HAVANA CLIMA

De la inflación a la inversión para emigrados: las herencias económicas de 2022

Los cubanos iniciaron 2021 con la resaca de los altos precios pagados por sus celebraciones de fin de año y la preocupación derivada de la variante ómicron. En apenas unos días la nueva cepa del virus ha multiplicado los contagios, hasta cifras que no se registraban desde septiembre. Pero la vida económica del país difícilmente pueda volver a paralizarse bajo requerimientos sanitarios. Durante 2021 Cuba logró inmunizar con vacunas propias a sus habitantes, pero no consiguió garantizar el abasto de bienes de consumo, ni impedir que la inflación se descontrolara. Dictar ahora otro “coma inducido” supondría un peso a todas luces insoportable.

Buena parte de las cartas con que los cubanos enfrentarán esta partida, se repartieron el año pasado. En esta nota repasamos algunos de esos sucesos notables en materia económica, cuyas repercusiones se extenderán durante el año en curso.

La guerra de los números (o cómo ajustar las cuentas de la inflación)

En diciembre, el Gobierno emprendió una cruzada comunicacional bajo la consigna de rebajar los indicadores que le son adversos; en primer lugar, la inflación. Durante el más reciente período de sesiones del parlamento, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, cifró esa estadística en un 70 %, asegurando que más de la mitad de su aumento (alrededor del 44 %) había tenido lugar en enero, contemplada como parte del “diseño” de la Tarea Ordenamiento. “El mundo está enfrentando el peor proceso inflacionario de los últimos 30-40 años”, matizó, al denunciar campañas que desde el exterior estarían elevando las estimaciones inflacionarias de la Isla hasta un dramático 6 900 %.

La inflación se ha convertido en “el factor de riesgo al que más temen los expertos en 2022 en todo el mundo”, alertaba hace pocos días el diario español El País. En Estados Unidos los precios de noviembre fueron un 6,8 % más elevados que los del mismo mes en 2020, alcanzando cotas que no se registraban desde 1982. Y para América Latina el FMI anticipó un cierre de año con 9,3 % de crecimiento inflacionario, con casos extremos como el de Argentina, donde el costo de la vida subió un “enorme” 52 % en la evaluación interanual. Todavía durante 2022, coinciden expertos, la región pudiera sufrir una inflación cercana al 8 %, manteniéndose como la de peor desempeño en el mundo.

Son números que nada tienen que ver con la realidad cubana, sin embargo. Al margen de estimaciones políticamente motivadas, y tomando por referencia ítems como la Moneda Libremente Convertible y la carne de cerdo, no resulta descabellado situar la inflación “real” de la Isla entre el 300 y el 400 %. Desde el comienzo de 2021 la divisa virtual elevó su valor al menos dos veces y media, y la factura de la carne porcina se cuadruplicó, marcando una tendencia que se extendió a la mayoría de los sectores de la producción y los servicios.

Otras evaluadoras, como la unidad de análisis de The Economist Group, editora del prestigioso diario homónimo, son incluso más pesimistas. En diciembre, sus investigadores recalcularon la tasa de inflación de Cuba, situándola en torno al 740%, decuplicando la valuación oficial y sumando más de 300 puntos porcentuales a sus primeras apreciaciones al respecto. En un hilo sobre el tema, el economista Pedro Monreal resaltó la nota de “muy alta” otorgada por la institución británica a la posibilidad de que “las autoridades [cubanas] fracasen en la gestión de la dislocación derivada de la unificación de la tasa de cambio dual”. El mismo estudio proyecta una inflación del 88,8 % para 2022, la cual superaría casi en once veces el promedio regional. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es otro campo de conflicto. De acuerdo con Gil Fernández, a lo largo de 2021 la economía isleña creció un 2 %, pese a la contracción generalizada de sus ingresos. En 2020 el PIB cubano se había desplomado un 10,9 %, sufriendo su “peor caída en más de dos décadas y la tercera más pronunciada desde que se tiene registro”; casi cualquier performance resultaba positiva. 

Apelando a un optimismo militante el Ministerio de Economía y Planificación inició 2021 con una estimación del 7 % en crecimiento del PIB. El dato debió rebajarse luego en varias ocasiones hasta la cifra final, presentada por Gil Fernández a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la misma sesión parlamentaria el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, vaticinó que durante 2022 esa tendencia se mantendrá, llegando al 4 % de incremento del PIB, un éxito que no se consigue desde 2015.

De vuelta a la investigación de The Economist Group, sus estimaciones en cuanto al PIB antillano son del 0,1 % para 2021 y del 3,4 % durante 2022, esta última inferior a la de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que vaticina un 4,1%. La tasa de 2021 parece particularmente realista, atendiendo a los pobres desempeños de la economía isleña.

Entre los pocos sectores de los que ya se disponen de datos se cuentan el turismo y la industria cementera. Una publicación reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reveló que de enero a noviembre viajaron a la Isla 254 mil turistas, apenas el 25 % de los que lo habían hecho en el mismo período de 2020. La producción de cemento también se inscribió en números rojos. El plan de 560 mil toneladas pactado para 2021 suponía poco más de la mitad de lo producido el año anterior y el volumen más bajo en más de seis décadas, pero terminó incumpliéndose en alrededor de 80 mil toneladas.

Descontando las partidas del Ministerio de Salud Pública y las correspondientes a algunas “inversiones priorizadas”, difícilmente otros rubros de la economía hayan cerrado sus ejercicios del año con balances positivos.

La expansión de la economía no estatal y el acercamiento a los inversionistas emigrados

El seis de febrero el Consejo de Ministros eliminó el listado de las 127 actividades aprobadas para el trabajo por cuenta propia. El sector no estatal pasó a regirse por el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, de cuyas cerca de 2 000 ocupaciones se limitaron o prohibieron 124 para el ejercicio no estatal.

El 19 de agosto en la Gaceta Oficial número 94, ordinaria, aparecieron las disposiciones autorizando el establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, y cooperativas no agropecuarias, y actualizando la legislación cuentapropista. Seis decretos ley, un decreto, y 17 resoluciones ministeriales y del Banco Central de Cuba entraron en vigor un mes después para regular el funcionamiento de la economía no estatal, en cuyas nóminas sienta plaza más del 13 % de la población ocupada en el país.

“La creación de esas entidades se priorizará en la producción de alimentos, las empresas de base tecnológica relacionadas con manufactura aditiva, robótica, la generación de nuevos materiales y en parques tecnológicos”, declaró al periódico Trabajadores el viceprimer ministro Gil Fernández. El 29 de septiembre la cartera a su cargo aprobó los primeros 35 proyectos de Mipymes; entre ellas, 32 de propiedad privada y 20 “reconversiones” de antiguos negocios cuentapropistas.  

A la par con la expansión de los actores no estatales tenía lugar un tímido acercamiento a la emigración. El 19 de julio, forzado por las protestas del 11J, el Gobierno derogó los aranceles y límites para la importación de medicinas, alimentos y artículos de aseo, atendiendo a un reclamo que desde meses antes impulsaban cubanos de dentro y fuera de la Isla. La exención, que hubiera vencido al cierre de diciembre, recientemente fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2022.

Las remesas familiares fueron otra condicional determinante en la relación del país con su comunidad emigrada. El cierre de las oficinas locales de Western Union, y las sanciones a compañías como American International Service, impulsaron la búsqueda de alternativas para el envío de divisas, pero también influyeron en una menor disponibilidad de dólares al interior de la Isla. Aunque en junio el Banco Central suspendió la aceptación del efectivo de la moneda estadounidense, esta apenas sufrió una ralentización en su tendencia alcista frente al CUP.

Con el paso de los meses la búsqueda de capital emigrado se ha convertido en una campaña en toda regla. A comienzos de diciembre, el director general de Asuntos Consulares y Atención a Ciudadanos Residentes en el Exterior de la cancillería, Ernesto Soberón, declaró que “pretendemos que los cubanos residentes en el exterior sean promotores del desarrollo y el bienestar”. En su caso no existe limitación alguna, agregó, pensamos que podrán contribuir a proyectos en las localidades, antes que los extranjeros, quienes primero necesitan familiarizarse con el entorno.

La actual ley de inversión extranjera fue aprobada en 2014, pero recién este año las autoridades hicieron de la comunidad emigrada el público meta de sus convocatorias. En marzo, la directora de Negocios del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Katia Alonso, anticipó el cambio de política, al declarar que “estamos abogando por proyectos pequeños […] más a la medida de los cubanos residentes en el exterior, que son personas que tienen pequeñas y medianas empresas”. Tras reconocer los recelos con que en otros tiempos se trataba el tema, la funcionaria aseguró que “ahora todo se va concatenando”.   

El abandono formal de los lineamientos y los numerosos planes de reforma

Cuando en octubre Marino Murillo Jorge rindió cuentas de su gestión como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, pocos anticipaban lo inminente de su destitución y la desaparición de ese ente, surgido diez años atrás.

La remoción del otrora “zar de las reformas” hubiera sido esperable en cualquier otro país, debido al fracaso de la política de Ordenamiento gestionada por su equipo. Pero en Cuba, donde la tradición de fracasos económicos es mucho más larga que la de funcionarios defenestrados, la noticia causó sorpresa.

Durante los meses previos el Gobierno había dado muestras de un abandono progresivo de la hoja de ruta pautada por Murillo Jorge. El Ministro de Economía y Planificación –quien ha terminado por ocupar sus antiguos cargos– reconoció en octubre la ineficacia de los topes de precios: “si no hay un nivel de ofertas es muy difícil establecer controles efectivos con medidas administrativas”. Su línea de razonamiento choca con la política que hasta julio había defendido el Gobierno, siguiendo los planteos de la Comisión de Implementación.

La derogación de los topes había sido antecedida, en abril, por las llamadas 63 medidas “para potenciar la producción de alimentos”. La hoja de ruta del Ordenamiento proponía mantener inalterables los importes de acopio para la mayoría de los rubros agropecuarios mientras subía el costo de los insumos y servicios a productores. Las nuevas medidas no solo modificaron ese orden de cosas, sino que abrieron la puerta a la inversión extranjera en la agricultura y al establecimiento de una “banca de fomento agropecuario” con capital inicial de 1 800 millones de CUP.

Esas disposiciones, y otras dictadas para las empresas estatales, no han reportado hasta ahora mayores beneficios. A finales de diciembre, ante la Asamblea Nacional, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, resaltó que más de 588 millones de CUP ya se habían otorgado en créditos a pequeños agricultores y cooperativas (casi la mitad para el cultivo de arroz), pero que las cosechas se mantendrán muy por debajo de las necesidades del país, al menos en el futuro cercano.

Las empresas estatales, a su vez, se aventuran a 2022 con la incertidumbre de la restricción de importaciones anunciada por el Gobierno y el vencimiento del fondo de compensación establecido a finales de 2020, para ayudarles a equilibrar sus cuentas y permitirles cumplir obligaciones como la de los salarios. Entre 1 776 de esas entidades, 500 cerraron 2021 con pérdidas. Rebajar esa estadística durante el año que comienza se anticipa difícil, por decir lo menos.    

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