El Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Relaciones Exteriores de la República, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este 24 de enero en Twitter que Estados Unidos conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados.
Miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales, agregó el canciller.
EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados. Miente para empañar la labor ejemplar de #Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 24, 2022
Respecto a la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, la Fiscalía General de la República emitió una nota oficial donde explica que constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal a lo ocurrido en torno al 11 de julio de 2021, cuando se atentó contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
La nota publicada explica que estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución.
El texto denuncia además que de manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes.
Detalla que la Fiscalía, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones.
La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales.
De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación.
Se especifica que 55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.
La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.
En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.