Con la participación de profesionales del Derecho de la provincia de Sancti Spíritus sesionó en Trinidad un taller para promover el intercambio y la preparación con vistas a la reforma procesal y judicial que se implementará en Cuba a partir del próximo año
Profesionales del Dereceho en Trinidad reflexionan en torno a las novedades de la reforma procesal y judicial en las áreas de lo civil, administrativo y penal. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)
De cara a la entrada en vigor el primero de enero de 2022 de las cuatro normativas que sustentan la reforma procesal y judicial aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Trinidad acogió el Primer Taller “Innovación, emprendimiento y comunicación para el desarrollo”, organizado por la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos de Sancti Spíritus.
En tres paneles sesionó el intercambio que, de manera muy atinada, llamó la atención sobre la urgencia de profundizar en la preparación y capacitación de los profesionales del Derecho en relación con la novedosa reforma contenida en la Ley de Tribunales de Justicia, la de Proceso Penal, una de Proceso Administrativo y el Código de Procesos, las cuales –acotó Rita Alina Santos, directora provincial de Bufetes Colectivos- refuerzan los mecanismos para hacer valer los derechos de la ciudadanía.
Las sesiones se iniciaron con la presentación de la conferencia Impacto de la reforma procesal en la actividad judicial, a cargo de la licenciada Luisa Elena Box Naranjo, vice presidenta del Tribunal Popular Provincial de Sancti Spíritus, quien resaltó los avances de la nueva legislación al definirla como un “código flexible, garantía para un fallo justo, expresión de la justicia popular, pero que exige actuar con prontitud y lealtad procesal”.
El primer panel agrupó las aproximaciones de los abogados pertenecientes al Bufete Colectivo de Trinidad en las áreas de lo civil, administrativo y penal. Entre los elementos novedosos de la transformación penal, el licenciado Pavel Pettersen Padrón, director de esta organización en el territorio, destacó la posibilidad del acusado de contar con un abogado desde el inicio de un caso.
Pettersen Padrón reconoció también como nuevas garantías la protección no solo a las personas acusadas, si no a todas aquellas involucradas en un proceso penal, el importante papel otorgado a las víctimas, y el amparo a los individuos con algún grado de vulnerabilidad.
Por su parte, la Msc Deborah Chávez Turiño significó la importancia de la Ley de Proceso Administrativo, la cual “responde a un viejo anhelo de los ciudadanos que tendrán mayores posibilidades de defenderse ante violaciones de sus derechos por parte de las entidades de la administración pública”, acota la experimentada jurista.
El taller abordó otras aristas del desempeño de estos profesionales en función de facilitar la inserción coherente de los nuevos actores económicos, entre ellos las cooperativas no estatales y las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, (MIPYMES), desde el acompañamiento y la asesoría legal; así como la gestión comunicacional en las plataformas digitales de las nuevas legislaciones que, en el ámbito familiar, mercantil, laboral y penal, defienden la institucionalidad y los derechos humanos en Cuba.
