Los condenados por Roque García bajo los cargos de “desórdenes públicos” y “desacato”, presuntos delitos a los que recurre el régimen en la mayoría de los casos contra participantes en las protestas, fueron víctimas de violaciones al debido proceso, tanto por parte del órgano de instrucción y la Fiscalía como del tribunal, según abogados consultados por Diario de Cuba.
Apuntaron que, al no existir delito tipificado en el Código Penal relacionado con las conductas y acciones desarrolladas el 11J, los acusados sufrían “restricciones severas y arbitrarias a la garantía de libertad que exigen artículos de la Constitución”.
Los abogados también consideraron que el tribunal encabezado por Roque García “incumplió el deber esencial de observación de la legalidad (debido proceso) y de respeto a la Constitución”. Pese a las irregularidades y violaciones, la jueza dictó sentencia contra los manifestantes.
Al exponerla, Norges Rodríguez publicó extractos de la prensa oficialista cubana en los que Roque García se dice satisfecha y orgullosa por ser jueza y pertenecer al sistema de tribunales del régimen.
“Ha sido para mí una manera de actuar, de pensar, de ver la vida, de vencer los obstáculos que impone administrar justicia en estos tiempos. Ser jueza me ha hecho crecer como profesional, me ha convertido en mejor ser humano. Existe un antes y un después de haberme investido con la toga y el honor”, aseveró Roque García en marzo de 2021.
Estados Unidos restringe visas de funcionarios por sentencias en Cuba
Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado de los EEUU, anunció el pasado jueves sanciones a funcionarios cubanos por las “duras e injustas sentencias” contra manifestantes del 11J.
“Debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano a través de la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión”, dijo Blinken en un comunicado que enfureció al régimen.
Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Los fiscales Luis Enrique Corcho Rosa, Dagmaris Jaca Seco, Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro, Yerandy Calzadilla Dávalos; así como los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, entre otros, han sido denunciados por procesos judiciales arbitrarios contra los participantes en las manifestaciones, a quienes solicitan y dictan sentencias de hasta 30 años de prisión.