LA HABANA, Cuba. – El juicio celebrado contra el líder del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Carlos Manuel Pupo Rodríguez, a quien la Fiscalía pide 10 años de cárcel por participar en las históricas protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, quedó concluso para sentencia luego de tres días de audiencias en los que también fueron procesadas otras 16 personas.
“Fue un juicio preparado, aquello fue una farsa, una falacia; y lo menos que hubo allí fue justicia. Llevaron supuestos testigos que lo único que hicieron fue mentir, pero eso ya lo sabíamos de antemano porque la Seguridad del Estado había cogido a personas que estuvieron en la manifestación y las habían presionado para que fueran al juicio y mintieran”, denunció José Elías González Agüero, actualmente a cargo del PUNCLI.
Según dijo, el juicio fue celebrado en el Tribunal Municipal de Guanajay y solo fue permitida la participación de un familiar de cada uno de los 17 detenidos enjuiciados entre el lunes y el miércoles de la pasada semana.
“Los familiares fueron llegando [al juicio] por rumores porque [las autoridades] no les avisaron a nadie. Fue una vista de tres días donde había 17 participantes de San Antonio”, detalló González Agüero.
El hombre también recordó ante las cámaras de CubaNet que uno de los testigos, que habría declarado en la vista oral tras ser “chantajeado” por la Seguridad del Estado, fue incluso desmentido por oficiales del Ministerio del Interior (MININT) que intentaban salvar su reputación.
“El jefe de la Policía de San Antonio de los Baños, un teniente coronel, y el jefe de la Brigada Especial se pararon, porque uno de los testigos inventó que Carlos Manuel, Pupo, Yoel, Yoanny, Yosef y Adrián habían roto el cordón policial y habían atacado a la Policía”, apuntó.
Asimismo, destacó que otro de los testigos del juicio señaló a Carlos Manuel Pupo y a otros tres opositores como los líderes de la manifestación de San Antonio de los Baños y los acusó de pretender asaltar la estación de policías del lugar.
El entrevistado también refirió que la Fiscalía utilizó como prueba incriminatoria un video tomado de las redes sociales, que fue subtitulado, ya que no se entendía lo que decían las personas. Los subtítulos hacían referencia a supuestos improperios lanzados contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
“Un abogado inmediatamente se paró y dijo que eso no tenía validez porque se estaban poniendo palabras que ni se entendían. Ahí se ve la manipulación que querían hacer para encauzarlos”, insistió.
A Pupo Rodríguez el régimen le acusa por los supuestos delitos de atentado, desacato y desorden público, y le pide 10 años de cárcel. Sin embargo, según explicó González Agüero, tras finalizar el juicio la propia Fiscalía solicitó a los jueces tener en cuenta la edad del acusado ―69 años― antes de imponerle la sanción.
Por su parte, Yanet Bulnes González, esposa de González Agüero, calificó de “magnífica” la defensa realizada por los abogados a favor de los 17 detenidos. “No puedo decir otra cosa. La defensa alega que el delito de atentado no debe proceder porque las pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran que se haya incurrido en él”, aseguró Bulnes.
Asimismo, indicó que, según el abogado de su esposo, el delito de desorden público tampoco debe proceder porque no lo hubo. “Lo que sí hubo fue una manifestación ilícita espontánea (…) pero por eso [la sanción] es de uno a tres meses o una multa”, precisó.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez está recluido en la prisión Cinco y Medio de la provincia Pinar del Río. Es uno de los principales gestores del “Proyecto Emilia”, una iniciativa liderada por el doctor Óscar Elías Biscet, exprisionero político del Grupo de los 75 y Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción entregada por el Gobierno de Estados Unidos.
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