Imagen: Naciones Unidas.
Si un grupo de mujeres, sean quienes sean y estén donde estén, cuenta historias de abuso sexual perpetrado por la misma persona con evidentes puntos de similitud, les creemos. Si un grupo de mujeres, haya pasado poco o mucho tiempo, reúne el valor suficiente para enfrentarse a la inevitable revictimización de quienes las juzgarán, les creemos. O al menos, les damos el beneficio de la duda, abrimos una investigación para confirmar sus historias y si procede, sancionar al agresor. Pero nunca, bajo ningún concepto, las atacamos, juzgamos o ridiculizamos. Nos las tomamos en serio, a ellas y a sus relatos, porque son la evidencia de un problema sistémico, cultural: la naturalización de la violencia de género.
Desde nuestra perspectiva, este no es el país caótico que algunos intentan contar, donde las mujeres estamos desprotegidas y a nadie le importa que nos maten o nos violen. Existe un esfuerzo consciente de académicos, activistas, investigadores e instituciones que durante años han visibilizado las múltiples manifestaciones de la violencia de género en Cuba y han exigido soluciones. Además, discursos diversos, también del presidente Miguel Díaz-Canel, han confirmado una vocación gubernamental de legislar sobre el conflicto y generar otras estrategias para enfrentarlo.
Los primeros pasos están ahí. Un recorrido a vuelo de pájaro por la cronología del año que termina puede dar fe: echó a andar un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres que reconoce el enfrentamiento y la prevención de la violencia como prioridad y desde fines de 2020, ha crecido el alcance en una Línea 103 y otras alternativas -muy pequeñas todavía- de acompañamiento a víctimas. Finalmente, la publicación en la Gaceta Oficial de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, con carácter vinculante, articula la respuesta nacional a través de ejes diversos.
En paralelo, puede enumerarse la transversalización de la perspectiva de género al nuevo Código de Procesos, al de las Familias que entra en consulta popular y también a la nueva Ley Penal, que aún está por llegar. Queda mucho por hacer, por supuesto. Urge perfeccionar aún más las leyes. Pero ignorar todos esos esfuerzos es ver una nación sin matices, en blanco y negro.
No obstante, sabemos -porque lo vivimos en carne propia- que esta es una sociedad profundamente machista; que los prejuicios y sexismos sobreviven en todas partes, también en las instituciones; que cuesta muchísimo trabajo entender que la violencia no es solo el golpe o la violación, sino que empieza en las formas más sutiles.
Es este un país donde muchísimos hombres aún consideran que gritarte en la calle está bien; donde adolescentes de ambos sexos aseguran que no hay nada de malo en controlar los celulares y la ropa de sus parejas; donde las figuras de poder pueden acosar, agredir; donde hay mujeres que mueren por el hecho de serlo. Y no queremos vivir en un país así. Por tanto, la lucha continúa. Desmontar mitos sigue siendo un desafío.
El conflicto
Durante las últimas semanas, varias mujeres relataron haber sido víctimas de acoso o abusos sexuales por parte del trovador cubano Fernando Bécker. Algunas de ellas lo denunciaron ante las autoridades policiales pertinentes y ya avanza un proceso investigativo que implica a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales correspondientes.
En paralelo, especialistas e integrantes del secretariado nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), del grupo asesor para la atención a la violencia de género de esta organización y del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) acompañaron a las denunciantes durante el complejo y agotador proceso legal, prestándoles asesoramiento psicológico y jurídico.
“La Federación de Mujeres Cubanas y su red de casas de orientación a la mujer y la familia condenan todo tipo de violencia y, ante estas manifestaciones delictivas, brinda a las víctimas apoyo, acompañamiento y orientación. La FMC no juzga ni sanciona: educa y trabaja por una sociedad más justa”, declaró la organización femenina en respuesta a los hechos.
La joven escritora Elaine Vilar Madruga, primera mujer que levantó una denuncia policial contra el músico, opinó que hay un deber legal de trascender la noticia; “un deber de llevar estos hechos a manos de la justicia para que se cumpla por todas las personas que durante más de 10 años, casi 20 por lo que estoy viendo en algunos de los testimonios, han sufrido desmanes de este hombre”.
“Confío extremadamente en la justicia, así me enseñaron y estoy segura de que aunque este sea un proceso penal largo, moroso, doloroso y triste, es un proceso penal necesario”, dijo durante una entrevista con la revista Alma Mater, en la que también reconoció el acompañamiento de diversas instituciones e insistió en los desafíos de capacitación para que operadores de la PNR y otros organismos estén mejor preparados a la hora de recibir víctimas de este tipo de casos.
Las historias levantadas no estuvieron exentas, tampoco, de una acalorada polémica en las redes. Con las muestras de apoyo a las víctimas y las exigencias de un proceso legal para investigar las denuncias, se mezclaron reclamos de quienes pusieron en duda la gravedad y veracidad de los hechos contados o cuestionaron hasta qué punto no era culpa de las propias mujeres por “provocarlo” o “permitirlo”.
Una vez más los prejuicios machistas fueron parte de la agenda y también, por supuesto, los reclamos oportunistas que, de un lado y de otro, priorizaron posibles lecturas políticas e ideológicas antes que la solución del conflicto. En realidad, ni las orientaciones políticas deben ser excusa ante acusaciones de violencia, ni las agresiones sexuales deben ser burdamente utilizadas como cartas en la baraja para desacreditar al país.
“Diversas son las personas que, desde instituciones y la sociedad civil, se han pronunciado en contra de sucesos como estos, lo cual demuestra que en nuestra sociedad crece la conciencia en contra de esos hechos. Mientras, los órganos correspondientes cumplen su función para esclarecer este y otros hechos, la Federación de Mujeres Cubanas mantiene sus puertas abiertas a todas aquellas personas que, siendo víctimas de la violencia de género, necesitan ser escuchadas y acompañadas en ese proceso”, agregó la FMC en su declaración.
Especialistas de todo el mundo sostienen que es difícil llegar a la ley con este tipo de violencias, en primer lugar porque suelen silenciarse, ocultarse, por parte de las propias víctimas, quienes justamente evitan verse en medio de una polémica pública, entre otros demonios.
A juicio de la socióloga Clotilde Proveyer, “la mujer es parte de ese proceso de legitimación patriarcal de la masculinidad hegemónica que la coloca en la condición de objeto sexual y, por consiguiente, cuando se produce este tipo de violencia se le culpabiliza, se asume que ella es la que provoca, que es la responsable”.
Para la especialista de la Universidad de La Habana, quien además coordina el equipo asesor del grupo nacional de la FMC, esa herencia cultural que responsabiliza a las mujeres de la violencia que reciben, es la que hace que se naturalice, se minimice y se normalice.
“Es la que impide que las víctimas busquen ayuda, denuncien, que se gestione a nivel social un proceso de apoyo, de acompañamiento y de no revictimización. Precisamente esa carga de los estereotipos que es tanto cultural como estructural, está en la base de todas las demás manifestaciones de la violencia de género y es lo que las hace posible”.
En ese camino, otras interrogantes calientan el debate: ¿Por qué clasifican como violencia de género estas historias? ¿Ante qué desafíos nos pone como sociedad? ¿Están las leyes cubanas diseñadas para castigar este tipo de conductas? ¿Cómo podemos acompañar a las víctimas sin revictimizarlas? En busca de algunas respuestas, nuestra columna conversó con expertas de diversos campos que integran el grupo asesor de la FMC para la atención a la violencia de género.
Visibilizar el desequilibrio de poder: el primer paso
Para la socióloga Iyamira Hernández, las diferencias de poder, incluidas las simbólicas -un asunto que tiene mucho que ver con las historias que nos motivan hoy- están en el origen mismo de la violencia de género.
“Existe un vínculo muy estrecho con la representatividad que tiene el dominio, el poder masculino y androcéntrico todavía en nuestra sociedad. El hombre, desde el discurso simbólico y patriarcal, se siente en todo el derecho y con todo el poder, de ejercer este tipo de conducta que, además, muchas veces no son sancionables desde los imaginarios colectivos. Por eso se considera violencia basada en género, porque se ejerce hacia la mujer, por su condición de mujer”.
Para Proveyer, en tanto, “si somos conscientes de que la violencia de género es patriarcal y viene de la dominación masculina, sexista, machista, entonces no caben dudas de que responde a un objetivo de mantener un orden de género inequitativo, en el que las mujeres ocupen una posición de subordinación para garantizar el dominio masculino”.
Según la experta, se trata de subordinación porque no estamos hablando de una violencia cualquiera, como la que se ejerce cuando alguien agrede para robar o en una riña tumultuaria.
“Su objetivo es de género, hay un desequilibrio de poder porque quien lo ejerce es generalmente un hombre en posición de superioridad respecto a una mujer en posición de vulnerabilidad. Por tanto, es un tipo de violencia que se ejerce por motivos de género, es una forma extrema de discriminación, en tanto garantiza la perdurabilidad de la dominación masculina”, detalla la también doctora en Ciencias Sociológicas.
Estas violencias, acota Hernández, atentan contra la integridad personal de las mujeres y están relacionadas con la representación social del cuerpo femenino, en todas las lecturas simbólicas y de construcción de significados como objeto de deseo y placer del hombre.
Las violencias de género generan malestares físicos y psicológicos, violan los derechos de esas mujeres o personas de otras identidades que por motivos de género están siendo violentadas, porque las deja en una situación de indefensión.
En el caso del acoso, el hostigamiento sexual o las violaciones, las especialistas entrevistadas para este espacio coinciden en que ponen a las mujeres en una situación en la cual se afecta su dignidad y su intimidad.
“Genera mucho miedo -detalla Proveyer- porque es un delito que casi siempre se produce en soledad y, como quien ejerce esa violencia suele estar en una posición de superioridad, las mujeres se sienten culpables, amenazadas”.
Los caminos de la ley
A juicio de Iyamira Hernández Pita y Clotilde Proveyer, Cuba se encuentra ahora mismo en un mejor momento para atender y sancionar este tipo de conductas. Aunque, advierte Hernández, “todo lo que tiene que ver con cambios en las subjetividades necesita de un proceso de deconstrucción y aprendizaje”.
“Creo que estamos en un punto de culminación de todo una serie de esfuerzos, llevados durante años, para garantizar que como país tengamos un trabajo más fortalecido y efectivo en esta materia”, apunta Proveyer.
Destaca, en particular, cómo la FMC ha potenciado la interlocución con los organismos del Estado, con otras organizaciones y con activistas de todo el país en un proceso de consultas y acciones que culminó con la aprobación de la Estrategia Integral.
“La nueva normativa tiene carácter vinculante, es de obligatorio cumplimiento para los organismos e instituciones involucrados en su implementación. Además, es integral porque abarca todas las áreas que tienen que ver con la prevención y la atención de la violencia, desde el ámbito nacional en los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y otras instituciones y organizaciones, hasta el local comunitario, donde están las víctimas que son, digamos, el foco, el objetivo central de nuestro trabajo”.
En ese camino, agrega, también es muy importante la labor que ha venido haciendo la FMC en el diálogo con legisladores, con el Tribunal Supremo, para garantizar que las nuevas leyes en el país incluyan la prevención y la atención a la violencia, y tengan una mirada de género.
Igualmente doctora en Ciencias Sociológicas, Hernández coincide, pero mira más allá. “Aunque no exista todavía una Ley Integral, ya contamos con la estrategia. Falta ahora implementarla y requiere de toda una capacitación, que las personas comprendan de qué va el asunto y se comprometan”.
Existe una pauta, un mandato mayor, que marca el camino de toda la legislación de ahora en adelante.
“En la Constitución de la República están bien claras las sanciones hacia todo tipo de violencia y discriminación por motivos de género, así como todo el trabajo en pos de la igualdad, la equidad y la justicia social. Todos estos aspectos nos permiten impedir la impunidad como país, aunque no esté todo dispuesto. Tenemos ya la voluntad y el carácter vinculante de la atención y prevención de esta problemática con el Estado, que es fundamental”, precisa Hernández.
“Para estos casos en Cuba no existe, ni existirá tolerancia. Los diversos instrumentos jurídicos vigentes en el país permiten enfrentar la violencia de género y otras conductas asociadas a esta”, respaldó la FMC en su declaración
¿Cómo funcionan los procesos legales para delitos sexuales en Cuba?
Desde el punto de vista jurídico, aclara la jurista especializada en derecho penal Arlin Pérez Duharte, las leyes marcan diferencias entre el acoso sexual, los abusos lascivos y otras conducta relacionadas. El abuso sexual es un termino empleado coloquialmente, pero no existe como figura jurídica en las normas penales. Allí suele hablarse de agresiones sexuales, violación, abusos lascivos, entre otros.
En tanto, explica la también profesora de la Universidad de La Habana, el acoso sí se incluye y puede ser sexual o no. Implica una actuación intencional, permanente, progresiva y, en este caso, bajo el componente sexo-erótico. Se produce cuando una persona manifiesta de manera sostenida un interés sexual que no llega a ser violento en el plano físico, pero sí deja señas de invasión al espacio de la libertad de una persona.
En las leyes cubanas, agrega Pérez, se establecen varias modalidades de delitos sexuales como el ultraje sexual, “que regula el requerimiento hacia otra persona de conductas sexuales y es un delito de menor envergadura”.
También se encuentran delitos más graves como la violación, la pederastia con violencia y el abuso lascivo. “Lógicamente, las escalas sancionadoras pueden llegar a ser extremadamente graves en dependencia de lo que se ha transgredido, de la manera en que se ha hecho y de las consecuencias que ha traído para las víctimas”.
No obstante, el Código Penal que se elabora para presentar al Parlamento en abril del próximo año tendrá un perfeccionamiento importante en los delitos sexuales, que incluso cambiarán su denominación.
“No como están actualmente que son delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales; sino ampliando la protección al entenderlos como delitos contra la integridad y libertad sexual. Desde ahí, hay una mirada mucho más clara al cumplimiento sobre la protección de los derechos plasmados en la Constitución y una mirada más intensa al castigo que deben tener estas conductas”, reflexiona la jurista.
Hernández, por su parte, advierte que este tipo de procesos puede demorar. “Siempre recuerdo el caso del médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos que abusaba de sus alumnas, y al cabo de los años una abrió la caja de Pandora. Se lograron reunir los testimonios de esas víctimas y ese hombre fue sancionado”.
Añade que fue un proceso complicado reunir todas las evidencias porque cuando en un hecho pasan más de cinco años, a veces pierden efectividad. “No quiere decir que no puede llegar a sanciones efectivas para impedir la impunidad del agresor, pero es necesario un trabajo muy cuidadoso y respetuoso hacia la víctima y en materia de instrucción penal”, explica.
Mapas de ayuda
¿Hacia dónde acudir? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Qué hacer para denunciar? Esas y otras interrogantes se han repetido durante las últimas semanas que han coincidido, también, con los debates teóricos y las actividades de los 16 días de activismo por la No violencia de género.
Para Arlin Pérez Duharte, acompañar a las víctimas “implica siempre una mirada de integralidad con los recursos que tiene la parte legal, pero también las instituciones comunitarias y la sociedad civil”, apunta.
En este acompañamiento deben integrarse los medios médicos y los medios legales. “Justamente una de las novedades de la Ley de Proceso Penal, aprobada en octubre de este año, es la posibilidad de que las víctimas de delitos sexuales o de cualquier violencia de género tengan representación letrada. Es decir, la posibilidad de convertirse en parte y por tanto, tener un abogado que las asista, las represente y haga valer sus derechos”, detalla Pérez.
Iyamira Hernández Pita, por su parte, enumeró como recursos ya disponibles la Línea 103, que brinda orientación, asesoría y derivación a las personas que llaman demandando atención para este tipo de maltratos; y la Fiscalía General de la República, con su línea de atención telefónica.
“Hay un acompañamiento reconocido como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia Integral, para cuando ocurre violencia de género. También están las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia (COMF) de la FMC, complementa Pérez.
Además, existen servicios de asesoría legal como los que brinda el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) o el Cenesex, que cuentan con equipos multidisciplinarios de consejería y atención a los abusos sexuales y a los casos de violencia en general.
Sin embargo, las miradas de las especialistas entrevistadas convergen en un punto: el desafío mayor está relacionado con la capacitación y la sensibilización; en paralelo con lo que todavía queda por andar en nuestra sociedad en materia de comunicación y de educación en derechos y alternativas legales.
“La FMC está preparada para asumir procesos de acompañamiento a las víctimas, lo está haciendo, pero eso no quiere decir que no se cometan errores. Nos falta capacitación. Por supuesto, hay un proceso de continuidad en la capacitación que será continúo hasta 2030 o hasta que sea necesario”, explica Hernández.
“Tenemos que capacitar a nuestros oficiales para recibir casos así, tenemos que lograr que las víctimas de abusos sean acompañadas por una mujer, así sea una mujer oficial, en las investigaciones, en las declaratorias. El hecho de que haya una mujer presente aporta un grado de confort diferente”, reconoce, por su parte, Elaine Vilar en su entrevista con Alma Mater.
Hernández sostiene que cuando se habla de que estamos ante un asunto que está instalado en la subjetividad de las personas, no se trata de algo menor. “Esas mismas personas que aún no visibilizan estas violencias están insertadas en las instituciones y en los sistemas encargados de prevenirlas y atenderlas, sobre todo en el caso de las denuncias”, explica.
Para ella resulta necesario, además, un proceso de instrucción consecuente con los hechos, en sintonía con la ley vigente y con la Constitución de la República, donde no se quede ningún tipo de pesquisa suelta. Hace falta reunir elementos suficientes para, ante un Tribunal, lograr enjuiciar e impedir la impunidad del agresor.
Por su parte, Pérez Duharte insiste en la importancia de la denuncia como forma de prevenir casos posteriores de violencia y llama a generar estrategias educativas y campañas de comunicación, “de modo que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan identificar en el comportamiento de las personas que normalmente les rodean actos que puedan implicar acoso o abuso”.
Para Clotilde Proveyer el desafío principal pasa por lograr una cultura de derechos en las víctimas, en las personas y en la población en general. Es importante que se conozca que es ilegítimo, que nadie tiene el derecho de violentarte por ningún motivo, y que las víctimas, en general, sepan que pueden denunciar; pero que al hacer la denuncia no reciban revictimización.
“Por tanto, tenemos que lograr que los protocolos que se están actualizando, reelaborando, vayan acompañados de capacitación y de apropiación, por parte de quienes tienen que administrar la justicia, de esa mirada de género y de ese compromiso que está contenido en la voluntad política del país. Ese es un desafío enorme que tenemos como nación, porque la cultura patriarcal sigue siendo muy fuerte”, insiste.
Al fin y al cabo, la prioridad deben ser todas esas mujeres violentadas que reunieron el valor para denunciar. La prioridad es no ridiculizarlas o culparlas, sino gestionar un proceso legal y ayudar a otras víctimas. Mientras, generar alianzas con quienes ya gestan el cambio, exigir una y otra vez todo lo que falta, buscar soluciones de conjunto y contar estas historias en nuestra prensa puede ser parte del camino. Así, serán muchas más las que se salven.
