A solo meses de que se realice el plebiscito de salida para una nueva constitución en Chile, la discusión que se tendrá este 2022 sobre los contenidos de la carta magna en el país se comienzan a dilucidar. Sucede luego de la presentación de más de cuatrocientas iniciativas populares de norma constitucional y de 183 mil firmas en apoyo a cada una de ellas.
Entre esas propuestas ciudadanas destacan algunas para la regulación de derechos sexuales y reproductivos, educación feminista y no sexista, desprivatización del agua y derechos de la naturaleza; reconocimiento a pueblos indígenas, plurinacionalidad, diversas formas de familia, así como la incorporación de los animales como sujetos de derecho, entre muchas otras.
No obstante, lo llamativo de este proceso participativo en curso, es que aún no se presenta ninguna iniciativa relacionada a la integración latinoamericana o regional, luego de revisar las presentadas hasta el momento en las siete comisiones existentes.
Esta ausencia de latinoamericanismo no se ha puesto en discusión en medios de información, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil ni en las constituyentes, lo que evidencia la escasa importancia que se le ha dado a un tema que debiera ser central en la discusión que se tendrá próximamente.
Es lamentable, como bien plantea el investigador colombiano Juan Camilo Herrera, ese desapego de Chile por la región, que distancia al país del resto de las naciones, las cuales en su gran mayoría han incorporado en sus constituciones cláusulas de integración latinoamericana, impulsadas tanto por sectores liberales, conservadores, como progresistas.
De ahí que a pesar de las grandes diferencias existentes entre procesos y momentos políticos en la región, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tienen preámbulos y artículos en sus constituciones donde América Latina aparece mencionada.
(Foto: AntonIvanov / Shutterstock.com)
En consecuencia, tal desinterés sólo retrata el profundo racismo histórico e institucional de Chile, el cual con la constitución dictatorial y neoliberal de 1980 impuso violentamente un nacionalismo de mercado. Este ha estado marcado los últimos treinta años por una política exterior economicista, que privilegió múltiples tratados de libre comercio con naciones fuera de la región, en vez de liderar procesos de integración latinoamericana.
Si se revisa el texto constitucional de 1980, aparece explícitamente en el artículo 32, que es el presidente quien debe «conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país».
Es decir, ha habido una mirada completamente subordinada a los grandes poderes imperiales (Estados Unidos, China u otros), en desmedro de la construcción de un bloque regional autónomo, que haga cierto contrapeso a esos países y a las grandes empresas transnacionales existentes, las cuales concentran cada vez más la riqueza.
De hecho, revisando la investigación de Juan C. Herrera, en su libro «Las Cláusulas durmientes de integración latinoamericana», muestra cómo la discusión previa a la constitución de 1980, a través de la Comisión Ortúzar, estuvo marcada por posiciones ultra conservadoras. Incluso compararon a Chile con Inglaterra: «en este momento en este país no solo existe desencanto por lo que pasó, por lo que le pasó a esta democracia nuestra tan orgullosa: “ingleses de América Latina”, el país más sólidamente organizado de América del Sur».
La idea de ser «los ingleses de la región» solo reproduce un patrón eurocéntrico y un desprecio por el resto de los países, como si Chile viviera en un oasis de desarrollo dentro de un mal barrio. Ello se ha traducido además en su errático rol en América Latina las últimas tres décadas, caracterizado por beneficiar a los grandes grupos económicos del mundo.
Chile ha sido parte de varios de los distintos organismos regionales creados históricamente (OEA, ALALC, SICA, Parlamento Latinoamericano y Caribeño, CAN, SELA, ALADI, Mercosur, Unasur, Celac, Alianza del Pacífico, Prosur), pero mientras no incorpore de forma explícita en la nueva constitución, cláusulas de integración latinoamericana, siempre cumplirá un rol secundario.
Por otro lado, si bien esos organismos han servido para agrupar a países de la región, muchas veces han sido meros medios para agendas propias de algunos Estados, como ha pasado imperialmente con la OEA (Estados Unidos), pero también gubernamentalmente con la Unasur (Venezuela y Bolivia) o con Prosur (Colombia y Chile).
La integración latinoamericana y la idea de un constitucionalismo transformador, tiene que ser impulsado contra cualquier tipo de injerencismo (estadounidense o chino), pero también más allá de los gobiernos o caudillos de turno de la región, los cuales han cooptado procesos políticos.
Las razones para impulsar aquel derecho común latinoamericano, van mucho más allá de algo nostálgico en nuestra historia (sueño bolivariano) o pragmático (integración económica), sino que tienen que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
América Latina (Abya Yala) es la región más biodiversa en el planeta, con mayores reservas de agua, con una alta migración interna y con múltiples pueblos indígenas. Más que una opción se vuelve una necesidad el tener una política regional centrada en proteger las enormes riquezas naturales y humanas existentes.
(Foto: La Sexta)
Nos encontramos como región en un proceso muy complejo para quienes vivimos en este gran territorio del sur global. Padecemos el extractivismo imperante, la violación a los derechos humanos por parte de gobiernos, la crisis humanitaria de miles de migrantes, la violencia de los narcotraficantes, el racismo contra pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia patriarcal contra mujeres y disidencias sexuales; así como los efectos sociales y para la salud mental que ha generado la pandemia actual.
Frente a esto, que la integración regional nos permita impulsar políticas que pongan en el centro el cuidado de los bienes comunes y una ecología de saberes entre distintos pueblos. Que la plurinacionalidad, la sustentabilidad y los buenos vivires, nos conviertan en referente mundial dentro de un planeta amenazado por una crisis climática (antropoceno) y civilizatoria de más de quinientos años.
Chile no puede estar ajeno al proceso integrador en su nueva constitución. Le hemos dado la espalda a la región por demasiado tiempo, por lo que es el momento propicio para hacer un giro latinoamericano constituyente, que vaya acompañado por políticas de Estado en directa relación con el resto de los países de América Latina.
