Desde 2013, sin embargo, unos 15 000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Gráfica: El Invasor
Aunque con un año de atraso, los datos del informe nacional sobre trata de personas 2020 nos pone delante retos mayúsculos en cuanto a protección de menores y mujeres, 2020 confirmó lo que dijimos aquí tan pronto como en abril de ese año: la pandemia de COVID-19 exacerbaría esa otra pandemia, a veces silenciosa e invisible, de la violencia en el ámbito doméstico, particularmente contra mujeres y niñas. El Informe Nacional sobre trata de personas 2020, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, lo corrobora, y yo he sentido náuseas leyendo.
Un asco profundo de ver en números los miedos inconfesados de muchos, esos miedos que, como madres y padres responsables tratamos de domesticar mientras crecen los hijos. El temor a que sean vulnerados en su integridad física y emocional; el pavor a que sufran en carne propia los oprobios del mundo real.
La relatoría que el Minrex publica como resumen ejecutivo del cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas, da cuenta de 2 145 menores víctimas de presuntos hechos de abuso sexual durante 2020, cifra superior al promedio anual de los últimos siete años.
Desde 2013, sin embargo, unos 15 000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Pero podemos intuir que no son todos; lamentablemente, todavía hechos de tal naturaleza son ocultados por una mezcla de circunstancias que van desde las amenazas, el efecto de la revictimización, el ajusticiamiento por cuenta propia o el silencio cómplice de la más profunda vileza.
De acuerdo al Anuario Estadístico de Salud, edición de 2020, entre 2019 y 2020 fallecieron en Cuba 44 niños, niñas y adolescentes (con edades comprendidas entre 5 y 18 años), por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio). No se puede establecer una relación directa con hechos de violencia, pero los investigadores identifican el maltrato infantil intrafamiliar (incluida la violencia sexual) como “el principal factor desencadenante”. Recomendamos la lectura de este artículo.
En 2020, específicamente, incluso con un curso escolar acortado por el impacto de la epidemia de COVID-19, el sistema diario de información de incidencias del Ministerio de Educación reportó 20 hechos. De ellos, se identificaron ocho abusos lascivos, un caso de acoso sexual y una violación. Siempre insistimos en que no se puede juzgar a la red escolar por lo sucedido en una escuela, mas sí creemos que la alerta es válida para todas, por cuanto no se puede ceder un ápice en ese preciado bien que es la seguridad.
Según refiere el informe, durante el primer trimestre del año 2020, el Ministerio del Interior identificó y trabajó en cuatro casos vinculados a la contratación irregular de artistas con destino a Turquía y China, y logró evitar la salida de dos grupos, por presentar características asociadas a la trata de personas.
En todos los casos, se había usado las redes sociales como Facebook y WhatsApp para “la promoción de los contratos, la captación de los interesados y la concertación de trámites a países donde los delincuentes disponen de un esquema de aseguramiento y logística, que incluyen la contratación de choferes y servicio de seguridad personal, medios de transporte, así como viviendas o apartamentos donde concentran los viajeros”.
Reconforta un poco que, de los 10 hechos relacionados con la prostitución detectados en instalaciones hoteleras, ninguno involucrara a un menor. Pero solo un poco, porque el proxenetismo y la explotación sexual no han sido erradicados y, como peligrosos virus, mutan de escenario, modos de obrar y hasta de fisonomía.
Lo reafirman otros datos incluidos en el informe. Del total de las causas radicadas por los delitos de proxenetismo y trata de personas y por el de corrupción de menores en el Tribunal Supremo Popular, se observaron rasgos típicos de trata de personas en nueve causas de proxenetismo y seis causas de corrupción de menores, para un total de 15. Las 18 víctimas identificadas eran féminas, 10 niñas y ocho mujeres. Confirmación de que el género es una variable definitoria en el ejercicio de la violencia.
Uno de esos casos de corrupción de menores se juzgó en Ciego de Ávila e involucró a un hombre que inició una relación “amorosa” con una menor de edad de 14 años. La llevó a vivir a su casa y, como la niña se negó a prostituirse, la golpeó, la mantuvo encerrada y propició reiteradas violaciones, por las cuales cobró entre 20.00 y 80.0 CUC. Esta situación se mantuvo por dos años.
Hay tantas preguntas gravitando en torno a estos hechos; tantos cuestionamientos a instituciones como la familia, la comunidad, la escuela, el orden interior; tantos reproches. Pero antes, durante y después, lo más importante es la integridad de las víctimas y la lección que como sociedad saquemos: la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es intolerable.
Así lo propone el proyecto de Código de las Familias que en febrero se someterá a consulta popular. Otro argumento para debatirlo, mejorarlo y refrendarlo.
(Tomado de El Invasor)
