hectáreas de terrenos que permanecían ociosas, expropiadas mediante las leyes de “reforma agraria” de Fidel Castro, que entre 1959 y 1963 desposeyeron a sus propietarios de más siete millones de hectáreas, el 71% de toda la superficie agropecuaria de Cuba.
El 17 de mayo de 1959 fue promulgada la llamada “Primera Ley de Reforma Agraria”, que, según su tercer enunciado, estaba dirigida a conseguir dos metas principales: “a) Facilitar el surgimiento y extensión de nuevos cultivos que provean a la industria nacional de materias primas y que satisfagan las necesidades del consumo alimenticio, consoliden y amplíen los renglones de producción agrícola con destino a la exportación, fuente de divisas para las necesarias importaciones; y, b) elevar a la vez la capacidad de consumo de la población mediante el aumento progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales, lo que contribuirá, al extender el mercado interior, a la creación de industrias que resultan poco rentables en un mercado reducido y a consolidar otros renglones productivos, restringidos por la misma causa”.
A 63 años de promulgarse la llamada “Primera Ley de Reforma Agraria”, todavía sus dos “metas principales” todavía están por cumplirse. Expropiado el latifundio particular y el empresarial para convertirlo en latifundio estatal, en Cuba, después de 1959 y hasta el día de hoy, no han existido producciones que “satisfagan las necesidades del consumo alimenticio” de los cubanos (como es el caso de la leche, la carne y los granos), mucho menos que “consoliden y amplíen los renglones de producción agrícola con destino a la exportación” como fuente de divisas para las importaciones.
Tengamos en cuenta que Cuba pasó de ser el primer productor y exportador de azúcar de caña ha convertirse en importador de azúcar. Respecto a “elevar la capacidad de consumo” de la población mediante el “aumento progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales” habría que decir que si en 1958 la población rural cubana ascendía al 58% —según fuentes oficiales—, ya en 1990 los habitantes del campo habían disminuido al 25%, cifra que hoy debe ser menor, atendiendo a que en muchos asentamientos rurales sus pobladores carecen hasta de agua potable para tomar y deben bañarse en charcas insalubres.
Pero si en 1959 la legislación agraria dijo sustentarse en intereses socioeconómicos y todavía fue lícito poseer hasta 30 caballerías (402,6 hectáreas) de tierra, y como excepción hasta 100 caballerías (1 342 hectáreas), en el caso de propiedades dedicadas a cañaverales con rendimientos superiores en 50% sobre el promedio nacional, fincas ganaderas atendiendo a la raza, natalidad, sistemas de alimentación y productividad del rebaño, arroceras con promedio superior al 50% del promedio nacional y tierras de cultivos varios, la llamada “Segunda Ley de Reforma Agraria” del 3 de octubre de 1963 fue concebida, estrictamente, con un fin político: expropiar las tierras de las personas opositoras del régimen castrocomunista.
En su primer Por Cuanto, la Segunda Ley de Reforma Agraria expresó: “Existen fincas mayores de sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) que propietarios o poseedores burgueses retienen en sus manos en detrimento de los intereses del pueblo trabajador, bien obstruccionando la producción de alimentos para la población, especulando con los productos o utilizando con fines antisociales y contrarrevolucionarios los elevados ingresos que obtienen de la explotación del trabajo”. La ley también afirmaba: “La existencia de esa burguesía rural es incompatible con los intereses y fines de la Revolución Socialista”. Basada en esos preceptos la ley decretó en su artículo 1: “Se dispone la nacionalización, y por consiguiente la adjudicación al Estado Cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) de tierra”.
De esa forma, con dos firmas, una en mayo de 1959 y otra en octubre de 1963, teniendo a Fidel Castro como presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), primer ministro y jefe del único partido político permitido (el comunista), el “Estado Cubano” se convirtió en el mayor latifundista que jamás tuviera América.
Justo es decir que mientras fue subsidiado o disfrutó de precios preferenciales pagados por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los países comunistas de Europa Oriental, el latifundio del “Estado Cubano” produjo aceptablemente bien. En 1966 tuvo un rebaño de seis millones 774 mil cabezas de ganado vacuno. Aunque en ese momento Cuba ya no exhibía las 0,92 cabezas de ganado por habitante, como en 1958, sí llegó a 0,84 por cubano. En 1970, aunque el esfuerzo colosal que movilizó a toda la nación no consiguió la meta de diez millones de toneladas de azúcar, sí produjo poco más de ocho millones de toneladas.
Pero desaparecidos los subsidios y los pagos preferenciales junto con la extinta URSS y los países comunistas de Europa Oriental, el latifundio del “Estado Cubano” dejó de producir aceptablemente bien para apenas producir algunos bienes agropecuarios a precios incosteables. Así fueron desmantelados los centrales azucareros, así los cañaverales se transformaron en maniguas espinosas y los potreros en sotos sin ganado. El inmenso latifundio del “Estado Cubano” se transformó en minifundio usufructuario de quienes tienen bueyes, tractores, arados o dinero para invertir en la tierra que no es de ellos, sino del Estado, y en la que no pueden vender el ganado, la leche, el tabaco o el café por sí mismos, sino a través del Estado. Esa falta de libertad civil y empresarial hace que el productor no se sienta dueño, sino esclavo en el latifundio que sigue siendo Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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