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Meditaciones de un jubilado que no sabe nada de economía

Inflación generalizada e inflación no generalizada

Recientemente el ministro de Economía reconoció que en Cuba hay inflación, pero no generalizada; para ello se apoya en el argumento de que los servicios de electricidad, agua y gas, según sus palabras, no «siguieron incrementando los precios» después del aumento inicial.

Seguramente por un lapsus, no mencionó que el «aumento inicial» de esos servicios alcanzó límites imposibles de sobrepasar sin provocar un estallido social.

También olvidó que fueron tantas las quejas sobre el precio de la electricidad en los primeros meses de 2021 que la empresa se vio obligada a readecuarlo, si bien lo mantuvo elevado.

Al lapsus podemos sumar otro: No mencionó que el costo del servicio de transporte colectivo estatal se elevó cinco veces, pues de cuarenta centavos pasó a dos pesos.

Y no recordó que el precio de algo tan vital como el pan normado se multiplicó por veinte: Pasó de cinco centavos a un peso. Hoy, el viejito que con cinco centavos podía comer un pan al día debe pagar veinte veces más por ese mismo pan (en otros términos: Con lo que antes comía un pan durante veinte días ahora solo come pan un día).

Y es sabido que esos no fueron los únicos incrementos en los precios al consumidor realizados por empresas del Estado. No por cuentapropistas o revendedores.

Tales aumentos, por lo visto, no entran en el concepto «inflación generalizada» del ministro. Según su opinión, la inflación padecida por los cubanos es «no generalizada». Afirmar otra cosa es técnicamente incorrecto. O manipulación enemiga.

Esa «inflación no generalizada», explicó también, es culpa de las indisciplinas de nosotros, los ciudadanos, porque vendemos o revendemos caro, o pagamos lo que nos venden o revenden caro, o «no somos combativos» y no denunciamos a quienes incrementan de manera abusiva los precios.

Pasando por alto los llamamientos al amor, a la labor de convencimiento político y al control ciudadano como armas para combatir los altos precios, realizados por los diputados que «opinaron» sobre las palabras del ministro, queda demostrado que la actual situación inflacionaria es culpa nuestra, no del gobierno, y si no se revierte es porque somos conniventes con coleros, revendedores y oportunistas. Moraleja: Tenemos lo que nos merecemos.

Pero el ministro y los diputados nos ilustran y nos exhortan a cumplir la obligación ciudadana de combatir la inflación. Debemos agradecerles la preocupación.

(No sé por qué encuentro aquí similitud con el llamado a «convencer» a los vecinos de los bateyes y a los trabajadores cañeros de la necesidad de «salvar» la producción azucarera. Fueron ellos quienes convirtieron las maquinarias en chatarra y los campos de caña en marabuzales; corresponde ahora exhortarlos a que reviertan la situación).

El ministro mencionó además algo que no hay que ser especialista para entender y nadie osará discutirle: Aumentar los salarios no es la solución, pues acarrearía un incremento mayor de los precios. La inflación es un círculo vicioso que se rompe con eficiencia productiva (que la producción de bienes implique menos gastos) e incremento en la oferta de mercancías. Esto es: eficiencia productiva y equilibrio entre oferta y demanda, no aumento de salarios, es la solución.

Némine discrepante.

¿Y qué hay con los jubilados?

Un elemento relacionado con los salarios y pasado por alto en las menciones a la inflación es el de las pensiones por jubilación.

Supongo que el ministro no ignora que la jubilación NO es un favor, NO es una dádiva, NO es una deferencia, NO es una prebenda que el Estado otorga generosamente a un segmento de la población que, por razones de edad, ya no produce bienes o servicios.

La pensión por jubilación, él debe saberlo, es el resultado de una parte del trabajo que el Estado no le retribuyó a la persona mientras fue productiva, parte que atesoró en sus arcas y administró según sus conveniencias. Si gestionó con eficiencia los fondos, los dilapidó, o no supo emplearlos de manera adecuada, es responsabilidad del Estado, no de quien alcanza la edad de jubilación.

Jubilado (2)

La pensión, en esencia, es la devolución al trabajador de una parte de lo entregado por él al Estado en préstamo durante décadas.

Esa pensión, en esencia, es la devolución al trabajador de una parte de lo entregado por él al Estado en préstamo durante décadas, y que el Estado usó bien o mal durante ese tiempo (es algo similar, aproximadamente, a lo que hace un banco con el dinero que se deposita en una cuenta).

En otras palabras, la pensión es una obligación del Estado, no hay que darle más vueltas.

(Aclaro que esta es una manera esquemática de presentar la formación de los fondos de jubilación a partir de la realidad cubana; hay variantes según los países).

Es costumbre de los gobiernos, cuando realizan reajustes económicos, descuidar los efectos de sus medidas sobre el sector de los pensionados por jubilación. El gobierno cubano no fue la excepción al aplicar la «Tarea Ordenamiento»: Después de calcular (durante más de diez años) las condiciones económicas del país, los supuestos costos de la llamada «canasta familiar», etc., llegó a la conclusión de que los jubilados pueden vivir con menos de un salario mínimo, ¡y hasta les sobra!

Retomando la idea inicial, al igual que ocurre con los salarios, incrementar las pensiones a los jubilados es, además de innecesario, contraproducente, pues llevaría a un nuevo aumento de esa inflación que, como nos avisa el ministro, no es culpa de cómo y cuándo se puso en práctica «el ordenamiento», sino de nuestra indisciplina y de la falta de control popular.

Pienso que esta ecuación la puedo entender: Aumentarme la pensión significa el riesgo de incrementar la inflación. Por tanto, en lugar de quejarme por no poder comprar un par de zapatos, arreglar una gotera del techo o comprar una golosina para mi nieto, debo ser consciente y eliminar esos gastos superfluos.

Pero ocurre que, mientras el ministro nos advierte sobre las consecuencias negativas de realizar aumentos de salario (y, por carácter transitivo, de las pensiones por jubilación), al mismo tiempo autoriza aumentar las pensiones a los jubilados de los cuerpos armados, en virtud de sus extraordinarios aportes al país.

Es la parte de la ecuación que no entiendo. ¿Será que los jubilados de los cuerpos armados son tan escasos que aumentarles la pensión no es estadísticamente significativo? Pero sabemos que eso no es cierto. ¿Entonces? ¿Debo pensar que en Cuba unos jubilados son más iguales que otros?

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¿Será que los jubilados de los cuerpos armados son tan escasos que aumentarles la pensión no es estadísticamente significativo? (Foto: Alejandro Ernesto/EFE)

Hago una salvedad: No encuentro mal que se aumente la pensión a los jubilados de los cuerpos armados. Pero considero inadmisible que el aumento tenido por perjudicial a la economía si se aplica a un sector de la población no lo sea cuando se aplica a otro. Además de económicamente incomprensible, lo siento como la imposición artificial de una división entre cubanos. Y eso no lo admito.

Está visto: Soy un jubilado que no sabe nada de economía.

Adenda

Existen fórmulas, usuales en buena parte del mundo, para contribuir a hacer más llevadera la vida de los jubilados, pero en Cuba no se aplican, nadie sabe la razón. Parlamento y sindicatos, los encargados de exigir explicaciones al gobierno, guardan silencio al respecto en presencia de los ministros.

Entre esas fórmulas se encuentran (no son las únicas; esto es solo una indicación de lo que se puede y debe hacer en Cuba):

Disminución del precio del transporte público para personas en edad de jubilación.

Disminución del precio de entrada a espectáculos culturales y recreativos, teatros, museos, exposiciones, etc., para personas en edad de jubilación.

Disposición de un día semanal de entrada gratuita a museos y exposiciones, así como a determinados espectáculos, para niños y personas en edad de jubilación (de modo que los abuelos puedan llevar a sus nietos con ellos).

Nota: Escribo «en edad de jubilación», sin especificar, porque nuestros burócratas son capaces de exigir una constancia de que la persona está jubilada, aunque tenga noventa años.

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