MADRID, España.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio plazo al Gobierno cubano hasta el 7 de febrero próximo para aportar información sobre las personas desaparecidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio en la Isla.
En respuesta a una solicitud de la Asociación Cubanos por la Democracia, la ONU exige al régimen castrista explicar las medidas adoptadas para buscar a las personas presuntamente desaparecidas, así como el número de personas localizadas.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas exige también que el Gobierno de Cuba precise el número de investigaciones iniciadas; fase procesal en la cual se encuentra cada uno de estos casos; y reparaciones otorgadas a las víctimas de cada uno de estos casos.
Además requirió al Estado presentar información sobre las medidas adoptadas para prevenir las desapariciones.
Exigimos “programas de capacitación implementados para el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad sobre el tema de desaparición forzada, de conformidad con el artículo 23 de la Convención, con el fin de evitar hechos similares en el futuro”, expresa el documento.
En la denuncia presentada por Cubanos por la Democracia, su director, Reimel Ariosa Méndez, señalaba: “Basándonos en las más de 187 denuncias que se han presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, hemos decidido ir un paso más allá y solicitar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, que implica la investigación y eventual sanción”.
“Todos los presos políticos de Cuba son habitualmente detenidos en total y absoluto secreto, obligando a sus familias a realizar cuantas averiguaciones puedan hasta entender qué ha pasado con sus desaparecidos. La localización del desaparecido, lamentablemente, no finaliza el calvario de estas familias, pues el Estado suspende comunicaciones con el detenido a voluntad, informa de forma parcial sobre los motivos de detención, no comunica la duración de la detención ni los pasos judiciales que serán adoptados durante la detención, y traslada sin previa comunicación a los detenidos a distintas instalaciones penitenciarias, inclusive de aislamiento, reiniciando la labor investigativa de las familias frente a la negativa de informar del Estado. En definitiva, la desaparición forzada de una persona en Cuba no ocurre solamente en el momento de su detención inicial, arbitraria, ilegal y contraria a los Derechos Humanos; sino que se reitera de forma regular dentro de las propias instituciones del Estado”, explicaba la demanda.
