LA HABANA, Cuba. — Al menos 39 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 serán enjuiciados entre el 24 y el 28 de enero próximo en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, según reportó el grupo de trabajo Justicia 11J. Con ello, sumarán 407 los manifestantes que han sido enjuiciados en la Isla, la mayoría de ellos entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Los delitos imputados a los 39 acusados son: sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual. Las peticiones fiscales oscilan entre los cinco y 26 años de privación de libertad. Entre los acusados se encuentran dos menores de 21 años, ambos de Mayabeque: Raúl Xavier Díaz Pérez (17) y Livan Viel de la Peña (19), con petición fiscal de cinco y siete años de privación de libertad, respectivamente.
Justo la pasada semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en denuncia presentada ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), denunció la existencia de al menos 39 ciudadanos cubanos menores de 21 años que se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J.
Félix Navarro Rodríguez (68), presidente del del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, y su hija Saily Navarro Álvarez (35), serán igualmente procesados en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas. El primero, ex preso político del grupo de los 75, permanece en la prisión Agüica (Matanzas) y enfrenta una petición fiscal de 15 años de privación de libertad; su hija se halla cumpliendo medida cautelar de reclusión domiciliaria y tiene una petición fiscal de 11 años.
En los juicios desarrollados hasta la fecha, Justicia 11J ha identificado los mismos patrones: “operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas, en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial. Lo anterior constituye una violación de las garantías del debido proceso, y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia en los juicios de un familiar por acusado”.
El grupo de trabajo insiste en el rol y la responsabilidad de los fiscales y jueces en estas violaciones del debido proceso, y hace un llamado a que actúen con independencia e imparcialidad.
“Están a tiempo de garantizar justicia a más de un millar de personas que resultaron detenidas arbitrariamente y que son sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su derecho a las protestas”, agregan.
Entre los mecanismos legales que existen para restituir a los acusados de sus derechos y garantizar que no ocurran más hechos como esos, Justicia 11J cita: “retirar la acusación por falta de evidencia probatoria; sobreseer los casos iniciados contra los manifestantes que aún no tienen petición fiscal y emitir un fallo absolutorio de aquellos que han sido juzgados, pero contra los cuales no se ha dictado sentencia; en el caso de los que han sido sancionados, pero la sentencia no se ha hecho firme, promover de oficio los recursos de casación donde se declare la absolución de los manifestantes; en los casos en los que la sentencia se ha hecho firme, promover de oficio procesos de revisión, anulando las actuaciones realizadas y retrotrayendo el proceso penal a la fase investigativa donde se archiven los casos contra ellos; así como iniciar procesos de investigación contra los agentes del Ministerio del interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que usaron indebidamente la fuerza, violencia y armas de fuego contra los manifestantes pacíficos, incluido el jefe de estas dos instituciones armadas, el presidente de la República”.
Al menos cinco de los manifestantes del 11J encarcelados se hallan actualmente en huelga de hambre: Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin.
Según detalla Justicia 11J, de un total de 1 379 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 727 continúan en centros de reclusión, de ellos, 15 son menores de 18 años. De las 613 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de sedición y 40 de sabotaje.
Asimismo, de las 93 personas detenidas en relación con la Marcha Cívica por el Cambio (15 de noviembre), continúan en detención nueve; la organización ha confirmado igualmente la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad y que seis personas permanecen pendientes a juicio.
Esta semana Human Rights Watch (HRW), en su Informe Mundial 2022, resaltó la “represión brutal” desatada por el gobierno cubano tras las protestas del 11J, cuando resultaron detenidas más de mil personas, “en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes (…). Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención”.
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