MADRID, España.- La organización Prisoners Defenders presentó este miércoles su tercera ampliación de la denuncia al Gobierno cubano por trata de personas y explotación a quienes envían de “misión internacionalista”.
El documento, que recoge 1 111 testimonios, fue enviado de manera formal a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Penal Internacional (TPI).
Durante conferencia de prensa convocada por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y organizada por la vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), Dita Charanzová, el vicepresidente EUROLAT / DLAT, en el PE, Jordi Cañas y el vicepresidente de la Delegación DCAM del PE, Javier Nart, se condenaron las injusticias contra los profesionales civiles cubanos enviados al exterior.
En las palabras de apertura, Dita Charanzová se refirió al acoso, separación de familias, amenazas, violencia que sufren estas personas y calificó a las condiciones en que trabajan como “condiciones contemporáneas de esclavitud”.
“Ya va siendo hora de que se conozca la verdadera cara de las misiones cubanas”, señaló Charanzová, y llamó a los gobiernos que reciben estos servicios a no ser cómplices de tal explotación.
Los ponentes denunciaron que Cuba no está cumpliendo el acuerdo bilateral con la Unión Europea. Así como condenaron la membresía casi permanente de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos desde 2006 hasta la actualidad; y la falta de compromiso de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, con la situación en la Isla.
Se señaló además que esta violación de los Derechos Humanos y de explotación no existe solo con los médicos, sino también con los marinos, maestros, arquitectos, artistas.
De los testimonios, que recogen 894 formularios tabulados, derivaron datos “estremecedores”.
Los médicos entrevistados informaron que en muchos casos se les obligaba a hacer ingresos para subir las estadísticas; así como a hacer trabajo político con los pacientes.
“Te chantajean con el lado más débil que es tu familia”, “Para el gobierno cubano somos números”, dijeron testimoniantes de las misiones internacionalistas.
Javier Larrondo expuso las condiciones impuestas para quienes van de misión y las sanciones para los que no la terminan.
Se les declara desertores, se les quitan todos sus derechos como cubanos y se les prohíbe entrar al país durante ocho años, ocho años sin ver a su familia, señaló Larrondo.
Al viajar se les retira el pasaporte ordinario y no se les permite llevar su título de estudios. Están obligados a regresar a Cuba o perderlo todo, obligados a pagar honorarios a organizaciones dependientes del partido comunista. Tampoco se les permite casarse. Cobran el 15 por ciento del salario base, porque el resto va al gobierno cubano, denunciaron los participantes.
Javier Larrondo denunció el caso específico del barco de lujo MSC Crucero, donde los trabajadores cubanos reciben 80 dólares semanales, cuando un trabajador normal cobra entre 4000 y 5000 dólares al mes.
Por su parte, Jordi Cañas señaló que estos trabajos forzosos son “más propios de una plantación esclavista y no de un país en libertad” y que buena parte de los ingresos del régimen proviene de ahí, sin que le importe la situación de abuso y represión.
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