En estos días circula un spot publicitario de la Presidencia y del Gobierno de Cuba en el que se incluyen varias frases del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dichas en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado mes de diciembre. En el material propagandístico expresa: «No es verdad que la causa de la inflación en Cuba es el erróneo diseño del ordenamiento monetario y el momento inadecuado en que el gobierno decidió implementarlo. No es cierto. Todo esto estuviera presente con y sin ordenamiento monetario».
Y más adelante afirma:
«Sin ordenamiento monetario tuviéramos escasez, tuviéramos pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, tuviéramos incremento de precios porque tenemos déficit productivo. Todos esos fenómenos que son la base de la inflación no tienen su causa en el ordenamiento monetario, con independencia de que el ordenamiento monetario, y somos nosotros los primeros en reconocerlo, tiene problemas de diseño y muchos problemas en su implementación (…)».
.@AlejandroGilF: Sin negar que en #Cuba hay inflación, y que tenemos problemas que enfrentar, no existe un incremento generalizado de precios. Hay un conjunto de bienes y servicios básicos para el pueblo en los cuales la inflación es igual a cero. pic.twitter.com/mzpl8xzstt
— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) January 5, 2022
Los dirigentes cubanos persisten en defender a toda costa lo que han llamado «ordenamiento monetario» y que en realidad solo fue una devaluación del tipo de cambio oficial del peso cubano de 2.300%, para eliminar el sistema de cambios múltiples que existía anteriormente.
En verdad, el ordenamiento monetario requería la adopción de varias acciones, a saber: 1) eliminar la dualidad monetaria con el fin de establecer la soberanía plena del peso cubano en todas las transacciones dentro del territorio nacional; 2) definir un régimen cambiario relativamente flexible para contener por esa vía ciertos choques externos; 3) erradicar los tipos de cambio múltiples, unificándolos para todas las transacciones con una tasa económicamente fundamentada en las condiciones del mercado; 4) reajustar precios, salarios y pensiones.
Sin embargo, todas estas acciones hacen parte de la esfera de la circulación, por eso resultaba necesario que antes de proceder a esa determinación —que por como fue concebida implicaría una emisión considerable de papel moneda con afectaciones al equilibrio monetario—; se garantizaran las condiciones para un incremento de la producción de bienes y servicios a partir de una profunda reforma estructural en el sistema empresarial, en el régimen de propiedad y en la autorización de actividades económicas privadas con muy escasos límites.
Es decir, antes de promover cambios imprescindibles en el sistema monetario era preciso crear condiciones para el aumento generalizado de la producción, con independencia de si esto ocurría desde el sector estatal, el privado o el cooperativo. En política económica, el orden de los factores sí altera el resultado.
Ahora bien, al margen de los problemas de secuencia —sobre los cuáles varios economistas hemos insistido—, la unificación cambiaria adoptada está muy lejos de constituir un ordenamiento monetario. En realidad, presenciamos un nuevo des-ordenamiento, que afecta no solo al sistema monetario sino a toda la economía.
Se decidió adoptar un tipo de cambio fijo de 24 pesos cubanos (CUP) por un dólar estadounidense (USD), que no reflejaba las condiciones del mercado, afectado por una escasez gravísima de dólares derivada del derrumbe del turismo y la crisis crónica de las exportaciones de bienes. Mientras tanto, el mercado informal se adecuó rápidamente a la relación entre oferta y demanda y allí el dólar se cotizó a un valor entre 35 y 40 CUP desde fines de 2020 y principios de 2021. Un año después de asumida la medida, la divisa estadounidense supera los 70 CUP.
(Imagen: El Toque)
¿Cómo es posible realizar una reforma cambiaria sin que el sistema bancario o las casas de cambio oficiales estén en condiciones de vender la divisa extranjera? Lo que ciertamente se ha hecho es reemplazar un tipo de cambio sin fundamento económico por otro, menos separado de la realidad que el anterior, pero alejado también, lo cual no permite que cumpla con su función de puente entre la economía doméstica y la internacional, ni propicie el establecimiento de precios relativos adecuados.
En consecuencia, los precios relativos que se establecen al cambio de 24 por 1 no son reales y, por ende, se mantiene una distorsión que afecta tanto la determinación de los costos de producción, los precios domésticos de bienes que contienen insumos importados, como los precios de exportación e importación, y no permite la convertibilidad real de la moneda cubana. ¿Qué sentido tiene implantar precios ficticios en una economía? Ninguno. Pero cuando ese precio ficticio es el de las divisas, se está afectando seriamente la conexión entre la economía nacional y la economía mundial.
Además, como he explicado en otras oportunidades, al existir una brecha cada vez más grande entre el tipo de cambio oficial y el informal, siendo este último mayor que el primero, ello se traduce en una sobrevaloración artificial de la moneda nacional que afecta la competitividad de las exportaciones, encareciéndolas, y al mismo tiempo abarata, también artificialmente, las importaciones.
De forma adicional, lo que ha sido llamado «ordenamiento» por las autoridades cubanas se produjo al mismo tiempo que la adopción de una dolarización parcial de la economía, al crear un mercado que opera monedas libremente convertibles a través de depósitos bancarios, la mayor parte de los cuales provienen del exterior.
Aunque en los inicios ese mercado se reservaba para «bienes de alta gama», poco a poco se fueron incorporando alimentos y una creciente variedad de productos básicos para la vida de las familias. O sea, se volvió al expediente de los años noventa que creó la dualidad monetaria, la segmentación de los mercados y, a fin de cuentas, no solo el desorden monetario, sino que profundizó el desorden de la economía del país.
De modo que el «ordenamiento» no produjo la indispensable unificación monetaria que debería permitir que el peso cubano fuera la única moneda en circulación para realizar todas las transacciones domésticas y que, además, fuera una moneda convertible al interior del país, incluso para realizar transacciones económicas internacionales. Por el contrario, a fin de cuentas se mantuvo la presencia de monedas extranjeras en las transacciones domésticas, lo que genera incentivos perversos a los productores —inclusive a los estatales—, que prefieren dirigir su oferta hacia estos mercados, con la excusa de compensar sus costos en divisas.
Por otra parte, el reajuste de precios, salarios y pensiones a partir del «ordenamiento», se realizó sobre bases que han demostrado ser incorrectas. Nunca supimos cómo se construyó la famosa canasta básica de bienes y servicios, no sabemos cuáles bienes y servicios incluía y en qué ponderación determinan el costo de esa canasta básica.
Además de los errores técnicos evidentes, también se cometieron errores políticos, como el caso de las pensiones de jubilación establecidas por debajo del salario mínimo, sin que se tuviera en cuenta el aporte de esos jubilados a la economía nacional, las artes, la cultura, la educación, la ciencia, la producción, los servicios o a la defensa, durante el período en el que estaban en activo.
Los jubilados recibieron pensiones muy bajas que no fueron ajustadas con las sucesivas reformas del sistema pensional. (Foto: CubaCute)
Como resultado de las inmensas distorsiones de precios y salarios acumuladas desde los años sesenta, los jubilados recibieron pensiones muy bajas que no fueron ajustadas con las sucesivas reformas del sistema pensional. Esto, además de un error político, ha sido una injusticia con este grupo de personas que por su edad resultan altamente vulnerables.
En el artículo «La economía cubana: entre la confusión y el sin sentido», expliqué que era lógico que los precios subieran cuando en un mercado afectado por una severa escasez, se incrementa la oferta monetaria como resultado de aumentos nominales de salarios y de pensiones.
Es evidente que tal incremento de precios habría sido inferior en un contexto económico diferente a la pandemia, pero la parálisis del sector productivo cubano no es un problema coyuntural sino estructural, y se relaciona con la pretensión, claramente ineficaz, de que el Estado está en condiciones de proveer todos los bienes y servicios que necesita la sociedad. Ahora, presionados por las circunstancias, parecen reconocer que no son todos sino los fundamentales, y también en eso se equivocan.
En mi opinión, nunca se debió apelar a la dualidad monetaria en la economía cubana. No fue una decisión económica ni política adecuada. Sin embargo, una vez adoptada debió ser una medida temporal. La temporalidad fue solo la circulación del dólar, reemplazado luego por el llamado peso convertible (CUC) que generó aún mayor desorden en el sistema monetario cubano, con una moneda convertible que fue perdiendo esa condición en la medida en que el emisor aumentaba su oferta sin el debido respaldo en dólares con el que supuestamente nació.
La dolarización de los gastos, pero no de los ingresos, empobreció a la mayor parte de las familias cubanas que vivían de su trabajo. Ese proceso de empobrecimiento se fue acumulando por décadas y debió ser atendido con profundas reformas estructurales.
Resulta inadmisible que después de que la unificación monetaria y cambiaria se convirtiera en un «lineamiento de política económica y social» en el 6to Congreso del PCC, no se hubiera cumplido previo al 7mo y fuera ejecutada de forma tan apresurada y chapucera apenas tres meses antes del 8vo Congreso.
También resulta inadmisible que la dirección del partido y del gobierno continúen evadiendo sus responsabilidades. Si bien considero que nunca se debió producir la dualidad monetaria, en 2011 y años inmediatos las condiciones no eran tan graves como las que debió enfrentar el país a partir de 2020, cuando además de la pandemia, se habían recrudecido las sanciones económicas de la administración Trump.
Respecto a esto último, el gobierno cubano no solo desaprovechó las posibilidades de un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos a partir del restablecimiento del vínculo diplomático entre ambos países al final de la administración Obama, sino que reaccionó negativamente al reto que significó su visita a Cuba y sobre todo a su discurso en el Gran Teatro de La Habana.
La culpa no es del totí
En un país donde el gobierno tiene todas las palancas de la economía, si esta marcha bien sería su éxito, pero si marcha mal es su fracaso. Este es el caso.
La economía cubana marcha mal desde hace décadas. La apelación insistente a la responsabilidad de las sanciones económicas de Estados Unidos —que sin duda afectan a la economía nacional, y especialmente a las familias, pero que más allá de condenarlas no podemos evitar—; demuestra la altísima vulnerabilidad y dependencia externa del país, acrecentada tras la desaparición del denominado «campo socialista».
En estas condiciones se ha profundizado el subdesarrollo, expresado por la incapacidad para desarrollarse. El sistema productivo ha colapsado. Las industrias tradicionales se han derrumbado y las no tradicionales no pueden despegar por dificultades de acceso a capitales, tecnología y materias primas. El país, que otrora se consideraba agrícola, no produce suficientes alimentos para la población.
Frente a esta realidad, no tiene sentido apelar a expedientes de política ni a mecanismos económicos que han demostrado ya su ineficacia. Solo resta hacerlo de una forma diferente y ello implica una audacia política de la que hasta ahora han carecido los gobernantes cubanos.
Aunque algunos dirigentes, comenzando por el presidente, han tratado de desviar su responsabilidad por los excesivos aumentos de precios atribuyéndosela a los trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios privados, e incluso a negligentes dirigentes empresariales estatales, y han pretendido que la solución sea la renuncia «voluntaria» de parte de las ganancias obtenidas, haciendo caso omiso una vez más a las leyes económicas; la realidad es muy diferente.
La inflación tiene razones objetivas relacionadas con el desorden económico que se arrastra desde hace décadas. La debacle productiva ha creado un shock de oferta que ya es estructural y, como afirma la teoría económica, ante la escasez de oferta la respuesta del mercado es el aumento de precios. Durante muchos años esta realidad fue enmascarada con precios fijos y mercados desabastecidos.
Si a eso añadimos un incremento de la emisión monetaria sin respaldo de oferta en los mercados, el resultado no puede ser otro que el crecimiento de los precios, es decir, una mayor inflación. A estos dos factores debemos sumar la persistencia de monopolios públicos en toda una serie de actividades productivas y de servicios, que permiten el establecimiento de precios de monopolio en mercados cautivos.
Por cierto, en la medida en que más bienes de consumo necesarios para la vida se comercialicen en las tiendas en MLC y las divisas que se obtienen en el mercado informal sean más caras, está aumentando la inflación para los consumidores cubanos. Como no se ha hecho pública la metodología de cálculo, no sabemos si estos incrementos están siendo considerados o no.
Al ministro de Economía y Planificación me gustaría decirle que el des-ordenamiento, la forma en que se produjo, el momento en que se adoptó y haberlo hecho sin una verdadera liberación de las fuerzas productivas —amarradas por el sistema de administración económica centralizada—, sí es responsable de la actual situación del país e influye decisivamente en la estampida de precios que sufre la población cubana. La culpa no es del totí, según reza el viejo proverbio.
Como he expresado en otros escritos y entrevistas a diversos medios, en el punto al que hemos llegado en Cuba no es posible realizar transformaciones económicas estructurales profundas sin producir cambios institucionales y políticos igual de profundos. Estos últimos deben orientarse hacia la democratización de la sociedad, de forma tal que esta se empodere de su destino. Dichos cambios podrían crear un ambiente adecuado para el desarrollo de la producción de bienes y servicios en mercados regulados y transparentes.
