MIAMI, Estados Unidos. — Inti Soto, uno de los activistas detenidos y encarcelados por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, relató a CubaNet su experiencia en los ocho meses que permaneció recluido en diferentes prisiones.
El opositor aseguró que durante todo ese tiempo la policía política no solo intentó quebrantar su resistencia, sino también manipular a su familia y crear divisiones entre los propios activistas detenidos.
Soto cuenta que tras ser arrestado en la calle Obispo, donde varios activistas se manifestaron en favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento llevaba a cabo una huelga de hambre y de sed, fue trasladado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Infanta y Manglar, en el municipio del Cerro.
Posteriormente, fue conducido hacia otra unidad de policial en Santiago de las Vegas, donde permaneció varios días retenido. Luego, sería llevado a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en Cuba.
En todo ese trayecto de varias semanas, Soto confiesa haber sido sometido a interrogatorios y presiones de todo tipo, situaciones que lo llevaron incluso a plantarse en huelga de hambre.
“Lo que más ellos hacen es intentar crear división entre los que creemos en la verdadera libertad de Cuba, en luchar por una verdadera democracia”, expresó Soto, quien denunció además el racismo y la homofobia que caracterizan a quienes integran los órganos represivos del Ministerio del Interior (MININT).
Tanto Soto como el resto de los personas que se manifestaron el 30 de abril en la calle Obispo fueron acusados por escándalo público y resistencia, delitos que, a decir del activista, no son más que coartadas que utiliza el régimen cubano para negar la existencia de presos políticos.
El opositor comentó a este diario que pasó la mayor parte de su confinamiento en la prisión de Taco Taco, en la provincia de Artemisa. Su estancia en ese penal le sirvió, entre otras cosas, para comprobar que “los presos políticos en Cuba viven como animales”.
Inti Soto y Luis Ángel Cuza fueron liberados el martes 4 de enero de 2022 tras un cambio de medida ―de prisión preventiva a reclusión domiciliaria― que fue aprobado por la Fiscalía General de la República.
En virtud de lo establecido en la nueva Ley de Proceso Penal, a todos los manifestantes de la Calle Obispo la Fiscalía General de la República les propuso pagar una multa de 7 000 pesos para archivar el proceso sin que los imputados tuvieran que ir a juicio, algo que los activistas solo aceptarán si se reduce el costo de la multa a pagar.
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