La negociación entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se extendieron por más de cuatro años para poner fin a la guerra de cinco décadas.
Cuba y Noruega, países garantes del acuerdo de paz de Colombia, expresaron su preocupación por el fallo de la Corte Constitucional de ese país sudamericano que señala el bajo nivel de cumplimiento e implementación de las garantías de seguridad a favor de los exguerrilleros.
A través de un comunicado conjunto, Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y John Otto Brodholt, representante especial del Reino de Noruega, exhortaron al gobierno de Iván Duque a que cumpla con lo establecido en el acuerdo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos en 2016.
En ese sentido, ambos representantes recomendaron seguir a rajatabla lo sugerido por el alto tribunal para detener la violencia contra los firmantes del acuerdo.
“Conforme con el pedido de la Corte Constitucional, instamos a que se cumpla lo acordado para que con medidas realmente efectivas se detenga el alarmante número de asesinatos de exguerrilleros y se garanticen sus derechos”, señalaron.
Declaración de los países garantes del Acuerdo de Paz, Cuba y Noruega, sobre el fallo de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/8b0seirJDI
— Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) January 28, 2022
La víspera, Eugenio Martínez Enríquez instó al Estado de Colombia a respetar las garantías de seguridad del Acuerdo Final de Paz.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el alto funcionario de la Cancillería cubana expresó su preocupación por el creciente número de asesinatos de exguerrilleros firmantes del convenio, y llamó a detener este tipo de hechos.
“Reiteramos nuestra preocupación por el incumplimiento de las garantías de seguridad de los ex guerrilleros firmantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia con las que se comprometió el Estado colombiano. Llamamos a detener el creciente número de asesinatos de ex guerrilleros”, escribió el diplomático.
En otra comunicación, señaló que el Estado de ese país sudamericano ha desconocido los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz de firmantes del Acuerdo Final de Paz.
La Corte Constitucional de Colombia declaró el estado de inconstitucionalidad por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron la paz, dejaron la guerrilla y están en proceso de reincorporación.
El Acuerdo Final tuvo en cuenta más de 500 propuestas realizadas luego de un plebiscito, e incluyó también unas 100 variaciones sobre la reforma rural integral, la participación política, las víctimas, así como la nueva política antidrogas.
Iván Márquez, representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), aseguró en esa ocasión que solo el pacto no sería suficiente, porque un documento con promesas y buenas intenciones, sin veeduría ciudadana, fácilmente podía ser arrastrado a la frustración.
La negociación entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se extendieron por más de cuatro años para poner fin a la guerra de 52 años, que ha dejado, según cifras estimables, unos 220 000 muertos y millones de desplazados.
(Con información de Prensa Latina y Agencia Cubana de Noticias)
