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¿Terrorismo de Estado en Cuba?

El término «terrorismo de Estado» pareciera inaplicable o exagerado para el caso cubano, sobre todo para quienes apoyan acríticamente al gobierno, ignoran lo que ocurre en el país, o se basan en la «proporcionalidad» comparando nuestra realidad con otras experiencias. Sin embargo, conviene examinar el tema con rigor y tomar nota de un contexto que puede afectar mucho más a la ciudadanía.

Todavía respiramos el aire del Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuba parecía tranquila y la víspera únicamente Juventud Rebelde publicó una noticia. El viernes, el tema se trató con la habitual referencia a los éxitos del gobierno a pesar del bloqueo. La mayoría de las personas en la Isla y quienes en el mundo acceden a Cubavisión Internacional quizás solo vieron eso.

No obstante, fue una reedición del contraste entre la Cuba real y la virtual. La dirigencia cubana parece confiar en que si no habla de algo, ese algo no existe, o, en que si lo presenta con falsedades a la ciudadanía, toda ella, o al menos la mayoría, le creerá.

La aparente tranquilidad resulta de la ola represiva del gobierno desde julio, cuando ocurrieron las protestas sociales. Así se logró también impedir la proyectada manifestación del 15-N. No es simple represión del disenso, es un verdadero estado de terror que permanece.

Terrorismo de Estado (2)

La aparente tranquilidad resulta de la ola represiva del gobierno desde julio, cuando ocurrieron las protestas sociales. (Foto: AFP)

-I-

El terrorismo de Estado no ha sido definido por ningún instrumento internacional. No obstante, de acuerdo con el jurista y profesor Raúl Carnevali Rodríguez, expresa un «contexto especial» donde «el uso de la violencia en contra de su población la realiza el propio Estado, ya sea a través de organismos propios o de grupos paraestatales, es decir, los que —sin formar parte del aparato institucional— cooperan en este propósito».

Desconocer cómo se gesta e instala en tanto práctica política —pues ante los ojos de la ciudadanía no se muestra en toda su crudeza— es algo que debe evitarse.

Un excelente análisis sobre el fenómeno lo ofrece la historiadora chilena Ximena Vanessa Goecke en un texto del 2014, basado en la experiencia de dictaduras que existieron en el Cono Sur de América Latina.

En la génesis, «la defensa de la nación» necesitaba hacerse a partir de una lógica de guerra. Detrás de ella estaba en definitiva la confrontación entre las tendencias proclives al cambio y las orientadas supuestamente «a promover el orden y la paz social», que realmente significaba el continuismo de la razón despótica.

En consecuencia, el conflicto se asumía como «una lucha por la sobrevivencia, lo que suponía necesariamente la búsqueda del exterminio del opositor, como única forma válida de asegurar la supresión de toda amenaza». Esa lógica, en un Estado militarizado y dogmático, justificaba la aplicación de violencia política dirigida desde el aparato estatal contra la población civil «reduciendo el número de bajas posibles».

De tales experiencias se derivan algunas «regularidades del terrorismo de Estado»: 

1. El miedo como un «recurso ordenador»[1] válido. La violencia estatal, organizada y sistemática, se despliega con acciones preventivas y otras represivas focalizadas.

2. La prácticas represivas y disciplinadoras se ejecutan por aparatos estatales (policiales, militares, judiciales y administrativos), y paraestatales, con respaldo o encubrimiento estatal. Sus ejecutores actúan muchas veces en plena ilegalidad, sin seguir protocolos de detención ni reconocer los hechos, a veces sin identidad, clandestinamente y siempre con garantizada impunidad.

3. Los detenidos eran llevados a prisiones clandestinas y tratados con toda suerte de vejámenes, agresiones físicas y psíquicas, ya fuera durante horas, días, semanas, meses o años.

4. Dado el control estatal de las fuentes de información, tales prácticas luego se acompañan de «un juego continuo de negación de la verdad, de ocultamiento». Al mismo tiempo, difusión de hechos para generar rumores que infundan miedo en las personas y así conseguir «la paralización de toda movilización ajena a los intereses del Estado».

El saldo de tal política[2] es «una población de víctimas a la que se ha despojado (cuando no de la vida) de la libertad, de la integridad corporal, de la identidad, del honor, de la seguridad, de los vínculos familiares, de la camaradería y del proyecto vital».



-II-

En diciembre del 2020 Cuba festejó el Día de los Derechos Humanos, y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) expresaban preocupaciones y críticas al gobierno por lo que ocurría en esa materia en la Isla.

En la actualidad el gobierno sigue ufanándose de sus «conquistas», mientras, las voces críticas se han multiplicado dentro y fuera de Cuba. Recientemente, más de cuarenta organizaciones internacionales de distintas ideologías y perfiles, además de organismos internacionales, manifestaron preocupación y condenaron las violaciones en tal sentido. 

La Comisión Justicia 11-J —iniciativa cívica ante la falta de información y transparencia de las autoridades— ha realizado un trabajo significativo desde el estallido. Una labor minuciosa de investigación pública, identificación de menores de edad, adultos mayores, detalles de las detenciones, maltratos físicos y psicológicos recibidos durante las detenciones y encarcelamientos; todo eso gracias a la ayuda de la ciudadanía y los familiares de las víctimas. Cuba, como ha demostrado el Grupo de Trabajo, se ha convertido en el país de la región con más presos políticos.

Por su parte, el Informe Mundial 2021, treinta y una edición de la revisión anual de Human Rights Watch acerca de las prácticas y tendencias de derechos humanos durante el año anterior en más de cien países, contiene un registro altamente negativo sobre Cuba. Se ratifica también lo manifestado en un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ): la Isla tiene el «clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América».

Las personas que quieran acercarse al país real, deben procurar los medios independientes y las redes sociales. Comprobarían que este 10 de diciembre correspondía denunciar y reclamar al gobierno por las violaciones cometidas. Incluso las del mismo día, cuando activistas y periodistas independientes fueron impedidos de salir de sus casas, hubo detenciones arbitrarias, cortes de internet selectivos y otras acciones represivas.

Varias iniciativas cívicas se difundieron en esa fecha por organizaciones y plataformas, en forma de comunicados, reclamos por los presos políticos, el boicot a la Bienal de La Habana y otras.

EL TOQUE dedicó un programa al tema, que fue moderado por el abogado Eloy Viera Cañive. Intervinieron periodistas independientes, se informó acerca de investigaciones sobre violencia de género y otras arbitrariedades atinentes a los derechos humanos.

Bajo el título «Hablan las familias de los Presos Políticos en Cuba»,  se realizó un evento en línea que contó con los testimonios de diecisiete familias que han decidido denunciar a pesar de las amenazas oficiales. Fue organizado con el apoyo de CubaSpaces y varios canales de Youtube.



También hubo exposiciones del Movimiento San Isidro, que tiene a varios jóvenes presos, la Comisión Justicia 11J, abogados sobre diversos temas relacionados y promotores de proyectos internacionales para apoyar a presos y activistas con sus familias. Particularmente conmovedores e indignantes resultaron los testimonios sobre los menores de edad. El gobierno los mantiene presos violando los estándares de la Convención internacional de los derechos del niño, de la cual Cuba es signataria.

Los nombres no lo dicen todo, pero permiten identificar procesos y extraer lecciones. El Terrorismo de Estado aplica al caso cubano, aunque se hagan las adecuaciones al contexto, como las tuvo el modelo estalinista copiado hace décadas. Pueden ser diferentes las magnitudes y algunos rasgos, pero el fenómeno es evidente. Conviene identificarlo y tomar las debidas precauciones antes de que sea tarde.

Estos procesos represivos, organizados con toda intencionalidad desde el Estado, pueden agudizarse ante otras protestas sociales, que —visto el deterioro de la situación económica y la poca eficacia de las medidas gubernamentales— no se pueden descartar como posibles.  

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

***

[1] El concepto lo formuló hace años el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas en “Tras la violencia y el miedo, la democracia: notas sobre el terror político en América Latina”, Sistema, n° 132/133, 1996, tal como menciona en su artículo Ximena Vanessa Goecke. 

[2] La profesora Ximena Vanessa suscribe la valoración de E. Lira y E. Weinstein en: Psicoterapia y Represión Política, Siglo XXI, México, 1984, pág. 5.

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