HAVANA CLIMA

Las inevitables crisis del Caribe

El mundo se puede siempre acabar. Nací años después de la Crisis de los Misiles (o del Caribe o de Octubre, según quiera llamársele), pero el pasado insiste en continuar repitiéndose. No sé si como historia o farsa —esa disquisición dejémosela al espectro de Marx. Pero lo hace. O amenaza con hacerlo. Tal vez por eso tan poco me sorprendió que esta semana el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov anunciara que no confirmaba ni excluía la posibilidad de que Rusia posicionara en Cuba y Venezuela armamento y tropas, en respuesta a las actividades militares de Estados Unidos y Europa cerca de la frontera rusa. Ryabkov asegura que todo depende de la respuesta de Washington (no habló de la de Caracas o La Habana).

Tan fácil se dice. Tan lejos nos parece. La distancia entre Moscú y La Habana: 9550 km. ¿Cómo olvidar aquel programa televisivo de mi infancia, llamado 9550 porque el premio para los concursantes era un viaje por 15 días a la Unión Soviética?

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Pero para la administración de Putin hoy, como para la de Nikita Jrushchov en los sesenta, 9550 km no son nada. ¿Y los cubanos que viven en la isla? ¿Qué peso tienen en la ecuación ruso-estadounidense? La pregunta podría hacerse al gobierno de Rusia o de la difunta Unión Soviética y, antes, a los de Estados Unidos o la de España.

Hay quienes preguntan cuándo Cuba dejará de estar a merced de esas disputas tan lejanas de la isla. Según va este mundo, dudo que veamos el momento en que esto pueda suceder. Desafortunadamente seguimos dependiendo de otros para sobrevivir. Lo decía un aterrorizado Malabre en Memorias del subdesarrollo —la novela de Edmundo Desnoes de 1965 y la película de Tomás Gutiérrez Alea de 1968:

Todo lo que se me ocurre son tonterías frente a los hechos. Siento que todo...

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Llegó a Holguín la 30 edición de la Feria Internacional del Libro (+Fotos)

Holguín, 27 may (ACN) Con una gala artística frente a la Biblioteca Provincial Alex Urquiola quedó inaugurada este jueves en Holguín la 30 edición de la Feria Internacional del Libro, que se extenderá hasta el próximo domingo con una amplia programación literaria y cultural.
El espacio homenajeó la obra de los escritores holguineros Manuel García Verdecia y Eugenio Marrón Casanova, importantes intelectuales que cultivan la poesía, la narrativa, el periodismo, el ensayo y la crítica, y compañeros de la misma generación, promovida con el auge cultural de los años 80; a quienes se les dedica en esta ocasión la cita literaria en la provincia.
Del mismo modo se recordó la impronta de Ediciones La Luz, sello de la Asociación Hermanos Saíz en Holguín, en sus 25 años, defendiendo y promoviendo la literatura hecha por noveles escritores; así como el aniversario 60 del semanario ¡ahora!, y al libro universitario holguinero, representado por Ediciones Conciencia, a quienes también se rinde homenaje en la Feria.
Como parte de esta jornada inicial se inauguró el espacio La Hora Tercia, con la presentación de las novedades editoriales de Ediciones La Luz, entre ellos En el último día del mundo, compilación poética de José Emilio Pacheco, una especie de homenaje al autor mexicano en el año que se dedica este evento al país azteca, con compilación y selección de Erian Peña.

Además, se dedicó un panel al Premio Alejo Carpentier y su impronta en la narrativa cubana, con reconocidos escritores cubanos ganadores de este como Margarita Mateo, Aida Bahr y Atilio Caballero.
Mientras que en la calle Mercado 1 abrió sus puertas el Pabellón Infantil con variadas propuestas escénicas y literarias para los más pequeños de casa; además de otros espacios para la historiografía, las ciencias sociales, y el entorno universitario y digital.
De esta manera, luego de dos años pospuesta la Feria debido a la Covid-19, más de 26 espacios culturales y literarios y cerca de 392 novedades editoriales se darán cita en esta oriental ciudad, así como una gran variedad de títulos que el público lector podrá encontrar en la Gran Librería, ubicada en la Plaza de la Marqueta, y en las más de 11 carpas dispuestas alrededor del parque Calixto García Íñiguez, además de otros puntos de venta.
Lea más: Inauguran feria del libro en Guantánamo (+Fotos)
Al igual que en el resto del país la Feria se dedica de manera general a los escritores Luis Álvarez y Alberto Prieto, y a México como país invitado de honor, evento que contará con la presencia en la provincia de nueve países expositores, entre ellos Panamá, Colombia y Perú, que presentarán diversos títulos.
La Feria del Libro de Holguín se convierte cada año en una de las más abarcadoras e importantes realizadas en el territorio nacional, por sus invitados y por la amplia programación cultural desarrollada, además por organizar el Premio a la Mejor Edición que se otorgará como colofón de esta cita literaria.

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Maestro de primaria y manifestante del 11J denuncia represión en la cárcel

LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión de Valle Grande, al oeste de la capital cubana, el manifestante del 11J Harlen Oropesa Carrero denuncia varias agresiones perpetradas contra él por integrantes de los órganos represivos a partir de las protestas populares ocurridas en Cuba el 11 de julio de 2021.
Harlen Oropesa tiene 38 años. Reside en Luyanó Moderno, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón y es graduado de Educación Primaria de la Escuela Pedagógica “Presidente Salvador Allende”. Relata que fue apresado en la calzada de Güines durante el estallido popular ocurrido en esa jornada. Inicialmente fue encarcelado en la 11ª Unidad de Policía, ubicada en esa avenida, y al día siguiente fue trasladado para la prisión de Ivanov. Allí, según revela, lo obligaron a pasar esposado por entre dos filas de soldados que lo golpearon salvajemente.
Según contó a CubaNet, como resultado de la golpiza le partieron una muela. En ese centro penitenciario estuvo dos semanas. Cuando sus familiares llamaban en la instalación les respondían que él no estaba allí.
Su prima se presentó en Villa Marista pero allí le aseguraron que desconocían su paradero. Más tarde se enteró por una vecina de que Harlen Oropesa estaba prisionero en Jóvenes de Occidente, a donde lo habían llevado después de Ivanov y lo tuvieron otras dos semanas. La muchacha fue a ese centro de detención pero allí no le permitieron verlo, pues estaba golpeado. Añade el manifestante que mientras estuvo en Jóvenes de Occidente lo mantuvieron aislado en celda y no permitieron que su prima le hiciera llegar ningún aseo.
Oropesa agregó que ha presentado quejas en Fiscalía contra el capitán Sandy, quien le partió la muela, y contra el oficial Jordan, miembro de la guarnición de Valle Grande, incorporado para la ocasión como “refuerzo” en Ivanov, quien también participó en la golpiza. No obstante, dice que hasta el momento ningún funcionario ha dado seguimiento al caso.
También señala que en la prisión de Valle Grande lo cambian de destacamento constantemente, lo cual afecta la continuidad de las visitas.
Harlen Oropesa Carrero recientemente recibió la petición fiscal, según la cual enfrentaría 10 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos y asociación para delinquir.
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Recibe Díaz-Canel a participantes en XXI Cumbre del ALBA-TCP (+Fotos)

La Habana, 27 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy en el Palacio de la Revolución, de esta capital, a los participantes de la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El encuentro tendrá lugar este viernes a partir de las 11 de la mañana para intercambiar sobre la situación regional y las potencialidades de la Alianza a partir de las capacidades y fortalezas en las naciones que la integran.

El Presidente @DiazCanelB saludó a los jefes de delegaciones que asisten a la XXI Cumbre del ALBA-TCP.Tras esa bienvenida los representantes de los países miembros de la organización compartieron ideas con el equipo de prensa de @PresidenciaCuba. pic.twitter.com/KMwX7pIMLQ
— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, acompañó al mandatario en la bienvenida a los dirigentes latinoamericanos y caribeños que arribaron al país con motivo de la cita.
Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y Luis Alberto Arce, presidente del Estado plurinacional de Bolivia, se encuentran ya en el Palacio de la Revolución para aportar ideas sobre estrategias de desarrollo y analizar la situación política regional.

La XXI Cumbre del ALBA-TCP se desarrolla en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos excluye a naciones del área de las actividades previas a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en el venidero mes de junio, en la ciudad de Los Ángeles.
El ALBA-TCP está integrada por Nicaragua, Venezuela, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Cuba, todos representados en esta oportunidad.

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Arriban a Cuba participantes de la XXI Cumbre del ALBA-TCP (+Fotos)

||XXI Cumbre del @ALBATCP||Arriban al Palacio de la Revolución los participantes de Cumbre.En imágenes la llegada de los representantes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela.📷 Omara García #ACNreporta pic.twitter.com/6Xyc6nDJRT
— Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) May 27, 2022

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