El tercer trimestre inició en julio con las que posiblemente sean las imágenes más tristes de los últimos sesenta años en Cuba: pacientes durmiendo en los pasillos de hospitales, médicos y enfermeras al límite, crisis de medicamentos, colapso de los sistemas fúnebres por el aumento en el número de muertes…
La crisis sanitaria en Matanzas, agudizada desde finales de junio, sembró la alarma y movió sensibilidades entre los cubanos dentro y fuera de la Isla. En tan solo diez días, se reportaron 16 447 casos. El gobierno, que hasta entonces negaba la situación, debió tomar cartas en el asunto y movilizar personal médico y recursos hasta la provincia.
En Twitter, bajo las etiquetas #SOSMatanzas, #MatanzasNoEstásSola y #SOSCuba, la sociedad civil se articuló con el fin de reunir donaciones de insumos para los matanceros. Esta sería la puerta a futuras iniciativas semejantes en otros territorios del país. En medio de esta situación, que se extendía a otras provincias y ciudades, llegó el 11 de julio.
Los lugares donde se han registrado protestas según el sitio de investigación @inventario.
Las protestas de ese día fueron el colofón de una serie de conflictos políticos-económicos y sociales latentes en Cuba durante años y agravados por la pandemia. Desde más de sesenta puntos de la geografía nacional, los cubanos salieron a exigir tanto sus necesidades básicas como la libertad.
El gobierno, en todo momento, negó la espontaneidad del estallido social y trató de dar la impresión de protestas orquestadas desde Estados Unidos y ejecutadas por mercenarios y «revolucionarios confundidos». Pero la legitimidad de los sucesos y los reclamos del pueblo que salió a la calle ese día no pueden anularse ni con diez órdenes de combate.
Según datos de la organización Cubalex, luego de los sucesos se registraron 1332 arrestos. De este este total, 710 personas aún se encuentran detenidas, entre ellas catorce menores de edad.
La represión gubernamental durante esa jornada y las posteriores se cobijó bajo la consigna del presidente: «la calle es de los revolucionarios». La impunidad de los órganos represivos estuvo garantizada, en cierta medida, por los medios oficiales del estado que contaban su versión de los hechos en detrimento de las imágenes y testimonios de los manifestantes.
Con el objetivo de calmar los ánimos, el primer ministro Manuel Marrero anunció tres días después una serie de medidas para aliviar la situación. La más destacada fue la de suspender, «con carácter excepcional», el límite de entrada de alimentos, aseo y medicamentos como equipaje acompañado, a partir del 19 de julio y hasta el 31 de diciembre.
Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se atrasaron un año debido a la pandemia. En esta ocasión, con la delegación más pequeña desde 1964, Cuba quedó en el lugar catorce del tablero de posiciones. Los 69 atletas cubanos se alzaron con 15 preseas, de ellas 7 doradas. El luchador Mijaín López obtuvo su cuarto título olímpico, primer cubano en lograrlo en eventos consecutivos de la misma modalidad.
Mijaín López (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)
La carencia de oxígeno en Cuba se hizo evidente en agosto. En medio del pico pandémico, la rotura de una pieza sacó de circulación a la principal planta productora de oxígeno. Las denuncias de pacientes y familiares desbordaron las redes sociales mientras el gobierno —nuevamente— negaba la situación.
También desde el gobierno se negó el colapso de los cementerios. Ante el incremento de fallecidos, que en julio y agosto sumaron casi 4000, los camposantos rebasaron su capacidad. Entonces fueron autorizados enterramientos en fosas comunes durante algún tiempo, mientras se trabajaba en la expansión de ciertas necrópolis.
Como una especie de Ley Mordaza se aprobó el Decreto Ley 35 «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico». Aunque la normativa se había anunciado desde abril de 2021, el oportunismo de la fecha hizo pensar a más de uno en una especie de escarmiento social por el estallido social de julio, visibilizado principalmente desde las redes sociales.
Entre sus objetivos, la legislación está encaminada a que los servicios de telecomunicaciones: sean un instrumento para la defensa de la Revolución; logren satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil y eleven la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios de telecomunicaciones no atente contra la seguridad y la defensa nacional, el orden interior u ocasionen afectaciones o perjuicios a terceros.
Mientras por un lado se negaba y se satanizaba el derecho al disenso y la crítica, el decreto satisfacía una de las demandas sociales respecto al empleo de las TIC y las redes sociales: que no se puedan utilizar estos servicios «para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público».
El 22 de septiembre, desde la plataforma Archipiélago, fundada por el dramaturgo Yunior García Aguilera para articular diferentes sectores de la sociedad civil luego del 11 de julio, se lanzó la convocatoria para la Marcha Cívica por el Cambio el día 20 de noviembre.
Septiembre cerró con otro suceso que desmentía el supuesto estado de derecho en Cuba. El artista Hamlet Lavastida, arbitrariamente detenido desde junio bajo la acusación de «instigación a delinquir», fue expulsado del país junto a su pareja, la poeta y activista Katherine Bisquet.
