HARRISONBURG, Estados Unidos. — Los juicios a los cubanos que protestaron públicamente el pasado 11 de julio han estado ocupando espacios en la prensa independiente cubana mientras que importantes medios de prensa asentados en la Isla y —por supuesto— la prensa oficialista guardan absoluto silencio sobre ellos.
En medio de la indecencia política que permea al mundo muchos gobiernos se han adherido a un silencio cómplice. Otros continúan ofreciendo regalías a la dictadura para programas de supuesto beneficio popular cuyo cumplimiento jamás se verifica, así que nada tiene de novedosa la sospecha de que el dinero donado para construir una infraestructura de abastecimiento de agua potable sea desviado para beneficiar a los principales dirigentes de la dictadura, sus familiares y los perritos que recogen sus migajas.
Injusticias hay en todo el mundo. Ningún gobierno puede alegar que no las comete. Pero uno de los rasgos que distingue a las sociedades libres de aquellas que no lo son es la existencia de una prensa libre, una sociedad civil vigorosa y, sobre todo, un sistema judicial independiente sometido al escrutinio del pueblo.
Allí donde existe un sistema judicial independiente que cumple eficazmente su función social el ciudadano todavía puede creer en la justicia humana y aunque exista la posibilidad del error judicial jamás tendrá que lidiar desde una posición desigual contra la fuerza descomunal del estado, de otras instituciones o personas poderosas. Si eso llegara a ocurrir siempre habrá un periodista honesto que brinde cobertura al acontecimiento y existirán las posibilidades para que la sociedad se pronuncie públicamente sin temor a represalias, circunstancias que no concurren en la sociedad cubana.
Lamentablemente, el entramado sobre el que se erige el sistema judicial cubano no es independiente, democrático ni justo —mucho menos transparente— y de ello dan fe las noticias que desde el mes de noviembre ha estado ofreciendo la prensa independiente cubana.
La publicidad de estos procesos se ha vulnerado sin recato al impedirse no ya la asistencia de la prensa independiente, sino también de la oficialista y de la prensa extranjera. También se han militarizado los alrededores de los tribunales y se ha impedido el acceso de los familiares de los acusados a los juicios.
Pudiera pensarse que esa medida se toma para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19, pero se trata de algo que por décadas ha impuesto la Seguridad del Estado, la mano ejecutora de los procesos y de su puesta en escena. No contentas con esto, las autoridades cubanas también se han dedicado a intimidar a los padres y familiares de los acusados que se han atrevido a reclamar justicia en las redes sociales y a denunciar la falta de equidad existente en esos juicios, en donde el rostro del debido proceso ha estado personificado en los agentes de la Seguridad del Estado y en los fiscales y jueces que sirven de cómplices a la dictadura.
No se necesita tener conocimientos jurídicos y mucho menos ser un profesional del derecho para saber que los enjuiciados por lo ocurrido el pasado 11 de julio se enfrentan a los intereses de la claque gobernante desde una posición de desigualdad en la que el debido proceso ha sido hecho añicos, aunque sí se necesita tener un alma buena para no convertirse en ejecutor de una política despiadada como la que practica la dictadura contra todo cubano que la enfrenta.
Y en esto creo que todos los cubanos que aman la libertad coincidirán en que hoy todo el que forma parte del partido comunista, el ejército, la policía, la seguridad del Estado, los tribunales y la fiscalía —por citar a las instituciones más íntimamente vinculadas al poder comunista— es un traidor a la patria y, en el momento propicio, deberá ser juzgado de acuerdo con sus actos y omisiones.
El 24 de julio de 2021 varios medios de prensa reflejaron la conferencia de prensa ofrecida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), en la que comparecieron Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Remigio Ferro aseguró que todos los detenidos en las protestas ocurridas el 11 de julio estaban siendo investigados conforme a las normas del debido proceso (due process of law) y que se actuaba en congruencia con lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal.
Pero muy pronto comenzaron a circular los testimonios sobre las golpizas y maltratos sufridos por los manifestantes en las unidades policiales y se supo de la permanencia en prisión de decenas de menores de edad, algunos de ellos actualmente condenados a penas extremadamente severas. A muchos de esos manifestantes los “imparciales y justos tribunales revolucionarios” les han impedido presentar pruebas documentales y testimoniales para refutar los argumentos de la fiscalía, colocándolos en un plano de indefensión total.
Si el señor Rubén Remigio Ferro fuera una persona honesta habría investigado esas denuncias, pero no lo hizo ni lo hará, todo lo contrario: seguramente continuará afirmando con total cinismo —como lo hizo en la mencionada conferencia de prensa— que en Cuba no es delito protestar ni expresar públicamente sus ideas, algo que constantemente reiteran los medios oficialistas como fieles polichinelas del Partido Comunista (PCC).
Pero dada día que pasa los cubanos creen menos en los dirigentes de la dictadura y hoy muchos saben que el señor Remigio Ferro mintió y continúa mintiendo, como lo hizo por estos días en Guantánamo al asegurar que los tribunales respetan la legalidad en su proceder.
Para demostrar la mendacidad de este sujeto execrable bastaría recordar el caso del joven Luis Robles, quien ha permanecido por más de un año preso por haber salido al bulevar de La Habana con un cartel en el que pedía libertad. También podría citarse el caso del ciudadano que fue severamente sancionado por romper una foto de Fidel Castro en la vía pública, o el de la joven que va a ser enjuiciada por filmar las protestas y enviar lo filmado a las redes sociales.
Si el señor Rubén Remigio Ferro fuera un hombre honesto y congruente con lo que por años ha estado afirmando, hace bastante tiempo habría renunciado a su cargo. Pero no lo es. Remigio Ferro es otro cínico aupado por la cúspide de la dictadura, otro represor de cuello blanco.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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