La relación entre ser y parecer, en política, es un dilema que puede devenir conflicto de alto costo. En Cuba invade todos los ámbitos porque el gobierno, desde hace años, opta por «parecer». Eso explica ciertas reacciones a mi texto anterior sobre el terrorismo de Estado en la Isla y me impulsa a socializar una experiencia reciente.
Es que, como expresé luego del 11-J, los cubanos tenemos que hablar más claro, denunciar y demostrar lo que ocurre. Desde esa fecha, la represión ha aumentado hasta llegar a convertirse en una política de terror.
A pesar de los cientos de detenidos, maltratados y encarcelados a raíz del estallido social, pronto surgió una nueva iniciativa cívica —Archipiélago— y un intento de marcha pacífica para noviembre. Era un desafío para el Partido/Gobierno/Estado, para el pueblo y los jóvenes promotores.
Estos enfrentamientos también han confirmado que la clase política impulsó la Constitución de 2019 para blindarse a sí misma, no para establecer un marco capaz de proteger derechos ciudadanos. De ahí la escalada de violencia en total impunidad.
-I-
La imposibilidad de funcionar normalmente dentro del país, obligó a Archipiélago a constituir en octubre una Comisión de Apoyo a los Manifestantes 15N (aunque finalmente debió cambiarse para el día 20), que fue a la vez su representación en el exterior. Su primer objetivo fue sensibilizar a la comunidad internacional con lo que ocurría en Cuba, para que esta conminara al gobierno a cesar la represión y evitar que se reprodujera en mayor grado lo ocurrido en julio.
La misma funcionó hasta el 20 de noviembre y estuvo integrada por profesionales cubanos residentes y/o de tránsito en varios países, además de una red de apoyo de igual origen. Realizó un monitoreo de la represión en la Isla contrastando fuentes y en base a denuncias de los ciudadanos con evidencias, rastreo en las redes sociales y medios independientes.
Entre el 24 de octubre y el cierre se elaboraron seis informes, que fueron enviados a medios cubanos independientes e internacionales, fuerzas políticas en diversas naciones, organizaciones de la sociedad civil internacional y organismos multilaterales.
Cada denuncia incluía evidencias de violaciones a los derechos fundamentales contra personas de todas las edades, especialmente jóvenes. Y solo era parte de lo que ocurría; muchos temían denunciar y otros lo hacían pidiendo discreción.
-II-
Los informes incluyeron valoración del contexto e implicaciones nacionales e internacionales. En el primero, del 25 de octubre al 6 de noviembre, se registraron dieciséis prácticas represivas y disímiles violaciones en las denuncias, provenientes de casi todas las provincias del país.
Ellas fueron:
- Despidos laborales.
- Amedrentamiento de personas para que no se sumaran a Archipiélago o la marcha.
- Exigencia de firmas bajo compromisos de no involucramiento en la marcha, so pena de represión.
- Amenazas con: despido laboral, publicar detalles de la vida íntima de las personas, encauzarlas por delitos comunes, la muerte (velada o abierta) si participaba en la marcha, largas condenas de prisión, a familiares y vigilancia laboral e investigación.
- Persecución por posicionamientos críticos o por dar un «me gusta» en las redes.
- Vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas.
- Imposición de reclusión domiciliaria sin causa formada.
- Detenciones arbitrarias.
- Vigilancia e investigación sobre familias y amistades de personas involucradas en la marcha pacífica, o que se sospechaba lo estaban.
- Mítines de repudio.
- Compulsión en los interrogatorios para servir de informantes a la Seguridad del Estado.
- Interrupción de los servicios de internet.
- Secuestros, a veces con encapuchamiento y combinados con detenciones arbitrarias y conducción a locales no policiales.
- Campañas de difamación y criminalización de líderes de la marcha pacífica a través de los medios oficiales.
- Acoso a las familias de quienes se vincularon con la organización de la marcha pacífica o se conocía que pensaban participar.
- Imposición de multas reiteradas e injustificadas como forma de hostigamiento.
Dichos métodos se implementaron contra ciudadanos firmantes de cartas de apoyo a la marcha, figuras principales de Archipiélago, e incluso contra disidentes y miembros de la oposición tradicional no vinculados con los promotores de la iniciativa cívica. También hacia jóvenes universitarios, periodistas independientes, figuras eclesiásticas, miembros de organizaciones de la sociedad civil independiente, etc.
Como se expresó entonces, tales prácticas «tienen consecuencias nocivas para la condición humana. Implican daño físico y moral, psíquico, (…) para el proyecto de vida personal y familiar». Hubo jóvenes expulsados de sus hogares, familias impedidas de continuar viviendo juntas y padres acosados que decidieron dejar protegidos a sus hijos con otros para huir de la represión.
Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, actuaciones como las descritas constituyen violaciones de los derechos humanos y califican en no pocos casos como formas de tortura y/o creación de condiciones favorables a ella. También vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual, como de la anterior, Cuba es firmante.
A cargo de esas actuaciones estuvieron el Ministerio del Interior (MININT) —Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Órganos de la Seguridad del Estado (OSE)— y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en particular con jóvenes del Servicio Militar Obligatorio (SMO); así como las direcciones de Contrainteligencia de ambos organismos.
Fueron sumados igualmente a la estrategia represiva grupos paraestatales, integrados por miembros de organizaciones políticas, sociales y de masas al servicio del poder: Partido Comunista (PCC), Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entre otras.
La Comisión denunció que el gobierno preparaba respuestas violentas desde instituciones estatales. Un documento oficial del día 26 constató la preparación de dirigentes y trabajadores de una empresa de comercio en Holguín para ello.
Su área de «Seguridad y protección», bajo la dirección del Consejo de Defensa municipal, se encargó de diseñar el «Plan de contingencias». Este contempló —en lenguaje típico de la Seguridad del Estado— planes de aviso, descripción de la entidad, colindancias, grupos con misiones específicas y otros aspectos. El más numeroso era el de la Brigada de Respuesta Rápida (BRR), que hace años protege la imagen de las fuerzas represivas al aparentar que se trata de «acciones espontáneas» del pueblo contrapuestas a los «desestabilizadores» y «contrarrevolucionarios».
En el mismo documento, se indica emplear para el enfrentamiento «medios rústicos de madera, tubos u otros materiales preparados y ubicados convenientemente al alcance del personal». Se orienta procurar «cooperación» —mediante compromisos en actas oficiales— de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) más cercanos y también del MININT.
En la evaluación psicológica correspondiente al contexto, el informe fundamentó que el «incremento de la represión masiva y el silencio consecuente, tiene efectos físicos y también psicológicos en una población que desde hace tiempo padece daños psicosociales por diversas causas. El clímax de todo ese proceso es muy preocupante porque facilita, entre otros comportamientos, actos extremos como el suicidio y la hetero-agresividad en las personas».
Todo eso y mucho más ocurrió en apenas una semana. En virtud de «la indefensión que padecen los ciudadanos en Cuba, debido al sistema de gobierno centralizado, sin separación de poderes ni aceptación de instancias independientes que puedan servir de contrapesos (…) y protección ciudadana», solo quedaba recabar apoyo de la comunidad internacional.
Lo terrible es que esta respuesta desmesurada se haya desplegado por el anuncio de una marcha pacífica. Como se demostró entonces, al gobierno cubano no le interesa ser, sino parecer. En el ser, sus métodos y prácticas llegan a extremos de crueldad con efectos duraderos, sin que necesite para ello derramamiento de sangre a la luz pública.
El gobierno cree que con el terror desatado, las exorbitantes condenas a manifestantes pacíficos, y las alternativas migratoria y carcelaria está cerrando un ciclo. Se equivoca, con la represión crece la indignación de la ciudadanía.
Hablar más claro hoy implica responsabilidad con la denuncia y colocarse al lado de las víctimas. Lo revolucionario hoy no está en el gobierno y sus bases, sino en la sociedad civil y especialmente en los jóvenes que luchan por un mejor país. El gobierno es anacrónico e irreformable. Tiene un serio dilema entre el ser y el parecer, y el costo político de esta dicotomía continúa incrementándose. Sigue intentando parecer, pero cada vez se conoce más lo que es, aun cuando a algunos le resulten todavía demasiado fuertes las palabras dictadura, totalitarismo, autoritarismo y terrorismo de Estado.
