Al menos 33 personas, entre ellas seis menores de edad, serían juzgadas a partir de este lunes en Cuba debido a su relación con las protestas antigubernamentales de julio del año pasado, de acuerdo con activistas citados por la agencia EFE.
Se trata de la cuarta semana consecutiva en la que se celebran en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se ha juzgado al menos 440 personas, según el recuento de organizaciones no oficiales como el colectivo 11J que sirven de fuente al medio español.
El que arranca este lunes, y se prolongará hasta la semana que viene en un tribunal de La Habana, es una causa común única para todos los investigados, a los que se les imputa un presunto delito de sedición. Las penas solicitadas por la fiscalía oscilan entre los 13 y los 25 años de cárcel, y en el caso de seis menores la petición de condena es mayor que la edad del procesado, afirma el reporte.
En Cuba la edad penal mínima son 16 años y el Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad, mientras que para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.
En su reporte, EFE asegura haber solicitado un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sin que por el momento haya obtenido respuesta.
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Además, el medio español hace referencia a conteos realizados por ONG que fijan en más de mil las personas detenidas a raíz de las protestas de julio —de las cuales una parte ya ha sido juzgada, otros fueron liberados y otros continúan detenidos— y recuerda que las vistas de los procesados no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.
Al respecto, señala que activistas y organizaciones opositoras han realizado peticiones para que los juicios sin menores sean televisados para mayor garantía de los procesados y que, en los juicios con menores de edad, se permita el acceso a la prensa con este mismo fin. También apunta que estos han denunciado diversas irregularidades, falta de garantías, y penas muy elevadas para los acusados por las protestas.
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Mientras, las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales y las garantías establecidas por la ley, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que se juzgan principalmente los delitos graves, como «actos vandálicos» y «graves alteraciones del orden».
Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se han procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 18 años y de ellos 28 quedaron en prisión provisional. Aparte, la propia fiscalía ha investigado a 27 menores de 16 años, pero recalca que “en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal”.
De esa manera, 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos” y a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios”, según un reciente comunicado oficial.
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Las autoridades judiciales cubanas también archivaron las causas penales contra varios de los artistas que protestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el pasado, según informó EFE a principios de mes.
Las protestas de julio pasado fueron las mayores en décadas en la Isla y tuvieron como escenario el pico pandémico por la COVID-19 y la severa crisis económica del país, con largas colas, carencias de productos básicos, una elevada inflación y largos cortes eléctricos entre sus detonantes.
El gobierno cubano las sigue catalogando como “disturbios”, aunque ha llegado a reconocer la existencia de reclamos “legítimos” entre los manifestantes. Además, las ha vinculado con una campaña que, asegura, está organizada y financiada desde EE.UU. con el fin de promover un “cambio de régimen” en la Isla.
EFE / OnCuba.
